Reconstruir la seguridad desde las instituciones: lista de deseos para 2026
En el Proceso Electoral Extraordinario (PEE) de junio de 2025 se eligieron 1,081 jueces y magistrados estatales en 19 entidades federativas. Este número equivale a un tercio del total de la judicatura local en México.
Hablar de seguridad en México es hablar del dolor que atraviesa al país: de las familias que siguen buscando a sus desaparecidos, de las madres que no encuentran justicia para sus hijas, de las policías que trabajan sin respaldo, sin equipo y sin protección, de comunidades enteras sometidas por criminales que gobiernan más que el propio Estado.
Pero también es hablar de algo mucho menos vistoso y mucho más decisivo: instituciones. Por brutal que suene, México no fracasa en seguridad porque “sea un país violento”, sino porque sus instituciones llevan años fallando en lo más básico: formar, supervisar, evaluar, corregir, proteger.
Por eso, Causa en Común presenta una agenda para cerrar este año con algo más que indignación.
Lo que proponemos es simple de decir y difícil de ejecutar: reconstruir las instituciones de seguridad pública y justicia desde sus cimientos, lo indispensable si queremos que 2026 no sea un año más de excusas y tragedias.
La primera prioridad es la reconstrucción institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Proponemos que el Secretariado Ejecutivo y el Consejo Nacional recuperen su función técnica: definir criterios claros para distinguir a la seguridad pública de la seguridad nacional, auditar registros en posesión de las instituciones de seguridad y justicia, diseñar indicadores de desempeño y dar seguimiento puntal al uso de recursos federales y al cumplimiento de acuerdos, en ambos casos sancionando los posibles incumplimientos.
En la práctica eso significa desarrollar un programa nacional de depuración de policías, fiscalías y penales; un registro nacional del personal con seguimiento por género, rango y certificación, y auditorías de la calidad de la información para detectar anomalías y manipulación de la estadística sobre incidencia delictiva.
La profesionalización y las condiciones laborales del personal de seguridad y justicia son el segundo eje.
En el caso de las policías imprescindible diseñar esquemas de carrera, homologar salarios y prestaciones y garantizar seguridad social y acceso a servicios de salud mental.
Proponemos la creación de un Fondo de Aportaciones para la Seguridad Social, protocolos de atención psicológica temprana y políticas que incorporen de forma obligatoria la perspectiva de género en formación, códigos de conducta y procesos disciplinarios.
La prevención de la corrupción y la fuga de talento empieza por ofrecer condiciones de trabajo dignas y mecanismos efectivos de supervisión interna.
En la Fiscalía y el Poder Judicial las reformas deben apuntar hacia la prevalencia de su autonomía, la meritocracia y la capacidad técnica de su personal.
Recomendamos fiscalías con mandatos transexenales, mecanismos colegiados para designaciones y remociones de sus titulares, la creación de unidades de análisis criminal y de una Ley Nacional de Carrera Judicial que profesionalice el acceso y la promoción de jueces.
También proponemos una Ley General de Servicios Forenses y centros regionales de identificación humana para romper cuellos de botella que impiden esclarecer crímenes y entregar justicia y verdad a las víctimas.
Las cárceles son otra pieza del rompecabezas: recuperar el control de los penales, certificar su operación, ampliar su capacidad y dignificar las condiciones de vida en su interior, son todas tareas urgentes.
La agenda incluye la creación de planes integrales de reinserción social y la reversión de reformas que facultan al Ejecutivo a otorgar amnistías sin mecanismos que protejan a víctimas y sociedad.
En materia de Fuerzas Armadas y su papel en la seguridad pública, planteamos un plan de repliegue y desmilitarización que recupere las competencias civiles perdidas y construya una policía federal civil plenamente capacitada.
Donde la presencia militar sea necesaria, esta debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada.
Además, proponemos transparencia del gasto militar y revisión constitucional para delimitar sus responsabilidades en tiempos de paz. La seguridad democrática exige instituciones civiles fuertes.
La desmilitarización no implica abandonar la lucha contra la delincuencia común y la organizada.
Al respecto, proponemos reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, invertir en aduanas y resguardo de armas, y colaborar estrechamente con el gobierno de los Estados Unidos para desarticular redes transnacionales.
En drogas proponemos transitar hacia la regulación sanitaria y la despenalización gradual del consumo, junto con centros comunitarios de rehabilitación y campañas públicas enfocadas en la prevención y el consumo responsable.
Finalmente, la prevención y la pacificación deben ser políticas de largo plazo: inversión en municipios golpeados por la violencia, programas de desarrollo local, justicia transicional para casos emblemáticos y campañas masivas por la legalidad y la igualdad de género.
Nada de esto se logra sin recursos: las propuestas insisten en presupuestos multianuales y en recuperar y ampliar fondos como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).
Nada de esto es glamoroso. Nada de esto da aplausos fáciles. Y sin embargo, es exactamente lo que un país roto necesita. Responder “¿qué proponen?” no exige ingenio, exige responsabilidad. Proponemos instituciones que dejen de simular.
Proponemos dejar atrás los atajos y ocurrencias. Proponemos lo que a nadie entusiasma, pero lo que a todos nos urge: reglas, profesionalización, datos, controles, auditorías, personal policial protegido, fiscalías capaces, penales seguros y un Estado que por fin haga su trabajo.
Esta es la lista de deseos con la que Causa en Común cierra el año. Una lista para un país que quiere avanzar, que quiere sanar y que quiere instituciones que le respondan. Porque cuando la seguridad deja de ser un campo de batalla político y se convierte en un proyecto común, todos ganamos.
