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Desde marzo de 2020 y lo que llevamos del ciclo escolar 2020-2021, las escuelas han tenido que migrar a estrategias de aprendizaje a distancia, para lo cual no estaban preparadas.
Aunque ha existido un gran esfuerzo por parte de la comunidad escolar, las consecuencias del cierre prolongado de escuelas nos ponen al borde de una crisis educativa evidente que es necesario combatir por todos los medios disponibles. No obstante, nada de esto será posible sin un gasto educativo estatal que responda a las necesidades de todos y que apoye a compensar la situación de desigualdad entre los estudiantes que más y menos tienen.
Las declaraciones recientes del Secretario de Educación Pública (Boletín SEP 317) nos dan algo de luz sobre lo que nos espera a inicios del siguiente año. Las autoridades de las entidades podrán tomar la decisión de iniciar actividades presenciales siempre y cuando se encuentren en semáforo verde y se sigan las medidas sanitarias. Por otra parte, aquellos estados que se encuentren en semáforo amarillo podrán retomar actividades presenciales voluntariamente a través de centros comunitarios de aprendizaje (CCA).
El argumento planteado con estas medidas y la implementación de CCA es brindarle alternativas de apoyo, asesoría pedagógica y atención socioemocional a muchos estudiantes que debido a su contexto no han tenido las oportunidades, las condiciones ni los medios para aprender. Lo anterior, mediante espacios, herramientas y recursos adecuados para su desarrollo y cuya apertura sería consensuada por la comunidad escolar.
Si bien este proceso comienza a sentar las bases para un regreso gradual a las escuelas y avanzar en la recuperación de las trayectorias educativas, aún se mantiene cierta incertidumbre ya que, aunque se necesitan invertir recursos extraordinarios para mitigar los efectos de la pandemia, ni a nivel federal ni en Sinaloa se ha destinado financiamiento para compensar la situación el siguiente año. Al contrario, se han reducido y eliminado programas que responden a la necesidad de una mayor equidad e inclusión educativa.
Esto puede visualizarse con la desaparición del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) que atiende a niñas y niños migrantes e indígenas, el cual dejará de recibir financiamiento federal y estatal; el Programa para el Desarrollo Profesional Docente que se reduce 81.4 por ciento de aportaciones federales y no hay recursos estatales para compensar la formación continua de docentes, o qué decir del Programa Escuelas de Tiempo Completo cuya clave presupuestal fue eliminada y existe incertidumbre sobre el proceso de asignación de recursos mediante el programa “La Escuela es Nuestra”.
Para el siguiente año, regresar a actividades presenciales implicará un reto importante y aunque es un gran avance abrir espacios que brinden oportunidades pedagógicas y socioemocionales a los estudiantes, la medida por sí misma será insuficiente si no se cuenta con un presupuesto educativo adecuado, suficiente y pertinente que compense a los que más lo necesitan y que sea capaz de impulsar medidas que brinden ambientes propicios para aprender.
Si bien, a nivel federal se tomó la decisión de aprobar un presupuesto educativo excluyente, a nivel local aún estamos a tiempo de pensar y priorizar el futuro de la niñez y juventud. De esa forma, será posible ir reduciendo las brechas educativas profundizadas en estos tiempos de pandemia e ir avanzando en el reforzamiento y recuperación de aprendizajes con un regreso gradual, seguro, responsable y que cuente con todos los insumos necesarios para que después de tanto tiempo de ausencia el derecho a aprender de cada niña, niño y joven sea una realidad.
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