¿Régimen de excepción para Vargas?
Solapar corrupción por narcoguerra

A los mismos que haya o no violencia derivada del choque en el narcotráfico proponen la impunidad obsequiada a servidores públicos involucrados en delitos de corrupción, los que dicen que ahora todo debe concentrarse en recuperar la seguridad pública y establecer el régimen de excepción de la Ley en lo demás, les molestó bastante que el Congreso del Estado le retirara el fuero a Gerardo Vargas Landeros y designara a un Alcalde sustituto en Ahome, para que el hoy depuesto Edil responda ante la justicia por la renta sin licitar y opaca de 126 vehículos por 171 millones de pesos.

Si bien es cierto que a Vargas Landeros se le adjudica un proyecto político el cual sacaría adelante con o sin el apoyo del Movimiento Regeneración Nacional, asunto que de momento se sustenta en la especulación, la realidad evidencia que sí cometió los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública y por lo tanto debe cursar el debido proceso judicial para que la justicia lo declare culpable o inocente.

Sin embargo, cuidado con la propuesta de que en río revuelto por la narcoguerra naden a placer los desfalcadores de erarios, idea que sólo puede venir de muy fuertes intereses ligados con el ex Alcalde Vargas que se resisten a hacer el más mínimo esfuerzo por revisar el expediente de la Auditoría Superior del Estado del cual se originó que la Fiscalía General de Sinaloa iniciara la correspondiente carpeta de investigación fundada en los artículos 298, fracción IV y 300, fracción IV y último párrafo del Código Penal de Sinaloa.

¡Ah! pero cómo se atreven la Fiscalía y el Congreso a encauzar la indagatoria si estamos en medio de la inhumana escisión al interior del Cártel de Sinaloa y tal beligerancia debería pausar todo lo demás, incluyendo el Estado de derecho. Qué mal están los que aprovechan una barbarie para postular peores barbaridades, sólo pensando en apetitos personalísimos, no en lo que conviene a toda una sociedad. Justicieros convenencieros claman por la máxima fuerza pública contra los sicarios en pugna y toda la impunidad posible para los imputados por corrupción.

Con o sin narcoguerra habrá asuntos por atender por lo vitales que son para el bienestar de los sinaloenses. Por ejemplo, aquí mismo está la emergencia por la sequía y la crucial unidad ciudadana para que el gobierno de Claudia Sheinbaum autorice la declaratoria de emergencia debido a los estragos del estiaje que se hacen sentir y vendrán más devastadores si persiste el estrés hídrico. Dirán entonces los partidarios de la suspensión de las garantías constitucionales que cómo se atreve el Gobernador Rubén Rocha a atender la crisis por la escasez de agua cuando la contingencia de la violencia debe acaparar todos los afanes.

No la amuelen. Gerardo Vargas sabrá cómo se las arregla para resanar la grieta de corrupción que abrió con todo y el colmillo que adquirió en la materia durante el sexenio del saqueo de las finanzas que presidió junto con Mario López Valdez. Si el jefe del clan del trébol de cuatro hojas pensaba postularse a Gobernador en 2027, por qué se le ocurrió otorgar el contrato de renta de patrullas por asignación directa, mismas que la Ley le obliga a licitar, lo cual le significó al erario ahomense pagar hasta tres veces más de lo que le hubiera costado comprar las unidades. Vean los abogados oficiosos de Vargas que las veces que las auditorías federal y estatal solicitaron evidencia física y documental sobre la existencia y propósito de los vehículos, el Ayuntamiento no solventó los requerimientos.

Es absurdo que quienes sostienen la hipótesis de que el Congreso y la FGE no debieron actuar contra Vargas Landeros porque hay una narcoguerra qué atender primero, enceguezcan frente a recursos públicos por 171 millones de pesos que en vez de ser destinados para la seguridad pública fueron gastados de manera incorrecta y ni siquiera se sepa si en verdad existieron las 65 camionetas tipo pick up, 40 motocicletas de dos ruedas, 6 cuatrimotos y 15 automóviles tipo sedán. ¿Operaron como patrullas o fueron asignadas para el uso particular de funcionarios?

La presión social debe concentrarse en la exigencia de que la corrupción sea combatida sin que a nadie se le otorgue impunidad. Imaginemos a los operadores del vargaslanderismo que se retuercen más que la almeja cuando le cae el limón si apenas se trató del procedimiento parlamentario para desaforar a quien fuera Alcalde de Ahome. ¿Qué irracionalidad cometerán si la justicia lo encuentra culpable?

Pues ya clausuren la justicia,

Para que sean competentes,

tribunales de estulticia,

Ensalzando a delincuentes.

Los dos militares heridos durante el enfrentamiento contra sicarios que ocurrió el sábado en el poblado San Joaquín, municipio de Sinaloa, son testimonio de los esfuerzos que realizan soldados y policías arriesgando la vida propia para proteger la de los sinaloenses pacíficos. Aquellos que consideran que el Gobierno nada hace para contener la acción criminal, les faltan el respeto a decenas de efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y agentes de seguridad pública de los municipios que han caído o son lastimados en el cumplimiento del deber. Es larga la lista de bajas en el frente de los que hacen valer la Ley y lo menos que podemos ofrecerles es agradecimiento. No hagamos como que no los vemos, como que no lo sentimos.