Rearmar el Sistema Estatal Anticorrupción
Tres mujeres al CPC, lupas de la sociedad
Es de esperarse y también importante que se registren excelentes perfiles de mujeres para formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, porque de ese interés y preparación depende la posibilidad de destrabar el funcionamiento del órgano que tiene a su cargo fomentar e implementar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Hoy mismo debería desplegarse una campaña para convencer a que se involucren las que tengan convicciones y estén libres de conflictos de interés.
El mes próximo será buen tiempo para empezar a tomar cartas en el asunto desde la trinchera cívica, ya que, según la convocatoria publicada el reciente 12 de diciembre, se abre la etapa de postulaciones del 9 al 27 de enero para proponer a integrantes del CPC, entrando el proceso a la fase crucial que, dependiendo de los resultados, será factor de credibilidad o desconfianza, así, sin necesidad de rodeos.
De la decisión de participar o continuar apáticos depende que las cosas cambien en favor de la rendición de cuentas y cualquier individuo o grupo pueda saber en el momento que quiera cómo se gasta el dinero que aporta vía impuestos. Solamente con personas capaces y decididas a enfrentar vicios tan enquistados en el gobierno será posible despertar al SEMAS del letargo de las desidias.
Por fortuna, esta vez existe el piso parejo en el Comité de Selección, pues recientemente el Congreso del Estado integró en el ala ciudadana las voluntades de Jorge Rubén Ibarra Martínez, Daniel Elizondo de la Torre, Flavio Herrera Verdugo y Jesús Alexander Quiñónez, que prometen bastante en el cuidado del método y derivación para fortalecer al CPC y encarrilarlo a mayor autonomía, eficacia y confianza, sin existir mucho tiempo para seguir experimentando.
En caso de que las mujeres capaces a integrar el CPC decidan declinar a la participación, le estarían dejando la cancha libre a actores y factores de poder que se sitúan en espera de que falle el ejercicio ciudadano para poder colocar a sus incondicionales y reeditar el ciclo fallido del principal motor del SEMAS. Y ni qué decir cuando el Comité de Selección se vea obligado a decidir con lo malo que hay y no a escoger entre lo mejor.
Aquí es donde cabe el llamado a la sociedad sinaloense para involucrarse más en las acciones de contención y sanción de la corrupción, dejando de ser parte del problema y transitando a empujar las soluciones. En apego a la realidad, a los funcionarios que cometen delitos contra las finanzas públicas les ha resultado demasiado fácil librar el castigo porque a pesar de que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa entró en vigor en junio de 2017, más de cinco años después brilla por su ausencia el brío cívico para impedir que sea letra muerta.
A veces pareciera que la moralización de la cosa pública va a paso de cangrejo. En la parte ciudadana la corrupción prevalece tanto en el solicitante de licencia para conducir que acepta pagar para evadir el examen de manejo automovilístico, como en la compañía constructora que accede a dar “moches” para adquirir ventajas en los procedimientos de asignación de obras públicas. Corrompe el que da “mordida” con tal de evitar que el policía de tránsito expida la correspondiente boleta de infracción, e igual el empresario que le mete sumas económicas a eludir la lentitud de las ventanillas de trámites.
En el lado del servidor público la mesa está servida para que la corrupción se alimente a placer, ofreciendo además la impunidad como digestivo. Las viandas de descomposición, ilicitudes y simulaciones las estamos sirviendo los sinaloenses a los famélicos comensales de peculados, cohechos, defraudaciones y demás ataques a la economía pública. Al ver pasar estos delitos desde el balcón de la indiferencia es enorme el bufet ilegítimo que les prodigamos.
A Sinaloa le urge el acuerdo general para que la honestidad en el desempeño de la función pública deje de ser la alocución predilecta en los pódiums gubernamentales y pase a concretarse con el compromiso de todas las partes involucradas en el sistema anticorrupción. Ya no se vale que el fingimiento oficial y la dejadez social prosigan como puntos ciegos en los cuales la lupa social no alcanza a vigilar, mucho menos si las layes que ya existen y el sistema anticorrupción se adhieren a la abulia consensuada.
En alrededor de tres semanas los hechos estarán disponibles para analizar qué fue lo que pasó. Nunca deberíamos adelantar vísperas y mucho menos cuando hay infinidad de trayectorias que le vendrían muy bien al SEMA, sin embargo, de algo sirve anticipar las consecuencias si como ciudadanos otra vez determinamos la apatía como forma de protesta, así sea la manera perfecta de normalizar el fiasco en ciernes del sistema anticorrupción de Sinaloa.
Si el CPC requiere una horma,
Que busque entre sus reseñas,
El ejemplo de una tal Norma,
Sánchez, para mayores señas.
Encomiables las reformas al Código Penal y Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, homologando la norma local a la federal, para castigar hasta con 60 años de prisión a personas que comentan feminicidio y sancionar con 5 a 8 años de cárcel a funcionarios que filtren información sobre carpetas de investigación y expedientes judiciales. ¿Y la impunidad qué? A los delincuentes ninguna posible sentencia los atemoriza sabiendo que solamente en uno de cada 100 casos la justicia hace lo que debería hacer en todos: dura lex. Lo impostergable es sacar las letras del papel y traducirlas en escarmientos.
