No me cabe la menor duda, que el Presidente de la República es un líder muy poderoso, que sabe conectar con su base social y que, a pesar de todos sus desatinos, los cuales se han acentuado, continúa manteniendo un alto índice de aceptación popular. Veo difícil que, a corto plazo, los que ya pintamos hartas canas, volvamos a ver a un político de la talla de Andrés Manuel, quien no solo se da el gusto de manejar a su antojo a su considerable pléyade de seguidores, sino que también, mantiene pasmados a sus opositores.
Pero bueno, así como en la vida se presentan vuelcos inesperados, en el juego político también suceden, y en una de esas, podemos ver un declive precipitado de la ascendencia social del “morenista”, sobre todo, porque sectores sensibles como la salud, la seguridad y la educación, quedarán como pasivos sin solventar por la actual administración, agregando a ello, la posibilidad de un cisma dentro de Morena derivado del proceso de elección de su candidato para la grande del 2024, abonándole también el ruido que le mete su poco respeto a los mandatos constitucionales y su afán de borrar el entramado de instituciones, legado por administraciones pasadas o promover fusiones entre las mismas, que resultan improcedentes.
En ese tenor, en estos últimos días se ha puesto en la mesa de la conversación la Secretaría de la Función Pública, en virtud de que el Presidente de la República ha planteado la posibilidad de que dicha Secretaría asuma el quehacer del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que, según su entender, en el quehacer de ambas dependencias hay duplicidad de funciones.
Vale comentar que la semilla de la Secretaría de la Función Pública fue sembrada durante el sexenio de Miguel de la Madrid, bajo el nombre de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pensada para darle sustento al planteamiento de Reforma Moral de la nación, propuesto por el citado Ejecutivo federal, sin que se obtuvieran resultados dignos de escribir a casa.
De acuerdo con el portal del Gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública tiene la misión de: “Procurar que lo público funcione con eficacia y probidad, con un enfoque en la prevención de riesgos y en la gestión para resultados, a fin de que se atiendan los problemas públicos para lograr la satisfacción de la ciudadanía”. Y para ello propone la siguiente misión: “Ser la institución garante y facilitadora de las condiciones para que la administración pública cumpla sus objetivos y produzca los resultados esperados, mediante el establecimiento de normas, mecanismos, procesos y controles que aseguren razonablemente la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez del servicio público”.
De los planteamientos citado se desprende que la Secretaría de la Función Pública, se enfoca a establecer normas de control y vigilar el funcionamiento de las distintas instancias que componen el Gobierno federal, velando que lo hagan apegados a la normatividad, con eficacia y honradez. Trabaja pues, hacia el interior del Gobierno y no como apoyo al derecho constitucional que le asiste al ciudadano, de saber sobre la cosa pública, así como la asistencia institucional para que la privacidad de sus datos personales le sea respetada.
Por lo anterior, suena pues, a lamentable confusión la que tiene el Presidente de la República acerca del quehacer de la Secretaría de la Función Pública y el INAI y como quien dice, confunde la gimnasia con la magnesia ¡Buenos días!
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