Los presidentes tienen décadas vendiéndonos la idea de que están venciendo a las organizaciones criminales. El bombazo del 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, confirma las carencias del actual gobierno.
Los dos ocupantes del coche bomba llegaron desde Colima, superaron sin dificultad cinco retenes militares y, cuando se estacionaron frente al cuartel de la policía comunitaria, sobrevino la explosión. El saldo fue de cinco personas muertas y 12 heridas. El doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila, reaccionó difundiendo un útil mapa que registra 20 atentados con coches bomba en México entre 1994 y 2025.
En una búsqueda posterior, el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México encontró otros cinco casos de coches bomba y contabilizó 47 ataques con drones explosivos (desde 2022) y siete ataques con granadas y bombas molotov (desde 2008). El costo humano ha sido de 73 personas muertas y 256 heridas. De acuerdo con informes militares entre diciembre de 2018 y mayo de 2025, las fuerzas armadas decomisaron 9,155 artefactos explosivos improvisados (AEI). Conclusión: el uso de explosivos es un patrón consistente y creciente.
Han transcurrido 31 años y ningún presidente o presidenta ha ofrecido una explicación integral sobre los patrones, la lógica, los propósitos, el origen y las implicaciones legales del uso creciente de explosivos. El atentado de Michoacán los tomó por sorpresa mientras celebraban siete años en la Presidencia y derivó en un sainete de dislates lingüísticos y lógicos.
A las cinco horas del atentado la Fiscalía General de la República informó que dio inicio a la carpeta de investigación; dos horas después la fiscal compartió un comunicado en el que se mencionaba que dicha carpeta era por el “delito de terrorismo”. Supongo que el término “terrorista” inquietó a algún sector de la 4T: ¿Y si se alarman los inversionistas de la FIFA por el Mundial de 2026?, ¿y si se exaltan los belicosos de Washington y los periodistas incómodos?
El domingo siete, y sin mediar explicación alguna, en la FGR recularon y comenzaron a hablar de “delincuencia organizada”. En la mañanera del lunes, preguntaron a la Presidenta por las razones de la reclasificación; respondió que al día siguiente la Fiscalía lo explicaría. Llegó el martes y la Presidenta, cuestionada de nuevo, respondió que la fiscal “decidió el día de hoy no venir”.
La improvisación alcanzó su punto culminante cuando preguntaron a la Presidenta si había sido deliberado que “el crimen organizado lanzara el atentado” mientras ella encabezaba un acto masivo en el Zócalo. Respondió diciendo que “no, no, no tiene nada que ver”. La respuesta es absurda, porque ni ella ni nadie en su gobierno ha explicado la racionalidad detrás del uso de explosivos que aterrorizan a la población.
Reitero lo que he dicho en otras ocasiones: la estrategia de la actual Presidenta es mejor que la de los siete mandatarios que la precedieron. Es una lástima que repita la errónea actitud de suponer que todo lo que dice y hace está a la altura del onceavo mandamiento. Está obsesionada con imponer un relato en el que su gobierno controla todas las variables.
La sociedad tiene otra percepción. En una encuesta del 1o de diciembre de este año, la Presidenta registra una aprobación general del 70 por ciento, pero una desaprobación del 82 por ciento en su política contra el crimen organizado y del 80 por ciento en el combate a la corrupción. La razón es simple: la narrativa presidencial no convence porque no refleja lo que la sociedad ve, siente y escucha.
Quienes gobiernan, y quienes opinamos sobre la vida pública, enfrentamos una época confusa: las redes distorsionan la realidad y las empresas tecnológicas hacen lo que quieren, actúan sin control ante la ausencia de autoridades que las regulen. La mejor respuesta es ofrecer explicaciones sustentadas en la transparencia, el rigor de los datos y el respeto a la palabra.
El 15 de septiembre de 2008, una organización criminal lanzó granadas contra la multitud que celebraba las fiestas patrias. El domingo siguiente, Proceso tituló su análisis con una frase lapidaria: “Calderón no puede”.
Este 6 de diciembre un coche bomba explotó en Michoacán. La pregunta es inevitable: ¿podrá la 4T?
Colaboraron Elena Simón y Dulce Torres Hernández
