El recientemente anunciado “Plan México: Acciones Inmediatas para la Inversión” llega en un contexto decisivo. El mundo atraviesa tensiones geopolíticas, relocalización de cadenas productivas y una competencia feroz entre países por atraer capital. En medio de ese tablero, México tiene una oportunidad histórica frente al nearshoring. La pregunta ya la hemos hecho en este espacio: ¿estamos realmente preparados para aprovecharla?
Porque atraer inversión no depende únicamente de tener buena ubicación geográfica o mano de obra competitiva. La inversión busca certeza. Seguridad. Reglas claras. Instituciones confiables.
Desde Coparmex, y particularmente desde la visión de Juan José Sierra Álvarez, se ha insistido en una idea fundamental: México necesita una verdadera sacudida de competitividad para convertir esta oportunidad en desarrollo tangible (históricamente se han hecho anuncios de inversiones y programas de desarrollo económico que no se materializan y por lo tanto no es desarrollo tangible.
El Plan propone avances importantes.
Quizá el más relevante sea el compromiso de simplificar la burocracia. Durante años, emprender o invertir en México ha significado enfrentarse a una maraña interminable de trámites, permisos y tiempos muertos. Los datos de #DataCoparmex 2025 muestran que casi la mitad de las empresas socias -48.9 por ciento- dedica parte importante de su tiempo a combatir obstáculos administrativos que consumen hasta 82 horas de productividad.
Ochenta y dos horas perdidas no son un detalle menor. Son proyectos detenidos, empleos aplazados y oportunidades que se esfuman.
Por eso, hablar hoy de ventanilla única, expediente digital y “afirmativa ficta” a 90 días representa una señal positiva. Significa entender algo básico: el tiempo del inversionista vale. Cuando un país le hace perder tiempo a quien quiere generar empleo (nos guste o no el sistema así es), termina perdiendo crecimiento.
Si México logra replicar a gran escala ejemplos exitosos de agilización institucional, el mensaje al mundo sería que aquí sí se puede invertir sin quedar atrapado en el laberinto burocrático.
Otro punto relevante es la apertura en materia energética mediante esquemas de participación público-privada para generar hasta 3 mil 300 megawatts. Ningún proyecto industrial puede sostenerse sin energía suficiente, competitiva y confiable. Pensar en desarrollo sin resolver el tema energético sería como querer encender un motor sin combustible.
Sin embargo, el problema de México nunca ha sido únicamente diseñar planes. El verdadero desafío ha sido generar confianza alrededor de ellos.
Justo aquí comienzan las preocupaciones.
La intención de integrar la Prodecon dentro de la Secretaría Anticorrupción genera una inquietud totalmente legítima. La defensa del contribuyente requiere autonomía. Requiere independencia técnica, operativa y presupuestaria. Cuando el ciudadano siente que quien lo debe defender depende de la misma estructura que lo fiscaliza, la balanza deja de verse equilibrada. Sin duda la confianza fiscal también es parte de la competitividad.
Pero existe un tema aún más delicado que también hemos venido mencionando: el Poder Judicial.
La inversión no llega donde hay discursos optimistas; llega donde la ley se aplica de manera imparcial. Y en este momento, México enfrenta dudas importantes sobre la fortaleza y estabilidad de sus instituciones judiciales. Los procesos de elección de personas juzgadoras requieren prudencia, preparación y mecanismos que privilegien el mérito. La improvisación históricamente ha salido muy cara.
Sin jueces autónomos, preparados y confiables, cualquier proyecto de inversión se vuelve vulnerable. El inversionista necesita saber que, ante un conflicto, habrá reglas claras y árbitros imparciales. De lo contrario, la incertidumbre termina convirtiéndose en costo económico.
Además tenemos que mencionar que quizá el mayor desafío del Plan México ni siquiera está en los escritorios. Está en las calles. Porque hay un tema imposible de ignorar: la inseguridad.
Ninguna ventanilla digital compensa el miedo de un transportista en carretera. Ningún incentivo fiscal neutraliza el cobro de piso a una pequeña empresa. Ninguna campaña de promoción internacional puede ocultar la preocupación de invertir en regiones donde el Estado de Derecho es débil.
La seguridad no es un tema paralelo al desarrollo económico. Es su condición básica, como lo ha dicho en múltiples ocasiones la economista Cristina Ibarra.
Y aquí es donde el país necesita una visión integral. No basta con que la Federación simplifique trámites si los municipios siguen atorando permisos. No basta con atraer inversiones si las regiones carecen de condiciones mínimas de paz y legalidad.
La coordinación entre los tres niveles de gobierno será decisiva. De lo contrario, el Plan corre el riesgo de quedarse atrapado entre buenas intenciones y realidades locales adversas.
México tiene frente a sí una oportunidad extraordinaria. Pocas veces en la historia reciente el contexto global había colocado al país en una posición tan estratégica.
Pero las oportunidades también se desperdician.
El Plan México puede convertirse en un punto de inflexión o en otra promesa que no logró aterrizar. Todo dependerá de si el País entiende que la inversión no florece únicamente con anuncios, sino con confianza.