La noticia de esta semana debe de ser forzosamente el decreto presidencial “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación los proyectos y obras del Gobierno de México, considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre del presente año. Antes de hablar sobre el mismo, entendamos un decreto como un documento oficial que emite el Presidente para ordenar, indicar, describir, resolver o establecer acciones y medidas con un tema de importancia pública y que no es necesario que se someta a ningún órgano legislativo, es una facultad presidencial de conformidad con el Artículo 71 fracción I de nuestra Constitución.
Volviendo al decreto, éste consta de tres artículos solamente, pero verá la relevancia de éstos.
El artículo primero señala que se declara de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turismo, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios para el desarrollo nacional. Por lo que prácticamente lo que Gobierno federal determine que es un tema de prioridad nacional o seguridad nacional le aplicará el acuerdo.
El artículo segundo es una instrucción a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras que se refiere el artículo primero, esto con la finalidad de garantizar su ejecución oportuna; es decir que este artículo obliga a cualquier dependencia y/o entidad de la administración pública a conceder una autorización provisional sobre cualquier dictamen, permiso o licencia que Gobierno federal le solicite, es decir, que no podrá rechazar otorgar dicho dictamen, permiso o licencia si cae en uno de los supuestos que señala el artículo primero, es decir, si es un tema prioritario o de seguridad nacional.
Ah, y si por alguna razón no se otorga dicho dictamen, permiso o licencia dentro de los siguientes cinco días hábiles que se haya realizado la solicitud (al parecer hay trámites que tardan más de cinco días en gobierno, pero no puedo confirmar dicha información) se entenderá que fue autorizado de manera positiva dicha autorización provisional.
Y el artículo tercero y último señala que la autorización provisional tiene una vigencia de 12 meses a partir de que se emita, y que durante ese lapso se deberá obtener la autorización definitiva, por lo que podemos observar que no se habla de un supuesto en donde la autorización definitiva no se otorgue.
El decreto en sí le da facultad de iniciar o continuar cualquier obra sin necesidad de permiso, y a nosotros como ciudadanos no nos permite pedir información por ser temas de seguridad nacional, por lo que a todas luces se ve inconstitucional y busca mediante la catalogación de tema prioritario o de seguridad nacional el justificar la no aplicación de las leyes y/o procesos administrativos, ni hablar de cumplimiento de leyes en cuestión de medio ambiente (Tren Maya). Ah, y el juicio de amparo y la seguridad nacional no se llevan bien, por si Usted estaba pensando lo contrario.
¿Qué es un tema de seguridad nacional? ¿Qué es un tema prioritario? Usted no se fije en pequeñeces, lo importante es que a partir del pasado 22 de noviembre entró en vigor el presente decreto, así que ya sabe, si es tema prioritario o de seguridad nacional para Gobierno federal, va para adelante, que vaya en contra del ordenamiento jurídico de nuestro País, ilegal, violente derechos humanos o tratados internacionales firmados por nuestro País o cualquier otra pequeñez de ese tipo no es relevante.
PD 1. Habemus nueva ministra: Loretta Ortiz Ahlf quien ocupará dicho cargo a partir de este año y hasta el 2036.
PD 2. 22 millones 625 mil pesos fue lo que pagó el Gobierno de la CDMX por el desfile del Dí de Muertos, el contrato fue firmado por la entonces Secretaria de Turismo y el proveedor fue Alejandro Gou, ambos iban a bordo del avión que fue detenido en Guatemala por tratar de introducir dinero de manera ilegal al país.
PD 3. Arturo Herrera informó a través de su cuenta de Twitter que el Presidente le informó que había decidido reconsiderar su nombramiento al frente del Banco de México.
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