Presupuesto educativo 2026: avances que cuentan, retrocesos que preocupan
El 9 de diciembre fue aprobado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 y como cada año, en Mexicanos Primero Sinaloa nos damos a la tarea de analizar si el discurso de que la educación es importante se demuestra realmente en las prioridades del gasto. Un aspecto destacable es que la educación representa 47.5 por ciento del presupuesto total del estado y registró un aumento real de 2.81 por ciento con respecto al año anterior. Esto es un avance en un contexto estatal marcado por la violencia y las afectaciones al derecho a aprender de los estudiantes, sin embargo, el análisis presupuestal debe ir más allá.
En Mexicanos Primero Sinaloa llevamos más de diez años analizando cómo se distribuyen los recursos públicos para garantizar el derecho a aprender, y sabemos que el tamaño del presupuesto es sólo una parte de la historia. El gasto educativo debe ser incluyente, estratégico y capaz de corregir brechas de desigualdad que afectan a las niñas, niños y jóvenes. Por tal motivo, hay cuatro dimensiones relevantes en las que visibilizamos avances, pero también retrocesos. Cabe destacar que cada uno de los porcentajes que se muestran a continuación están expresados en términos reales, es decir, ajustado a la inflación.
En materia de equidad e inclusión, por ejemplo, hay señales alentadoras. El Telebachillerato Comunitario crece 24.8 por ciento, lo cual es un paso enorme para apoyar a jóvenes que viven en comunidades rurales y de difícil acceso. Sin embargo, junto a ese avance conviven recortes que contradicen cualquier narrativa de inclusión: el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial cae -36.2 por ciento, afectando la atención de niñas y niños con discapacidad, y el apoyo a migrantes retrocede -3.4 por ciento, reduciendo la capacidad institucional para acompañar a una población que ya enfrenta enormes barreras para mantenerse en la escuela.
Algo similar ocurre con el desarrollo profesional docente. Prácticamente todas las escuelas formadoras tienen incrementos reales en sus presupuestos, lo que fortalece la formación inicial y permite pensar en maestros mejor preparados para asumir los retos de las comunidades escolares. Sin embargo, mientras se impulsa a quienes se están formando, se reduce lo destinado a quienes ya están en las aulas. El Programa de Desarrollo Profesional Docente retrocede -4.6 por ciento, debilitando la formación continua, la actualización y el acompañamiento que requieren los docentes para responder a los desafíos en sus escuelas.
La primera infancia muestra también avances moderados para atender a las niñas y niños en sus primeros años de vida. Los CAI Federal crecen 2.7 por ciento y el servicio de guarderías para madres trabajadoras aumenta 2.4 por ciento. No obstante, tanto SIPINNA como el Programa de Expansión de Educación Inicial retroceden (-2.7 por ciento y -2.8 por ciento real, respectivamente), reduciendo la capacidad del Estado para articular una política integral de desarrollo infantil temprano.
Finalmente, la infraestructura educativa revela el contraste más evidente entre lo que se hace y lo que falta. El incremento de 27.1 por ciento en infraestructura de nivel básico (FAM) es un gran avance, pero se disminuyen los montos del mismo rubro a media superior -10.1 por ciento y educación superior -27.6 por ciento. Por otro lado, el componente de mejoramiento de infraestructura escolar sufre un recorte de -32.4 por ciento, el más sustancial, sobre todo pensando en las profundas necesidades de garantizar espacios dignos en las escuelas.
Para que el derecho a aprender deje de ser aspiración y se convierta en realidad, el gasto debe ser equitativo, incluyente y orientado al aprendizaje. Por eso es indispensable que el Congreso del Estado abra espacios de participación ciudadana, escuche a quienes conocen los desafíos de las escuelas y tome decisiones informadas basadas en evidencia. El seguimiento permanente del presupuesto es necesario como ejercicio de monitoreo y rendición de cuentas para asegurar que la educación no retroceda. Por lo tanto, el gasto educativo debe reflejarlo.
