Proteger al sector privado de Sinaloa
Violencia contra IP en otros estados
Aún en el fragor de la guerra que libra en sus adentros el Cártel de Sinaloa, la que se acerca a los 500 días y noches sintiendo que la violencia está a la vuelta de todas las esquinas, existen diferencias con los modos de operar de organizaciones criminales que en otros estados del País toman de rehenes a sectores sociales y económicos con rasgos de terrorismo que por fortuna aquí no se tienen ni se conocen las denuncias correspondientes.
Si de algo sirve para moderar los miedos, la escalada de crímenes contra el sector privado que diezma a estados como Jalisco y Michoacán, y extorsiones con saldos letales recurrentes en las entidades de Guerrero, Chiapas y Guanajuato, presentan contrastes con la situación de afectaciones en Sinaloa que son principalmente de índole económico por las caídas del consumo y el empleo. Sin tratarse de deducir que estamos mejor, sí vale considerar que podríamos estar peor.
Basta con levantar un poco la mirada más allá de la crisis local de la seguridad pública que nos crea la sensación de las balas rozándonos la piel a todos, para construir el balance más general que indica que somos parte de un fenómeno criminal expansivo y que, inclusive, la pelea por los liderazgos y mercados del narcotráfico se extiende desde Sinaloa hacia otros territorios nacionales y, viceversa, la delincuencia allá intenta ampliar sus dominios hacia la tierra de los once ríos.
No obstante, a las familias de narcos que colisionan en el CDS les distingue la hostilidad cruenta entre sí, el apego al trasiego de drogas y giros negros, sin configurar aún la escalada de violencia contra empresas de catadura lícita. La mayoría de los ataques a establecimientos comerciales llevan igual sello de ajustes de cuentas y no la acometida directa contra marcas o personajes icónicos de la IP.
Pero nada que ver con las acometidas del crimen contra empresas y empresarios en otros estados. Por ejemplo, en diciembre le tocó a Jalisco padecer los estremecimientos por los horrores de la pugna donde la alta delincuencia lava con sangre las afrentas, a la par con la estrategia de habitantes y turistas de continuar con sus actividades haciéndose creer que sus entornos son seguros. Lo mismo el gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro, emanado del partido Movimiento Ciudadano, acude a la táctica de llamar a la calma y simular que la situación está bajo control.
Y sí sucede bastante violencia. Con diferencias de horas en la jornada de cierre del año 2025 el terror corrió por las calles de la Perla Tapatía con el atentado en plena vía pública contra Alberto Prieto Valencia, el empresario de los ramos comercio y transporte que el 29 de diciembre fue asesinado junto con su hija de 16 años de edad, por al menos 30 gatilleros que dispararon más de 200 balas con armas de grueso calibre.
Horas antes del mismo día una mujer murió en otro ataque directo en marisquería del centro comercial de Zapotlanejo, presenciando el atentado su hijo de 10 años de edad. Se trata de Esmeralda Janeth Fabián Díaz, alias “La Licenciada”, y según las autoridades había llegado a Guadalajara procedente de Tijuana, huyendo de represalias del Cártel de Sinaloa por traicionar a la facción de los Zambada.
Por si fuera poco en cuestión de violencia de alto impacto, el 4 de enero fue localizado sin vida el empresario tequilero Adrián Corona, presidente del Grupo Corona, quien estaba en calidad de desaparecido desde que el 27 de diciembre conducía por la carretera a Puerto Vallarta. Este hecho motivó la protesta de la Iniciativa Privada jalisciense por la secuencia de ataques atroces a hombres de negocios y el patrimonio de éstos.
Otro referente de la delincuencia apuntando hacia las actividades económicas es el estado de Michoacán con los sucesos recientes donde fueron víctimas los empresarios limoneros Bernardo Bravo, inmolado en octubre en la región de Los Tepetates, y Alejandro Torres Mora, asesinado y torturado en la zona de La Ruanda el 1 de noviembre de 2025. La planta productiva michoacana está secuestrada por la amplia variedad de cárteles locales.
Es difícil determinar en Sinaloa si la baja o nula incidencia de agresiones a empresas y empresarios se debe a operativos de la fuerza pública federal y estatal con enfoque a proteger a este sector, o tal vez a que el narco disputa sólo sus enclaves e intereses tradicionales, o bien que la IP adopta sus propios sistemas de autoprotección. Lo que sea, ojalá que las cosas sigan así porque ya es demasiado con las consecuencias que como sociedad estamos padeciendo sin deberla ni temerla.
Por fortuna en Sinaloa,
el narco no hace de ésas,
donde actúa como boa,
que engulle a las empresas.
De vuelta al alarde de armas de fuego que son disparadas contra inmuebles, gasolineras o que fríamente matan frente a clientes de taquerías, en Culiacán parece ser que la presencia de militares y policías se redujo numéricamente porque los sicarios andan por la ciudad como Juan en su casa, recalcando el dominio del crimen en la vía pública, centros de reunión y en las casas que rocían con plomo. ¿Hay la orden de retirada del Ejército, Marina y Guardia Nacional sin lograr la pacificación de Sinaloa?
