¿Qué va a pasar cuando los soldados se vayan de Sinaloa?

09/02/2026 04:00
    El despliegue militar en Sinaloa es una medida temporal que no resuelve la violencia estructural. Sin fortalecimiento institucional local, depuración policial y la recuperación de la confianza ciudadana, la retirada de soldados reproducirá el ciclo de inseguridad ya observado en otros estados.

    Para atender la crisis de violencia que se vive en Culiacán, Mazatlán y otras localidades de Sinaloa, el Gobierno federal desplegó mil 600 militares para reforzar las acciones de seguridad, los cuales se suman a los 3 mil militares enviados en diciembre y a los 10 mil que ya se encontraban en la entidad. La apuesta es simple: a mayor despliegue de efectivos, menor será el margen del crimen organizado, lo cual debería en teoría propiciar la pacificación del estado.

    Sin embargo, el despliegue de efectivos en zonas afectadas por la violencia no siempre ha tenido un efecto en favor de la pacificación. De hecho, en no pocas ocasiones ha sucedido lo contrario, que la presencia de más soldados aumenta los enfrentamientos y por tanto, se incrementa la violencia. Existen muchos trabajos académicos como los de Fernando Escalante, José Merino, Laura Atuesta, Carlos Pérez Ricart o Alejandro Roa, que han documentado la relación entre operativos y el incremento de los homicidios en las zonas en donde se despliegan los operativos.

    No se trata de argumentar que las autoridades no deben de enviar efectivos a las zonas afectadas, sino de entender que la sola presencia de más militares no es suficiente para atender un problema profundo como el de la violencia en Sinaloa.

    Además, se debe entender que el envío de más militares es por definición una solución temporal, ya que lamentablemente se ha tenido la práctica de que cuando en una entidad incrementa la violencia, las autoridades federales envían a más soldados, pero luego la situación se agrava en otra entidad y mandan a esos mismos efectivos a atender la siguiente crisis.

    Por tanto, se trata de respuestas de corto plazo que nunca resuelven el problema de fondo. Así pasó, por ejemplo, en Michoacán en 2006-2008, después en 2013-2014 y ahora de nuevo en 2025-2026; tres periodos de envíos masivos que no lograron un cambio significativo en los niveles de seguridad en dicha entidad.

    La razón por la cual los envíos de militares son pocos efectivos es que nunca se desarrollaron capacidades institucionales locales para hacer frente al crimen organizado. Es decir, no se fortalecieron a las corporaciones locales de seguridad, no se limpió de corrupción a las instituciones locales y no se generó confianza en la ciudadanía para hacerlos copartícipes en la reducción de la violencia y la criminalidad.

    Por ello aún asumiendo que el envío de efectivos vaya a tener un impacto significativo en la pacificación de Sinaloa, en algún momento estos soldados dejarán Sinaloa y es importante tener claro cómo será atendido el problema de la violencia cuando los elementos ya no se encuentren en la zona.

    Ya que una estrategia integral de atención al problema de la violencia en zonas complejas como Sinaloa, debería al menos contener elementos como los siguientes:

    Depuración de los cuerpos locales de seguridad, para prescindir de los elementos que se han corrompido y trabajan para las organizaciones criminales.

    Fortalecimiento de estas corporaciones, con capacitación, contratación de más elementos, incentivos, mejor equipamiento, armamento y tecnología.

    Generación de esquemas de inteligencia que permitan dar un seguimiento puntual a las organizaciones generadoras de violencia y a sus liderazgos.

    Estrategias para recuperar la confianza ciudadana y promover la cultura de la denuncia.

    Medidas para romper los vínculos sociales que genera el crimen organizado y afectar sus redes de reclutamiento.

    Limpiar las redes de protección política de las organizaciones criminales y sancionar a los funcionarios corruptos.

    Fortalecimiento de la Fiscalía del Estado, para que se construyan mejores investigaciones que permitan encarcelar a los generadores de violencia.

    Llevar a cabo acciones para la recuperación del tejido social y rescate de los espacios públicos.

    Atacar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.

    Crear mecanismos de coordinación entre las autoridades de seguridad de la Federación, el estado y los municipios.

    Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: victorsanval@gmail.com.