Digámoslo con toda claridad: el principio de equidad para el proceso electoral federal próximo a iniciar ya está comprometido. La disyuntiva parece ser quebrantar la ley o perder
El INE ha mostrado con creces que sabe organizar elecciones y que lo hace de manera muy eficaz. Pero sus facultades incluyen vigilar la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales, y aquí no han sido tan exitosos. En elecciones pasadas hemos visto de todo: actos adelantados de campaña, intervención de los gobernadores, uso de programas sociales y de recursos públicos, financiamiento ilegal y simulación con los topes de gastos de campaña, dobles contabilidades...
Nada como lo de hoy. A un año de distancia de las elecciones del 24 comenzó el violadero de la ley. López obrador lo llamaría el fraude. Y el INE está siendo francamente permisivo.
Morena y aliados han marcado la pauta. La simulación no alcanza para tapar las evidencias de que los seis precandidatos de Morena y aliados están en precampaña. Cierto que fueron cuidadosos en el lenguaje del “Acuerdo del Consejo Nacional de Morena para profundizar y dar continuidad a la 4T”. Nunca se menciona que los inscritos son precandidatos a la Presidencia, pero la evidencia está ahí. El Presidente los destapó como tales, se está utilizando la estructura y el dinero (no sabemos cuánto) del partido, los gobernadores les facilitan sus plazas, los aspirantes están haciendo propuestas entre la población y no entre los militantes. Qué otra cosa distinta a buscar la candidatura presidencial es que Sheinbaum, informe: “...he tomado la decisión de separarme del cargo... con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación”. O sea, dice que será la primera mujer Presidenta, que está en campaña para serlo, que se está adelantando por más de cinco meses al arranque de las precampañas. Ya debería haber sido sancionada ella y su partido por violar el calendario fijado en la ley.
Lo mismo va para Ebrard. Apenas hace un par de días señaló que de ganar la candidatura presidencial crearía la Secretaría de la Cuarta Transformación y que al frente nombraría a Andrés Manuel López Beltrán. ¡Qué falta de pudor! Si está repartiendo puestos es porque busca la Presidencia. Y, ¿los espectaculares, bardas, anuncios en camiones y parabuses? ¿Se necesita un proceso de alcance nacional dirigido al pueblo de México para elegir al guardián de la 4T?
La culpa no es sólo de Morena, también lo es de la ley, una ley que exigió Morena para evitar el fraude y ahora la usa para perpetrarlo. A juzgar por esa ley, los partidos deberían estar muertos de miedo por la posibilidad de perder su registro y los candidatos de quedar inhabilitados.
Ninguna de estas cosas va a suceder. Lo que ven los ciudadanos o el pueblo es la recepción de programas sociales que les da López Obrador y que prometen seguir dando los precandidatos si votan por ella o ellos. Siempre con el sello de la 4T. Lo que vemos los estudiosos electorales no parecen estarlo viendo los consejeros del INE. Una abierta y permanente violación a las reglas básicas y una indolencia o incapacidad real -o las dos- de sancionar a partidos que muestran una voluntad irrefrenable para hacer trampa. Comenzando por el mismo Presidente.
Me pregunto si existe un mundo posible en que el INE o el TEPJF se atrevan a quitarle el registro a un partido, (sea Morena, el PAN o el PRI) o a descalificar como precandidatos a las corcholatas. No lo hay.
Nos iremos de medida cautelar en medida cautelar o con comunicados del INE diciendo que se determina la improcedencia de una queja “por tratarse de actos consumados”. O, con las llamadas tutelas preventivas para evitar futuros actos de campaña anticipada que son llamados a misa. Por ejemplo, recientemente el INE advirtió a Morena que sus aspirantes “en ningún momento deberán presentar plataforma de un partido político o coalición”. ¿Cómo cumplir esta medida si de lo que se trata es de decir cómo profundizar y dar continuidad a la 4T?
En pocos días la Oposición va a enfrentar un problema de difícil solución porque la política y la ley se están contraponiendo de manera irresoluble. La Oposición está exigiendo piso parejo y más temprano que tarde se va embarcar en su propio proceso de selección de candidato. No hay certeza de cómo lo hará pero, dada la legislación vigente, casi cualquier método que adopte será también violatorio de las leyes.
La disyuntiva, dada la sucesión adelantada que inventó, promovió y consumó el Presidente, será o piso parejo o delitos parejos. O desobedezco el mandato constitucional o pierdo la elección.
Me temo que para cuando concluyan las campañas y llegue el 2 de junio de 2024 estarán dadas las condiciones para invalidar el proceso electoral.
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