Que la tortura no exista en ñühü ni en español: el caso de Diego y Silverio

En los últimos años, en el discurso oficial se ha instalado la narrativa de que la tortura ha sido erradicada en México; sin embargo la realidad en todos los estados del País evidencia lo contrario. Casos recientes, como el de Diego Bonilla y Silverio Reyes en Veracruz, son una muestra contundente de que esta práctica continúa siendo utilizada como método para investigar delitos, especialmente contra personas en situación de vulnerabilidad, y que quienes la perpetran gozan, en la mayoría de los casos, de total impunidad.

Hace poco más de dos años un hecho violento sacudió la comunidad indígena otomí de El Pericón, municipio de Texcatepec, en Veracruz. El 29 de mayo de 2023 un hombre fue asesinado. Diego Bonilla, otomí de 44 años, monolingüe, hablante de la lengua ñühü, fue testigo del asesinato de quien era su amigo. Al día siguiente fue llevado a la Fiscalía de Huayacocotla, en el mismo estado, donde fue víctima de tortura por parte de policías ministeriales con el fin de obligarlo a firmar una declaración falsa en contra de Silverio Reyes, otro miembro de su comunidad.

En ñühü no existe una palabra para nombrar la tortura. Y aunque Diego pudo relatar ante una intérprete oficial lo que le sucedió, su versión fue desestimada, tergiversada y traducida de forma incorrecta. Finalmente, las autoridades ignoraron su declaración sobre las agresiones de los policías y le hicieron firmar bajo coacción una declaración en español, la que utilizaron como única prueba para procesar a Silverio.

Diego, con el apoyo del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, de Radio Huayacocotla “La Voz Campesina” y del Centro Prodh, denunció prontamente la tortura. Lamentablemente, como es una práctica común, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación, pero no ahondó en la misma y en mayo de 2025, sin agotar pruebas clave, ordenó el cierre de la carpeta, perpetuando la práctica de la tortura como método de investigación.

Adicionalmente, esas pruebas obtenidas bajo tortura fueron las que llevaron a que, durante más de dos años, Silverio Reyes permaneciera injustamente privado de su libertad. Su liberación, dictada el pasado 9 de julio por el juez Raymundo Torres Martínez, fue posible gracias a la resistencia y cohesión de su comunidad, al acompañamiento de su familia y a la determinación de Diego de sostener su testimonio de lo que había vivido durante el juicio. La decisión fue clara y el Juez se pronunció sobre la falta de pruebas lícitas presentadas por la Fiscalía del Estado.

Hoy, además de celebrar la libertad de Silverio, reconocemos la decisión de Diego de continuar exigiendo que los hechos de tortura no queden en la impunidad y que sean sancionados. “Quiero justicia, quiero una justicia blanca, no quiero que me maltraten como me hicieron. Por eso llegué a Xalapa, nunca había estado aquí (...) y estoy aquí aunque tenga miedo, es cansado, pero aquí estoy (...) Las personas que me están apoyando, me están ayudando porque ellos también buscan justicia”, expresó en una entrevista en su lengua ñühü.

Sin duda, la resolución judicial a favor de Silverio contribuirá a fortalecer la denuncia de Diego, ya que el juez no pasó por alto su declaración. Requirió a la Fiscalía del Estado de Veracruz actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables, y garantizar justicia tanto para Diego como para las víctimas directas de los hechos del 29 de mayo de 2023. Señaló, además, que se violaron los derechos a los pueblos y comunidades indígenas involucradas, al no adoptarse una perspectiva intercultural, como lo exige el marco nacional e internacional.

Esto no es menor, en un país donde la tortura se utiliza de manera generalizada -aún en las administraciones recientes-, el análisis profundo y la obligación de excluir cualquier prueba obtenida bajo tortura por parte de las autoridades judiciales será sin duda cada vez más relevante de reconocer en un país donde el discurso y la normativa punitivista ha ganado terreno y donde la elección de jueces puede llevar a premiar al mismo.

A esto se suma que, la oficina de la omburdsperson -a cargo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura- afirma que en el país hay “cero tolerancia a la tortura”, pese a los señalamientos de distintos organismos internacionales, o de organizaciones especializadas como la Organización Mundial contra la Tortura e, incluso, pese a las cifras oficiales. En particular, de acuerdo con el Informe Nacional del Registro Nacional del Delito de Tortura 2025. Tan sólo el estado de Veracruz concentra 3 mil 331 expedientes abiertos por tortura de 2018 a 2024, convirtiéndolo en la entidad federativa con más casos reportados a nivel nacional en el periodo, según el Registro. Las personas indígenas representan el segundo grupo en situación de vulnerabilidad con más casos de tortura en su contra con 819 casos a nivel nacional registrados, lo cual tiene impactos a niveles individuales y comunitarios.

Hoy, las y los pobladores de El Pericón se mantienen unidos para apoyar a Diego, quien no ha dejado de señalar los impactos que la tortura tuvo en él, en su familia y en su comunidad. “Cuando salí de la Fiscalía, me senté, me quedé pensando ‘que voy hacer’. No tenía hambre, tenía miedo, no tenía fuerza. Pero con el favor de Dios, mi mamá, mi esposa y los curanderos me curaron. Poco a poco me recuperé, recuperé mi carne, recuperé algo de mi sangre porque la había perdido (...) Llegaré hasta donde sea”.

Desde el Centro Prodh, Radio Huayacocotla y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, reiteramos que casos como el de Diego y Silverio demuestran que esta práctica sigue siendo utilizada para fabricar culpables y que, contrario al objetivo de la justicia, no garantiza el acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas de los delitos.

La impunidad estructural perpetúa un sistema que aprovecha, niega, minimiza y encubre esta práctica. En ello radica la relevancia de investigar y analizar las denuncias de tortura con seriedad y responsabilidad, la mayoría en contra de elementos de las fiscalías locales, para que se sancionen a los responsables de esta práctica, y se adopten garantías de no repetición. Sólo así podremos avanzar hacia un país donde la tortura no exista ni en ñühü ni en español ni en ninguna otra lengua o territorio.