Propuestas para la lucha contra la corrupción (2)
El combate a la corrupción ya había sido comentado en alguna otra columna de este autor, en cambio, la anterior ha logrado mejores opiniones, tal vez porque la lucha efectiva contra la corrupción prácticamente se ha perdido en este sexenio, excepto por el simulacro del Sistema Nacional Anticorrupción, que aunque fue heredado de sexenios anteriores, ahora sus integrantes no combaten nada pero sí cobran sus emolumentos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO (al que se le ha retirado la autorización de recibir donativos deducibles de impuestos), elaboró un estudio completo sobre “la Anatomía de la Corrupción”, bajo la dirección de María Amparo Casar, en el que “disecciona” este fenómeno a niveles internacional y nacional, consultándose en encuesta a “más de 114 mil participantes de 107 países”, entre los que México aparece en un lejano lugar 35 en el índice de percepción de la corrupción, muy lejos de Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia en los primeros lugares y aparecen mejor posicionados Chile y Brasil que México; apenas se le gana a Argentina que tiene un índice de 34.
Según el estudio, los motivos por los que hay más casos de corrupción en México fueron: la lentitud en los trámites, las multas injustificadas, la pérdida de contratos y los altos costos de operación, con el agravante de que las personas no denuncian, entre otras causas, “porque no sirve de nada, falta confianza en las autoridades, hay miedo por represalias o por no saber cómo y ante quién acudir”.
Para combatir este fenómeno, en México se han utilizado diversos instrumentos, principalmente las auditorías, tanto por la Auditoría Superior de la Federación, que realiza auditorías al Ejecutivo, que tienen carácter de revisiones “externas” para informar al Poder Legislativo; se tienen también auditorías con carácter interno que realiza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes, Secretaría de la Función Pública, para informar a la Presidencia de la República y secretarios de Estado, y se tienen las auditorías profesionales por contadores públicos independientes, contratados para auditar empresas públicas que por ley requieren dictamen de contador público. A pesar de que se llevan a cabo miles de auditorías, éstas tienen una cobertura muy limitada ante la enorme cantidad de actos públicos auditables y, aunque ahora los órganos revisores cuentan con más atribuciones sancionatorias, sigue siendo complicado demostrar los actos de corrupción que pudieran ganarse en un juicio.
En el sexenio de Felipe Calderón se aplicaron, además de las auditorías, varios programas contra la corrupción, mismos que no se sabe que se estén utilizando actualmente:
1. Respecto a los Órganos Internos de Control que auditan en cada Secretaría y dependencia del Ejecutivo, Congreso y al Poder Judicial, debieran ser designados por la Secretaría de Función Pública, aunque su sueldo lo pagara la dependencia auditada, en tal forma que el empleo de los auditores dependiera de la SFP y no de los órganos auditados. Desde el sexenio anterior, los Órganos Internos de Control los designa y les paga el organismo que se está auditando, con lo que se pierde independencia de criterio del auditor.
2. Se aplicó el programa de Control Interno buscando que los mismos funcionarios se vigilen y controlen entre sí por su seguridad, para no aparecer como cómplices de algún compañero corrupto. Este programa fue reconocido por el Banco Mundial que hasta proporcionó préstamos a fondo perdido por más de 300 mil dólares, para mejorar y ampliar su aplicación a Estados y Municipios.
3. El programa Cero Impunidad, con el que se buscó mejorar los procedimientos y resultados de auditoría, convirtiéndolas en auditorías procesales, lográndose interponer 400 denuncias penales, que fueron más que las realizadas entre 1983 y 2006, en los que se presentaron, en 23 años, 312 denuncias; en estos 400 juicios se denunciaron más de 2 mil personas por actos de corrupción y se aplicaron sanciones administrativas a más de 7 mil 500 servidores públicos y más de 3 mil 600 sanciones económicas por daño patrimonial al Estado, todo ello como un claro mensaje de “cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, gracias también a la eficiencia procesal, pues el 91 por ciento de las actuaciones jurídicas quedaron firmes en los tribunales.
Eran, pues, otros tiempos, en los que había plena conciencia por hacer las cosas bien y mejor, sin simulaciones y conscientes de que quedaba todavía mucho por hacer, pero que dejábamos un legado para los siguientes sexenios.
