Sinaloa lleva semanas bajo una ola de violencia derivada del enfrentamiento entre distintas agrupaciones criminales que tienen su centro de operaciones en ese estado. En su momento, al preguntarle al respecto al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que “puede ser resultado de las acciones del Gobierno de los Estados Unidos”, refiriéndose a la captura (¿extracción, secuestro, entrega?) de uno de los capos de la droga del País y presunto socio de Joaquín Guzmán Loera, Ismael “El Mayo” Zambada, lo cual causó controversia entre analistas y políticos de Oposición.
Sin embargo, considero que la declaración de López Obrador tuvo un punto importante y me explico: desde el inicio de la guerra contra las drogas promovida por el Gobierno estadounidense, una de las piezas fundamentales ha sido la Kingpin Strategy. Dicha táctica consiste en la detención de líderes criminales con el objetivo de debilitar las estructuras de las organizaciones delictivas a las que pertenecen (1). Según el analista Carlos Pérez Ricart, estas capturas se convirtieron en un fin en sí mismo y no en un medio para enfrentar el tráfico de drogas y detener la violencia que regularmente acompaña a esta actividad. El error fundamental de esta visión recae en que asume que estas agrupaciones, bautizadas por la DEA como “cárteles de la droga”, son verticales y homogéneas y no organizados a partir de redes (2), como comúnmente son, por lo que la ausencia del líder irrumpiría efectivamente el resto del desarrollo de las actividades de la organización.
Con la decisión del Presidente Felipe Calderón de enfrentar frontalmente a los grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de droga en México, y con el apoyo del Gobierno estadounidense, era previsible también la adopción de esta estrategia. En este contexto, si algo le sobraba a México eran los mitificados líderes del tráfico de drogas, por lo que la estrategia prácticamente se justificaba por sí sola ¿quién se iba a oponer a la necesidad de realizar operativos para detener líderes violentos y peligrosos como Joaquín Guzmán o Ismael Zambada? (Ahora los dos presos en los Estados Unidos).
Pero pronto fue visible en México que, como una consecuencia no esperada de la Kingpin Strategy, se produjo el incremento de la violencia en los territorios donde la agrupación del líder capturado tenía presencia (3). A reserva de comprobar que efectivamente esta es la explicación para la ola de violencia actual en Sinaloa, si se trató de un operativo del Gobierno estadounidense sin el conocimiento y consentimiento del Gobierno mexicano, además de los problemas diplomáticos que esto implica, deja al Gobierno mexicano en total vulnerabilidad sin capacidad de reaccionar de manera inmediata a la violencia desatada de los grupos criminales en Sinaloa.
Las autoridades mexicanas aprendieron del fracaso del primer intento de captura de Ovidio Guzmán en un episodio conocido como “el culicanazo”. En esa ocasión, una violenta reacción de civiles armados impidió la captura de Guzmán, presunto líder de un grupo criminal sinaloense. En un segundo operativo que se llevó a cabo con mayor preparación y con las fuerzas del Estado listas para repeler cualquier agresión, finalmente se logró su detención.
En el caso de Zambada, sin embargo, las autoridades no recibieron ninguna advertencia que les permitiera prepararse para la ola de violencia que siguió a su captura. No fue sino hasta varios días después que el Gobierno reaccionó para intentar reducir la violencia (4).
Sin pretender eximir a las autoridades en su responsabilidad en el deterioro de la seguridad en el País, podría argumentarse que un presunto operativo realizado por el Gobierno estadounidense para capturar a un líder de un Grupo de la Delincuencia Organizada (GDO) en México es causa inmediata del incremento de la violencia en Sinaloa. Lamentablemente, el secretismo y desinformación en torno a lo sucedido por ahora solo deja espacio para formular conjeturas y en el peor de los casos, especulaciones.
En otra declaración, López Obrador afirmó que lo importante era “evitar que se enfrenten los grupos que están en pugna” (5), pero ¿esto basta para pacificar Sinaloa? Esta declaración invita a pensar dos situaciones: primera, que ya no existan grupos que disputen mercados criminales o, segunda, que exista un grupo dominante con un liderazgo centralizado al cual nadie le dispute su poder ni los grupos rivales ni las fuerzas federales.
El primer escenario es deseable, pero actualmente una utopía, ya que no es previsible en el corto o mediano plazo una completa neutralización de las agrupaciones delictivas que actualmente asfixian Sinaloa.
De manera pragmática, lo que por ahora pueden optar las autoridades es al segundo escenario, aunque dicha medida sea criticada de únicamente administrar la violencia. Pensar en este escenario también tiene lógica y el caso de Sinaloa es un claro ejemplo: la ausencia de conflictos entre grupos suele traducirse en periodos de baja violencia homicida (al menos en comparación con otras regiones del País), lo que permite que las actividades criminales como el tráfico de drogas se desarrollen con menos obstáculos. Es probable que esto era lo que López Obrador tenía en mente cuando afirmó que había que evitar que los grupos se enfrenten.
Sin embargo, esta idea parte de un error: asumir la existencia de “los cárteles de las drogas” en los términos dominantes. Son varios analistas quienes han señalado los errores en los que se pueden incurrir al usar el término “cártel” (6): la idea de que grupos rivales se organicen para reducir o eliminar la competencia es inexistente, ya que como dice el investigador Luis Astorga (7), lo que tenemos es un “campo delictivo donde predomina, en la actualidad, una estructura oligopólica, conformada por organizaciones y coaliciones de distinto tamaño y composición en competencia permanente por la hegemonía”, en otras palabras, tenemos un conjunto de interacciones ilegales entre distintos sujetos sociales que se estructuran alrededor del tráfico de drogas. Confiar en que la violencia disminuirá bajo el control de un solo grupo ignora la realidad.
Con o sin intervención estatal, los acuerdos de convivencia y cooperación establecidos entre representantes de grupos delictivos son endebles y pueden romperse en cualquier momento por el estado de permanente competencia en el que están, lo que desata conflictos violentos por el control de los mercados criminales. Además, la intervención estatal es y debe ser una constante, ya que las autoridades no pueden renunciar al ejercicio de la función de seguridad con el pretexto de evitar que grupos entren en conflicto.
La solución, sin duda, no es sencilla pero no podemos esperar a que la “situación se normalice” en Sinaloa, ya que, sin la acción de las autoridades, esa normalidad significa la continuidad de la entidad como ese centro de operaciones de un grupo dominante, es decir, un polvorín a la espera de la próxima chispa que comience una nueva ola de violencia.
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El autor es Gerardo López García, licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
1. Pérez Ricart, Carlos (2019). “La Kingpin Strategy: ¿qué es y como llegó a México?”, Nexos.
2. Correa-Cabrera, Guadalupe (2023). “Perspective: The Myth of the Mexican Cartels”, Small Wars Journal.
3. Calderón, Gabriela et al. (2015). “The Beheading of Criminal Organizations and the Dynamics of Violence in Mexico”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 59(8), Sage.
4. Velázquez, Iris (21 de septiembre de 2024). Envían 600 militares a reforzar seguridad en Sinaloa. Reforma.
5. Conferencia de Prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 18 de septiembre de 2024.
6. Zavala, Oswaldo (2018). Los cárteles de la droga no existen: Narcotráfico y cultura en México. Malpaso.
7. Astorga, Luis (2012). El siglo de las drogas, Grijalbo.
