PISA muestra resultados, pero revela capacidades

México participó por primera vez en PISA hace un cuarto de siglo. Desde entonces, la evaluación se ha convertido en una referencia indispensable para conocer los aprendizajes de las y los estudiantes. Una de sus grandes aportaciones fue construir, mediante aplicaciones periódicas, una mirada comparable sobre la evolución de los aprendizajes y hacerlo a partir de competencias que permiten apreciar qué tan preparados están los jóvenes para enfrentar los retos de la vida adulta. Su valor está en permitirnos mirar qué ha ocurrido con los aprendizajes a lo largo del tiempo.

Lo que PISA muestra es motivo de preocupación. Cuando los resultados de este año indican que cinco de cada 10 jóvenes no alcanzaron el nivel básico en lectura y que, en matemáticas, fueron siete de cada 10, no podemos pasar por alto que estos resultados corresponden a jóvenes que ya concluyeron la educación básica. Después de haber pasado nueve años en la escuela, no lograron desarrollar las competencias indispensables para seguir aprendiendo, continuar su trayectoria educativa y construir su proyecto de vida.

Desde este punto de vista, los resultados de PISA bien pueden leerse desde una perspectiva de derechos.

Para que el derecho a la educación se cumpla, las escuelas, docentes, libros de texto, becas y otros insumos son necesarios. Sin embargo, el núcleo de ese derecho lo constituye el derecho a aprender. Este se cumple solo cuando todas y todos tienen oportunidades efectivas de alcanzar los aprendizajes que la educación está obligada a garantizar. Para empezar, son los aprendizajes fundamentales de lectura y matemáticas.

Los recientes resultados de PISA muestran que durante 25 años el sistema educativo no ha garantizado a una gran proporción de estudiantes los aprendizajes que la educación debe asegurar. Esta es una evidencia innegable del desempeño del propio sistema educativo del país a lo largo de este siglo. Los resultados nos dicen dónde estamos. La responsabilidad del sistema educativo es dar respuesta a la pregunta de qué hacemos con esa información.

¿El sistema va a seguir así? ¿Llegaremos a PISA 2029 para obtener resultados similares? De no tomar las medidas pertinentes, no hay nada que nos permita pensar que las cosas podrían ser diferentes.

El sistema requiere mejorar su desempeño. Para ello, necesita identificar sus problemas, generar y utilizar evidencia, tomar decisiones, convertirlas en acciones, coordinar a los distintos actores, dar seguimiento a lo que ocurre y corregir el rumbo cuando los resultados no son los esperados.

En otras palabras, el sistema también necesita aprender.

Necesita que el conocimiento generado por la experiencia y por la evidencia sea la base sobre la cual tome las decisiones de política educativa en los distintos niveles de gestión del sistema. Necesita capacidad para convertir objetivos y decisiones de política en acciones coordinadas y sostenidas, movilizando recursos y actores; para aprender de sus resultados y adaptar sus prácticas con el fin de enfrentar eficazmente los desafíos educativos. Necesita orientar estratégicamente las políticas, implementarlas con eficacia, sostener procesos en el tiempo y adaptarse frente a disrupciones y cambios del entorno, como lo señala la CEPAL en su reciente texto sobre capacidades institucionales.

¿Tiene el sistema educativo mexicano la capacidad para hacer que las decisiones de política educativa se conviertan en acciones consistentes en las escuelas y, finalmente, en mejores aprendizajes? Primero habría que entender qué está ocurriendo y con qué capacidades cuenta y cuáles habría que construir para después decidir qué intervención tiene sentido.

Este es quizá el desafío que los 25 años de PISA plantea con mayor claridad. No basta con preguntarnos si conocemos nuestros problemas educativos. Tenemos que preguntarnos si hemos construido la capacidad para resolverlos.

La capacidad institucional no reside en una sola persona ni en una sola institución. No depende exclusivamente de los docentes, de las escuelas, de las autoridades educativas o de los investigadores. Surge de la manera en que los distintos componentes del sistema pueden actuar de forma coordinada, sostenida y orientada hacia objetivos compartidos.

Una reforma puede estar bien diseñada y fracasar durante su implementación. Puede contar con recursos y carecer de mecanismos adecuados de seguimiento. Puede generar información y no utilizarla para corregir decisiones. Puede comenzar con buenas intenciones y perder continuidad antes de producir efectos sostenidos.

La capacidad de un sistema se pone a prueba precisamente ahí: en su posibilidad de convertir conocimiento en acción y experiencia en aprendizaje.

Esa debería ser una de las grandes conversaciones que abra PISA después de 25 años, más que limitarse a desestimar sus resultados, esta y otras evaluaciones constituyen una fuente valiosa de información sobre el sistema educativo qué sabe, cómo decide, cómo implementa, cómo aprende y cómo cambia.

Si los resultados acumulados muestran que los problemas persisten, necesitamos cambios profundos. No solamente nuevos libros, programas de estudio o ajustes al marco normativo, sino cambios en la manera en que funciona el sistema educativo en su conjunto. Necesitamos fortalecer su capacidad para diagnosticar, actuar, coordinar, aprender y corregir.

PISA nos muestra aquello que las y los jóvenes pueden hacer con los aprendizajes que desarrollaron a lo largo de su educación básica. Detrás de estos resultados hay otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué ha aprendido el sistema educativo para traducir objetivos y metas ambiciosas en resultados de aprendizaje efectivos? O, en otro plano, ¿cómo lograr que esos resultados contribuyan en la solución de problemas sociales impostergables como la pobreza, la desigualdad o el deterioro del tejido social?

El sistema educativo ¿está atendiendo la construcción de capacidades institucionales con una visión prospectiva de largo plazo? Y, en última instancia, ¿puede el sistema educativo contar con las capacidades institucionales indispensables para garantizar el derecho a aprender de las actuales generaciones que cursan la educación básica y de aquellas que lo harán en el futuro?

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La autora es Maura Rubio Almonacid, directora de Investigación de Mexicanos Primero.