Las ganancias de capital son las utilidades que se obtienen al vender cualquier tipo de activo como, por ejemplo, las acciones, aquellas partes en las que se divide una compañía y que pueden ser comerciadas en la Bolsa de Valores; dicho de otro modo, es el monto que se obtiene por vender un activo a un precio superior al que se adquirió.
A pesar de sus consecuencias considerables en términos redistributivos, este último es un impuesto que se ha pasado por alto en la discusión sobre la progresividad de los impuestos en México por lo que vale la pena ampliar su discusión.
Después de que fuera promovido por diversas autoridades desde los años sesenta del siglo pasado, un impuesto del 10 por ciento a las ganancias de capital por fin se hizo vigente a partir de 2013 con la reforma fiscal de Peña Nieto. Las razones que se argumentaron en su momento fueron las de incrementar la justicia fiscal, disminuir la evasión y contar con fuentes de ingresos públicos adicionales.
A pesar del relativo éxito que supuso el hecho de incorporar al sistema fiscal este impuesto, en términos de progresividad se quedó corto en por lo menos dos aspectos. En primer lugar, tiene una tasa marginal que, de hecho, es la más baja de entre los países de la OCDE que lo cobran. En segundo lugar, las ganancias de capital no se incorporan al resto de los ingresos percibidos, lo que implica que no se considera la verdadera capacidad económica de las personas en el cobro de sus impuestos.
La injusticia de este diseño se vuelve más evidente cuando se compara con las tasas impositivas sobre los impuestos al trabajo: la diferencia entre la tasa máxima de impuestos sobre la renta de personas trabajadoras y la tasa impositiva a las ganancias de capital es de 25 por ciento; esto es, aunque obtengan los mismos beneficios, las y los dueños de las acciones pagarán muchos menos impuestos por la naturaleza de sus ingresos.
Cabe mencionar que este trato diferenciado no solo es injusto, también es económicamente ineficiente. Así, el que los impuestos al capital sean más bajos genera un incentivo para quienes pueden negociar los términos de sus salarios (normalmente puestos altos ejecutivos) a percibir sus retribuciones en forma de acciones, que después pueden transformar en ganancias de capital, una práctica de elusión fiscal bastante extendida en diferentes países.
El espacio para incrementar este impuesto es amplio: su efecto recaería en muy pocas personas, ya que se estima que en México sólo 7 personas de cada mil reciben ingresos bajo este concepto; además, la actividad financiera no se ha visto afectada desde la instauración de los impuestos a las ganancias de capital.
Por todas estas razones, desde Fundar hemos propuesto incrementar las tasas a las ganancias de capital. Esta propuesta tendría al menos que ser discutida en el contexto de la próxima reforma fiscal: igualar las tasas impositivas del capital y el trabajo es fundamental para apuntar hacia una mayor equidad fiscal y un país menos desigual.
Emmanuel Ramírez es investigador en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico
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