Provocación del Ejército a víctimas de la Guerra Sucia

    Cuando por fin parecían que se escuchaban los reclamos de las madres organizadas en grupos como Eureka, que tiene décadas buscando a sus hijos desaparecidos, o los ex militantes que fueron reprimidos, torturados, desaparecidos y envilecidos en prisiones militares, y cuando por fin arrancaría sus trabajos la llamada Comisión de la Verdad y Justicia, surge una clara provocación de los militares, de la boca del propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

    Miles de mexicanos han luchado durante varias décadas para exigir justicia por la represión militar y violencia estatal que padecieron en el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente en el periodo conocido como “Guerra Sucia” que se distingue porque el Estado mexicano diseñó estrategias y dio recursos humanos y financieros para exterminar a las organizaciones políticas o armadas que se empeñaban en cambiar la injusta realidad social que existía en el País.

    Cuando por fin parecían que se escuchaban los reclamos de las madres organizadas en grupos como Eureka, que tiene décadas buscando a sus hijos desaparecidos, o los ex militantes que fueron reprimidos, torturados, desaparecidos y envilecidos en prisiones militares, y cuando por fin arrancaría sus trabajos la llamada Comisión de la Verdad y Justicia, surge una clara provocación de los militares, de la boca del propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

    El titular de la Sedena anunció que “con orgullo les expreso que el propio Mandatario [Andrés Manuel López Obrador] autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida”, dijo el pasado 22 de junio en la ceremonia en el Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México, convocada para dar acceso a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por hechos ocurridos entre 1965 y 1990 a los archivos y documentos de las instituciones, incluido el Ejército y la Marina.

    Fue un acto emotivo al que asistieron decenas de víctimas de la Guerra Sucia y de la represión y otras modalidades de la violencia estatal que recibieron el anuncio del General Cresencio Sandoval como un balde de agua fría, una traición o un franco retroceso en la lucha de las víctimas por verdad y justicia.

    En la ceremonia habló Micaela Cabañas, hija del maestro rural y luego líder guerrillero de Guerrero, Lucio Cabañas. Su hija recordó que mientras su padre era perseguido a sangre y fuego por las montañas, el Ejército detuvo a su familia, incluida su madre, abuelos y primos. Era noviembre de 1974: “Y quiero decirles que ahí empezó nuestro calvario, cuando llegamos aquí [Campo Militar Número 1]: Mi madre fue torturada, fue violada y fue ultrajada, pero me defendía, porque dice que en las noches llegaban los militares y me tomaban de un pie y ponían una pistola en la cabeza y me decían: ‘Dinos dónde está Lucio’”. La familia de Lucio Cabañas pasó tanto tiempo detenida en esa instalación militar que Micaela Cabañas, que llegó de dos meses de nacida, dijo que ahí aprendió a caminar y a hablar.

    No debe permitirse que los militares que participaron en las acciones de persecución, represión, tortura, desapariciones y ejecuciones extraoficiales en la estrategia de contrainsurgencia desplegada por el Estado mexicano sean ahora condecorados y tratados como héroes de guerra. No lo son.

    Se les quiere exculpar porque supuestamente solo cumplieron órdenes de sus superiores, incluidos los altos mandos políticos.

    El mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador parece propiciar este perdón para los militares, que significa una clara provocación para las miles de víctimas de la Guerra Sucia y todo el repertorio de violencias estatales que padecieron. En su mensaje del pasado 22 de junio, a las afueras del Campo Militar Número 1, López Obrador dijo: “no debe olvidarse que la responsabilidad principal, incluso legal, recae en las autoridades civiles. Hoy lo repetí en la mañana, hablando de la represión del 68, la responsabilidad mayor o, mejor dicho, la orden de reprimir ¿la dio Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa, o Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de México? Pero, además, formalmente el Presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces. Actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las Fuerzas Armadas han estado vinculados, relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles”.

    Aunque sea cierto, fueron mandos militares que dieron órdenes y mandos inferiores y soldados rasos quienes cometieron imperdonables actos de represión y violencia. En la misma ceremonia, Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, recordó: “Desde esa zona de Lomas de Sotelo se emitió un telegrama a la comandancia de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Guerrero, ordenando, cito: ‘Ratifíquese orden y sentido de incrementar actividades a fin de localizar, hostigar, capturar o exterminar a las gavillas que operan en esa región debiendo utilizar el máximo de las medidas de seguridad’’’.

    “Exterminar gavillas” equivale a decir exterminio, desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Al amparo de esas órdenes los militares cometieron miles de actos infames de tortura y violencia, muchas veces ante presos ya indefensos.

    Como la tortura que padeció Juventino Campaña López, militante primero del Frente Estudiantil Revolucionario en Guadalajara, y luego integrante de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Estando detenido en el antiguo y ya desaparecido Penal de Oblatos, fue torturado nuevamente para que diera información sobre el paradero del ex Gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, secuestrado por otro comando de las FRAP en agosto de 1974. Juventino Campaña fue trasladado al cuartel militar del Cuarto Batallón de Infantería, en La Mojonera, Zapopan.

    “Los días que estuvimos en La Mojonera nos torturaron permanentemente. Se nos alojó en los baños, estaban sucios ex profeso, pues se nos metía la cabeza en ellos. El responsable de la policía militar me golpeó la cabeza contra el piso y por la parte de la nuca, golpe que me originó otra fractura en el cráneo. En otro momento de la tortura, entre dos torturadores me agarraron, uno de cada pierna y acostado de espaldas, ellos me golpearon indiscriminadamente en los testículos y la vejiga. A causa de la golpiza vomité bilis e hicieron que me la comiera”, según el relato que recoge Laura Castellanos en su libro México Armado (Ediciones ERA, 2008).

    Como este, se pueden recoger miles de testimonios de los graves actos de tortura y represión que los militares cometieron en sus instalaciones, o fuera de ellas. Por eso no deben ser premiados como héroes de guerra, como anunció el titular de la Sedena.

    Es una bofetada y un retroceso para la lucha por verdad y justicia que las víctimas de la Guerra Sucia vienen exigiendo desde hace varios años, como me dijo en entrevista Elda Nevárez, ex militante del Movimiento Armado del Pueblo y también detenida y torturada en el Campo Militar Número 1 en 1979: “Cuando se da la participación del Secretario de Defensa y nos dice que el Ejército siempre ha estado del lado del pueblo, que ha estado en defensa de esta nación, no le agradó a ninguno de los que estábamos presentes y menos el hecho de que se informara que va a haber un reconocimiento como héroes a los soldados que participaron en este periodo conocido como Guerra Sucia porque finalmente ellos son héroes porque cumplían con un deber, que atendieron órdenes tal como las recibían y que son miembros honorables y heroicos del Ejército. Esto nos causó un impacto enorme porque consideramos que estas declaraciones no son un avance, al contrario, son un retroceso en lo que ya habíamos avanzado respecto a esta búsqueda de justicia y búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos desde entonces”.

    El Gobierno de la Cuarta Transformación debe dar marcha atrás y desistir de premiar a los militares y concentrarse en ofrecer verdad y justicia para las víctimas de todas las violencias estatales.

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