Al fin del sexenio, la magnitud de las crisis de desaparición y forense no cesan. A pesar de los esfuerzos por cerrar artificialmente la cifra de personas desaparecidas, es un hecho que al menos hay más de 111 mil personas desaparecidas en nuestro País. Por otro lado, el tamaño de la crisis forense está subdimensionada, pues desde agosto de 2021 -cuando se contabilizaban al menos 52 mil cuerpos sin identificar en alguna instalación del Estado- y el 30 de agosto de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer su última integración de información sobre servicios periciales y servicio médico forense donde se informó que, al cierre de 2022, se habían almacenado más de 53 mil cuerpos en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense, de los cuales 87 por ciento no habían sido identificados.
Ante esta situación y la inestabilidad política que vive la institucionalidad creada en respuesta a las demandas del movimiento de familiares de víctimas de personas desaparecidas, la propuesta de recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PPEF 2024) para atender una de las mayores crisis humanitarias que ha vivido nuestro País podía significar la pérdida de cauce político ante el cierre de la administración federal. ¿Cuál es la apuesta presupuestaria del Estado mexicano en la materia? En términos generales, una estabilidad a la baja, con mayor trazabilidad y seguimiento de los recursos, sobre todo en materia forense.
Por un lado, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) plantea un presupuesto prácticamente idéntico al de 2023, con un incremento real del 0.0002 por ciento (mil 149 millones de pesos) para el 2024. Este imperceptible aumento se ve reflejado principalmente en el rubro de los subsidios para las comisiones locales de búsqueda (0.5 por ciento más para 2024). En esta bolsa de recursos se incluye el Componente II en materia forense de los Subsidios para las Comisiones Locales de Búsqueda que transfiere la CNB, que es la apuesta federal fuera del sistema de justicia penal para la atención de la crisis forense. Un pendiente desde 2021, en que fue creado, es el seguimiento a los recursos del Centro Nacional de Identificación Humana, instancia que sigue sin aparecer como unidad responsable de la misma Comisión.
Por otro lado, observamos dos fenómenos distintos a nivel federal y local en materia forense. A nivel federal, encontramos mayor trazabilidad del gasto, con la Fiscalía General de la República integrando a la antigua Coordinación General de Servicios Periciales en el Centro Federal Pericial Forense. Sin embargo, dicha unidad responsable tiene un recorte presupuestario de 0.46 por ciento, respecto de 2023. También son renombradas en el PPEF 2023 las otras dos unidades periciales forenses de la FGR (Unidad de Especialidades Médico Forenses y Unidad de Ingeniería Forense), lo que permite un mejor seguimiento de sus recursos. Estas unidades tienen un descenso imperceptible (-0.005 por ciento para la Médico Forense) y un ligero aumento (+1.89 por ciento para la Ingeniería forense), respectivamente, si bien la proporción de sus recursos es bastante menor que el recién creado Centro Federal Pericial.
Por último, en términos de gasto federalizado, el aumento en el PPEF 2024 en materia forense es demasiado menor, máxime si tomamos en cuenta que la mayor parte de los recursos de los servicios periciales corresponden al fuero común (70 por ciento) respecto del fuero federal (30 por ciento), lo que corresponde con la incidencia de la desaparición a nivel local. Estos recursos son distribuidos por la Federación por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, que a su vez financia el Subprograma Forense para la Investigación de Hechos Delictivos. El FASP tuvo un ligero aumento de 0.025 por ciento respecto de 2023, lo que significa únicamente 2 millones de pesos adicionales para la distribución estatal de todos los servicios periciales y médico forenses de las 32 entidades federativas.
Esta desarticulación y claroscuros de la política presupuestaria forense son reflejo de la ausencia de una política de Estado en la materia, tal como fue patente en la comparecencia que tuvo México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas la semana pasada. La poca claridad y gran desarticulación de la política pública para la atención del fenómeno de desaparición y la crisis forense que la delegación mexicana mostró hace una semana es lo que observamos también en el PPEF 2024.
Si bien las mejoras en el diseño institucional para el seguimiento y dotación de recursos para la atención de la crisis forense son una buena noticia en una materia que ha sido opaca durante demasiado tiempo, si estas mejoras no son acompañadas de recursos suficientes, la política pública siempre terminará llegando tarde a las demandas de verdad y justicia de cientos de miles de familiares de personas desaparecidas. Si el ejercicio de recursos públicos no se refleja en resultados tangibles para las familias, el derecho de todas las personas seguirá siendo uno de los más dolorosos pendientes del Estado mexicano.
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