Qué quiere y qué no quiere la sociedad del ejército, nueva evidencia

En la parte final de un curso sobre militarización y militarismo apenas llevado a cabo, diseñado por el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX en colaboración con Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), nos presentaron nueva evidencia empírica -aún no publicada- sobre la percepción social hacia las Fuerzas Armadas (Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica-Altica).

Nueve de cada diez personas acepta que el ejército debe participar en la atención a casos de desastre, la defensa del país ante una amenaza militar extranjera y el combate el narcotráfico y el crimen organizado; la mitad de las personas encuestadas cree que deben combatir el crimen común, pero 42 % cree que debe construir infraestructura, 38 % cree que debe mantener el orden público en casos de protesta social, 29 % acepta que debe administrar empresas de gobierno, 26 % que debe participar en el servicio público en áreas económicas y políticas y cae hasta 15 % la aceptación social de que miembros del ejército sean candidatos en elecciones para diputados, senadores, gobernadores y alcaldes; por último, solo el 14 % acepta que deben ser candidatos en elecciones presidenciales. Lo anterior con respecto a la población en general de todo el país mayor a 18 años.

Pero además se nos mostró evidencia de que “el discurso militarista en la polarización sexenal” se alineó con las posturas confrontadas, de manera que “la posición social sobre las políticas públicas depende de la simpatía política y no al revés”. Es decir, cuando se está con la llamada 4T se opina a favor de la ocupación militar de funciones que no les corresponden y al revés cuando se está a favor de la oposición. También se nos mostró una encuesta internacional según las cual “se ha debilitado la imagen del ejército por el propio desgaste político” (Latin American Public Opinion Project -LAPOP).

Sabemos más sobre el ánimo social frente al ejército gracias al esfuerzo creciente de investigación que actores independientes diversos están haciendo. Iremos entendiendo qué quiere y qué no quiere la sociedad respecto a las fuerzas armadas, pero además avanzaremos en la perspectiva local, levantando evidencia en las entidades federativas e incluso en regiones específicas al interior de ellas, ya que en algunas hay indicios de diferencias importantes.

La relevancia de esto es evidente, habida cuenta de que las Fuerzas Armadas y la Presidencia de la República, sexenio tras sexenio, renuncian sistemáticamente a deliberar el desempeño militar en clave de auténtica rendición de cuentas, justificando sus roles una y otra vez en el apoyo popular. Ese apoyo tiene matices, como se confirma en las cifras citadas y además es cambiante a consecuencia del desgaste.

Y también es importante descifrar el ánimo social porque la clase política se viene alineando a favor del militarismo, usando a las instituciones castrenses como válvula de escape ante la presión derivada de la incompetencia de los gobiernos civiles electos (es la sequía de instituciones civiles de la que habla el especialista Wolf Grabendorff).

Es abrumadora la mayoría que acepta ciertos roles militares y es abrumadora la mayoría que no acepta otros. ¿Estamos a tiempo de sujetar a controlar democrático las primeras y de impedir las segundas? Si bien crece el cheque en blanco que le vienen dando el poder civil al militar, todo indica que el incremento de la evidencia empírica nos enseñará que la sociedad no está dispuesta a endosar ese cheque.

Una posibilidad es que esa clase política decida favorecer el militarismo incluso por encima, a pesar y en contra del ánimo social, sin reparo en el impacto diferenciado asociado al desgaste del despliegue masivo y la incontenible multifuncionalidad castrense. Al respecto, basta recordar que nadie votó por el militarismo de López Obrador que viene instalando un cogobierno de facto civil y militar.

Las contradicciones se agudizan también para las fuerzas armadas. ¿Qué sigue?