Condenable por donde se le mire resulta la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos que permite a los estados de la Unión Americana prohibir la interrupción del embarazo. Si el dictamen de Roe en 1973 estuvo mal fundamentado -que lo estuvo- no es el asunto central a discutir. Una Suprema Corte que no hubiese sido tan conservadora, como la que hoy tiene Estados Unidos, nunca hubiese dejado pasar el proyecto del juez Alito de devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo y dar a los estados la facultad de legislar sobre él: incluidas la potestad de regularlo, restringirlo o prohibirlo.
La decisión de la Suprema Corte es tan brutal que dejará a cientos de miles de mujeres sin un derecho que, aunque todavía con muchas dificultades, podían ejercer. Peor aún, que haya la amenaza de que derechos similares como el acceso a los anticonceptivos o el matrimonio igualitario también sean anulados.
Pocas veces se oye que un derecho fundamental, arduamente ganado, sea paralizado y revertido. Es como si, de pronto y en atención de una mayoría conservadora, en la Corte se permitiera a cada estado legislar sobre la esclavitud o la segregación.
Dos lecciones derivo del retroceso producto de la voluntad de seis jueces.
La primera, que no por obvia debemos esquivarla, es el proceso de nominación -incluidos tiempos y requisitos- y las facultades de los jueces que tienen en sus manos entre otras cosas el destino de derechos fundamentales que no deberían estar sujetos a las ideologías o inclinaciones de quienes ocupan el puesto.
Se entiende que las normas constitucionales evolucionen y se adecuen a una realidad cambiante pero, al menos ciertos derechos fundamentales deben quedar al margen de los vaivenes en la composición del Tribunal Supremo. Lo mismo debería operar para las legislaturas federales o estatales.
Para frenar estos retrocesos, sería recomendable instaurar en las constituciones eso que los juristas llaman cláusulas pétreas, esto es, normas inquebrantables, normas que no pueden cambiarse ni por el legislativo ni por la interpretación de las cortes. Instaurar una disposición constitucional que establezca una limitación al poder de reforma de una constitución o ley fundamental.
Algunos países las llaman “cláusulas o garantías de la eternidad”. En esta categoría caen, en muchos países, la forma republicana y democrática de gobierno, la división de poderes y los derechos y garantías individuales. El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo debería estar, definitivamente, entre estos últimos. Es necesario protegernos de los peligros del mayoritarismo.
La segunda es que, parafraseando al clásico, no me vengan con que una sentencia es una sentencia. Está claro que las sentencias no lo son para siempre como lo demuestra el caso Roe v. Wade.
México no ha caído en esa tentación. Lo digo porque que el año pasado la Suprema Corte tuvo el acierto de declarar por unanimidad la descriminalización del aborto. Un triunfo para las mujeres, pero un triunfo que no podemos dar por sentado porque el sentido de esa sentencia no es irreversible, ni hay garantía que, a futuro, pudiera haber una legislación en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
La sentencia de la SCJN en la que se declaró invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía pena de prisión a mujeres que decidieran abortar y a aquellas personas que las ayudaran a hacerlo, fue una magnífica decisión que llevó tiempo y años de lucha.
Pero estamos a años luz de que las mujeres tengan asegurados sus derechos y mucho menos a que puedan acceder a los medios para ejercerlos. Descriminalizado (no necesariamente legalizado) el aborto, no hay política pública que oriente y ayude a las mujeres que, por la razón que sea, tomen tan difícil decisión.
En los Estados Unidos se dejó pasar la oportunidad de votar una ley federal que resguardara el derecho a interrumpir el embarazo. En México también se le ha sacado al bulto. Ni en esta, ni en pasadas administraciones se ha querido consagrar ese derecho y la política de salud que lo acompañe. Seguimos a expensas de los legisladores y sus conveniencias electorales.
Insisto, la situación es inaceptable y la solución pasa por hacer irreversible ese derecho en lugar de sujetarlo a la decisión de quienes en una coyuntura específica ocupen los puestos de la Corte o en el Congreso. Lo que hace falta es constitucionalizar el derecho y hacerlo pétreo. Sí, escrito en piedra.
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