Presupuesto estatal: ajustes sí, asfixia no
¿Qué tanto reasignar del gasto de 2023?

alexsicairos@hotmail.com

A diferencia de quienes lo antecedieron en el cargo que defendían hasta los puntos y comas de las propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que le hacían llegar al Congreso del Estado, el Gobernador Rubén Rocha Moya se ha declarado abierto a que la 64 Legislatura reoriente algunas partidas del gasto a ejercer en 2023, siempre y cuando se ciñan al enfoque social de la inversión pública. Si le toman la palabra las diputadas y los diputados podría lograrse la redistribución consensuada en beneficio de sectores y actividades marginados.

La iniciativa del Gobernador sobre los 64 mil 504 millones de pesos a ingresar y aplicar el próximo año en Sinaloa, 11 por ciento más que en 2022, está en la fase de análisis que es previa al dictamen, discusión, modificación y aprobación que hará el Congreso del Estado en un plazo que no irá más allá del 15 de diciembre, según se estima. Los acuerdos entre los grupos parlamentarios avanzan y serán de mayor agilidad con la apertura del jefe del Ejecutivo estatal a que el Legislativo reasigne.

Los rubros a revisar serían educación, salud, seguridad, justicia, políticas de equidad de género y desarrollo económico, esto si se toman en cuenta las áreas sensibles que el termómetro legislativo detecta. Todo, sea cual sea el rasero con que se mida, tiene que ver con el bienestar de la población que es el eje programático de la Cuarta Transformación en Sinaloa, y también debe ser el espíritu de cualquier política pública de carácter humanista.

Durante la reunión de trabajo que Rocha Moya sostuvo el 23 de noviembre con los integrantes del Congreso, en razón del Primer Informe de Gobierno, la Diputada Celia Jáuregui Ibarra, de Movimiento Ciudadano, le preguntó al Gobernador si estaba dispuesto a reorientar el gasto de 2023, precisando el apartado de educación donde, dijo la asambleísta, debe analizarse la reimplementación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Sin pensarla dos veces, Rocha Moya respondió que sí está abierto a reorientar el presupuesto y les recordó que esto es labor del Legislativo. Sostuvo igual disponibilidad cuando los representantes populares de todos los partidos con presencia en el Congreso soltaron la ráfaga de planteamientos dirigida a resaltar las necesidades de los distritos electorales a los que pertenecen. Y en eso está ocupado el órgano parlamentario: analizando qué rubros requieren y resisten reacomodos sin que la cobija del erario desabrigue a unos por cubrir a otros.

De hecho, existe en la práctica anual de definición de los egresos estatales un margen negociable de alrededor del 10 por ciento, que en dinero significa unos 600 millones de pesos, donde las diputadas y diputados pueden transitar sin menoscabo de las macro proyecciones de la iniciativa del Gobernador. En todo caso lo que Rocha defenderá es el gasto en obra pública que significa el incremento del 43 por ciento, programas sociales a los que les destinan 25 por ciento más de recursos públicos, y basificación de trabajadores de la salud con el aumento de 52 por ciento respecto a lo aplicado el año en curso.

En lo concerniente a educación podría el Congreso realizar reasignaciones notables si la preocupación al interior de la Cámara halla eco en todas las bancadas, sobre todo en la fracción mayoritaria de Morena. ¿Cómo conciliar la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador denominada Nueva Escuela Mexicana y la estrategia La Escuela es Nuestra con el reclamo de que en Sinaloa permanezca el Programa de Escuelas de Tiempo Completo? ¿A qué partidas quitarle para meterle a la reparación de espacios escolares que cada día suman más por el deterioro en que están?

En su colaboración publicada el miércoles en este mismo medio, el director general del capítulo Sinaloa de Mexicanos Primero, Gustavo Rojas, advierte del brete en que se halla inmerso el Congreso del Estado pues “tendrá que tomar cartas en el asunto para cubrir los vacíos que dejan las decisiones federales y poner gran énfasis en una adecuada administración del recurso. Ayudará, en este sentido, que según el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad Sinaloa será la entidad con la segunda asignación más alta per cápita para su sistema educativo, después de Colima”.

Por eso importa la predisposición de Rocha Moya a que el Congreso haga reasignaciones sin caer en el exceso que en enero de 2019 obligó al entonces Gobernador Quirino Ordaz Coppel a vetar el decreto de presupuesto de egresos que la 63 Legislatura aprobó para ese año fiscal, de 54 mil 73 millones de pesos, al alegar que las reasignaciones por mil 663 millones de pesos fueron ilegales.

Y para evitar quemarse con la misma leche hoy hasta al jocoque hay que soplarle, razón por la cual en los acuerdos para la reorientación de partidas presupuestales prevalece una cláusula en letras grandes: ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre.

Lo que el Legislativo decida,

Terminará en el mismo trance,

Pues no hay dinero que alcance,

Para la felicidad prometida.

Nada puntual llega el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga, tres años después, a Quirino Ordaz Coppel a que publique en el Periódico Oficial del Estado los informes de la cuenta pública correspondiente a 2018, que el Congreso del Estado le reprobó en julio de 2019. En aquel tiempo el entonces Gobernador interpuso una controversia constitucional y a un año y un mes de que dejó el cargo el alto Tribunal le desconoce facultades para vetar las actuaciones del Poder Legislativo. Nomás es un dictamen anecdótico porque legalmente no tiene consecuencias para quien se desempeña actualmente como Embajador de México en España.