Desde hace algunos años se ha advertido de las amenazas a la autonomía de los órganos electorales, las cuales se materializan principalmente en la inoperancia técnica y la asfixia presupuestal.
En cuanto a la primera causa, la inoperancia técnica, ya hemos advertido en diferentes espacios la urgencia que se designen los cargos vacantes, tanto jurisdiccionales como administrativos. También hemos hecho énfasis en la importancia de que estos procesos de designación sean exhaustivos y busquen perfiles adecuados para el desempeño de dichos cargos.
Respecto de la asfixia presupuestal, ha sido uno de los mecanismos de presión más comunes desde hace varios años el recorte presupuestal a las autoridades electorales. Estos primero se dan respecto del presupuesto solicitado, pero no queda ahí, pues una vez que los legislativos aprueban un presupuesto que generalmente es menor al solicitado, la segunda batalla viene al momento de entregar los recursos económicos, pues por lo general hay atrasos y muchas veces incluso se terminan otorgando menos recursos de los que fueron autorizados. De esta forma se ha vuelto una batalla permanente que las autoridades electorales tienen que librar año con año, incluso muchas veces es necesario recurrir a las instancias jurisdiccionales para pelar por la obtención de recursos.
Para 2024 esta es la situación. De los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) del país que presentaron sus proyectos en tiempo y forma, solo en 6 casos fueron aprobados íntegramente: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Quintana Roo y Tlaxcala. Los restantes 26 tuvieron recortes que, en los casos más graves, llegan al 68 por ciento de lo solicitado.
En sus proyectos, los OPLE en conjunto solicitaron cerca de 18 mil 680 millones de pesos, más 8 mil 800 millones de pesos que, por ley, deben asignar a los partidos políticos; esta suma daba una bolsa cercana a 27 mil 480 millones de pesos. Tras la aprobación de los proyectos presupuestales en los congresos estatales, la cifra total asignada a las instituciones administrativas locales fue de 21 mil 643 millones de pesos; es decir, la organización de los procesos sufrió un recorte cercano a 5 mil 872 millones de pesos. El financiamiento a los partidos no se redujo.
Una situación similar ocurrió con los Tribunales Electorales locales, quienes en su conjunto solicitaron 2 mil 967 millones de pesos, de los que les asignaron en total 2 mil 418 millones de pesos, esto es un recorte de casi 550 millones de pesos. La situación que padecen los tribunales es opuesta a las de los OPLE, pues cerca de la mitad de los órganos jurisdiccionales recibieron un recorte de menos de un 1 por ciento; la excepción son Jalisco y Nuevo León, donde el ajuste presupuestal a los órganos jurisdiccionales fue de casi el 50 por ciento del recurso solicitado.
Así como los partidos políticos tienen garantizado su financiamiento público cada año, pues el cálculo se hace a partir de una fórmula que se encuentra prevista en la ley y por tanto no es posible reducirlo, de igual forma es necesario garantizar que las autoridades electorales reciban recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones. A manera de propuesta sugerimos que se considere una asignación equivalente al 0.8 por ciento del presupuesto estatal, que es la cifra que se asignó en promedio este año a las autoridades electorales.
Garantizar la autonomía e independencia de las autoridades electorales es fundamental, no hacerlo representa una amenaza a nuestra democracia.
Sobre el tema estaremos publicando algunas entradas en nuestro blog y en nuestras redes sociales durante las siguientes semanas.
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