Quieren censura
La Presidenta desea aplicar lineamientos especiales a las 3 mil 204 estaciones de radio y televisión porque “la ciudadanía, el pueblo, tiene derecho al acceso a la información”. En realidad, está creando un mecanismo para someterlas a la voluntad de Palacio.
La esencia de la jugarreta está en el mecanismo de apelación. Ante cualquier omisión o desatención por parte del defensor o del medio, la persona que se considere afectada puede recurrir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, subordinada a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dirigida por José Merino Peña (Pepe Merino), una de las personas más leales a la Presidenta y uno de los funcionarios más opacos del régimen.
Merino nunca ha aceptado presentarse ante el pleno del Senado ni ante el de la Cámara de Diputados. Tampoco ha comparecido frente a alguna de sus comisiones. En marzo de 2025 se reunió con los titulares de tres comisiones del Senado: Susana Harp, de Ciencia; Luis Donaldo Colosio, de Derechos Digitales; y Rolando Zapata, de Inteligencia Artificial. Se desconoce qué se habló durante esa reunión.
Las mañaneras confirman la vocación controladora. Si están tan preocupados por defender el derecho de las audiencias a la información, ¿por qué no han designado un defensor para ellas, con un programa diario producido por la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia y transmitido por varias televisoras, entre las que está Canal Once? Su ausencia es clave porque las mañaneras están repletas de información, y de afirmaciones de dudosa consistencia que merecerían a un defensor confiable por su eficacia e independencia.
A los defensores de la audiencia de Canal Once los ha nombrado el gobierno en turno. Ejemplificaré su inoperancia con el caso de Gerardo Estrada Rodríguez, un funcionario con verbo progresista y columna vertebral de plastilina.
El 30 de septiembre de 2024, Renata Turrent, quien al día siguiente asumiría la Dirección de Canal Once, se presentó ante los panelistas de Primer Plano diez minutos antes de iniciar la grabación. De manera atropellada, y con una mirada perdida en la nada, nos informó que ese sería el último programa, pese a que registraba buenos niveles de audiencia y estaba a punto de cumplir 25 años.
El Once tenía a Estrada Rodríguez como defensor de la audiencia. Una semana antes, tras detectar una campaña de difamación de youtuberos cercanos a Palacio que exigían el cierre del programa, presenté un escrito a la dirección y al defensor. Les solicité que me informaran si aquella campaña de difamación podría influir en el destino del programa. La respuesta de ambos fue un desdeñoso silencio. Ante ello, los abogados de Artículo 19 presentaron una demanda formal que sigue empantanada en tribunales.
En la práctica, el Canal Once y los otros integrantes del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano están controlados por dos funcionarios -Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil- que lo han transformado en caja de resonancia de la publicidad oficial. Si a eso le añadimos la opacidad de la ATDT, la castración de la CNDH y la desaparición del INAI, resulta natural desconfiar del arrebato libertario de la 4T que impregna la prosa generada por la presidenta, por Luisa María Alcalde y Ricardo Monreal, entre muchos más.
Lo que verdaderamente les preocupa es su incapacidad para controlar la narrativa; no logran silenciar a la prensa independiente. Las encuestas nacionales coinciden en que la Presidenta cuenta con la aprobación de una mayoría, pero también que un porcentaje similar reprueba sus políticas para combatir la corrupción y la violencia criminal.
Otra muestra de la incapacidad oficial para controlar la conversación pública aparece en un estudio del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford: Mapping News Creators, de Nic Newman et al., publicado el 28 de octubre de 2025. Las siete personas más seguidas en X se dividen entre quienes critican a la 4T y quienes la defienden. Los críticos -Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga y Adela Micha- suman 32 millones de seguidores; los partidarios de Morena -Edwin Granados y Juncal Solano- alcanzan apenas 9.4 millones.
Como son incapaces de convencer, ahora quieren censurar.
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Colaboraron Elena Simón Hernández y Paloma Romano
