Regular los dispositivos digitales no basta: el reto sigue siendo aprender

Las tecnologías digitales forman parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, por eso en México y el mundo se discute el papel que éstas deberían tener dentro de las escuelas. Este tema dio un paso importante, ya que el pasado 22 de septiembre la Secretaría de Educación Pública dio a conocer el Acuerdo 09/09/26 para regular su uso responsable y seguro dentro del Sistema Educativo Nacional.

De acuerdo con la Consulta Nacional de Educación Básica en la que participaron más de 565 mil figuras educativas, existen razones para atender el uso de dispositivos digitales dentro de las escuelas. El 79.7 por ciento identificó dificultades para mantener la atención y 78.1 por ciento consideró que estaban vinculadas con el uso de dispositivos digitales. Además, 38.7 por ciento reportó conflictos iniciados en redes sociales u otros espacios digitales que después continuaron o se manifestaron en la escuela. También existió un amplio respaldo entre los participantes a establecer límites, ya que 81.2 por ciento estuvo de acuerdo con medidas nacionales para regular su uso.

Los resultados de PISA 2025 también aportaron evidencia sobre esta situación, ya que, en México, 37 por ciento de los estudiantes reportó que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales durante la mayoría o todas las clases de ciencias. Además, quienes estudian en escuelas donde no se permite el uso de teléfonos celulares en sus instalaciones tienen alrededor de 25 por ciento menos probabilidad de reportar distracción.

La respuesta del Gobierno federal, mediante el Acuerdo 09/09/26, fue establecer criterios claros para regular el uso de los dispositivos digitales personales, con el propósito de “contribuir a la generación de un entorno escolar adecuado para el aprendizaje, fortalecer la convivencia y el desarrollo integral de las personas educandas, garantizando un aprovechamiento responsable y seguro de las tecnologías y aprendizaje digital”. En toda la educación básica se restringe durante la jornada escolar el uso de estos dispositivos, aunque podrán utilizarse con fines educativos previamente programados y con intencionalidad pedagógica, en situaciones de emergencia o cuando sean necesarios por razones de discapacidad, accesibilidad, inclusión o salud.

En media superior el esquema es más flexible. Cada institución deberá definir, mediante diálogo y acuerdos con su comunidad educativa, cómo limitar el uso no pedagógico. Entre las posibilidades están establecer espacios de resguardo durante la jornada; permitir los dispositivos únicamente en determinados tiempos y lugares; acordar que no se utilicen; o programar momentos específicos para emplearlos como herramientas para el aprendizaje.

El reto comienza cuando estas disposiciones llegan a las escuelas. Si se establecen espacios de resguardo, habrá que definir quién recibe los equipos, dónde permanecen, cómo se devuelven y qué sucede ante pérdidas o daños. También será indispensable formar a los docentes. Su papel no puede reducirse a vigilar que un dispositivo permanezca guardado. Necesitan herramientas para decidir cuándo una tecnología aporta pedagógicamente, trabajar ciudadanía digital, aprovechar responsablemente la inteligencia artificial y atender situaciones de ciberacoso, privacidad o difusión de contenidos sin consentimiento.

Regular las tecnologías digitales tampoco exime al Estado de atender la brecha digital. En Sinaloa, 63 por ciento de las escuelas no dispone de computadoras y 60 por ciento carece de conexión a internet. Limitar el uso de dispositivos personales y ampliar el acceso a tecnología educativa son dos responsabilidades distintas, pero complementarias. No son tareas excluyentes: ambas forman parte de una política digital más amplia.

Las familias también son parte central de la solución. Buena parte de la relación de niñas, niños y adolescentes con la tecnología ocurre fuera de la escuela. Por eso, restringir dispositivos durante algunas horas no elimina el ciberacoso, la desinformación, la exposición a contenidos dañinos ni otros riesgos. Se necesitan acuerdos en casa, orientación sobre seguridad digital, así como acompañamiento y comunicación constante con la escuela ya que la ciudadanía digital también se aprende en familia.

Es importante destacar que Sinaloa no parte de cero. El Congreso aprobó en julio de este año el Decreto 529, que ya limita durante las clases el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a fines pedagógicos o emergencias personales, previa autorización docente o directiva. El decreto también dio a la SEPyC 120 días naturales para emitir los protocolos correspondientes. Ahora, con el acuerdo federal, las autoridades estatales deberán armonizar sus disposiciones en un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor y convertir ambos marcos en reglas claras y aplicables.

El reto no termina con restringir los dispositivos. Una escuela puede reducir su uso y seguir enfrentando problemas de enseñanza, falta de conectividad, docentes sin formación y acompañamiento o familias con poca participación y sin herramientas para orientar la vida digital de sus hijos. Por eso, la implementación será decisiva. Habrá que observar si las reglas son claras, si pueden aplicarse en contextos escolares distintos. También habrá que ajustar lo que no funcione. Una política de este tipo no puede medirse por su cumplimiento formal, sino por sus efectos en la vida cotidiana de las escuelas.

Ahí está el punto central: regular los dispositivos puede ayudar a recuperar atención y reducir distracciones, pero la escuela tiene una tarea mucho más amplia. No se trata de sacar la tecnología de la educación, sino de evitar que ocupe un lugar que no le corresponde y de asegurar que contribuya al propósito fundamental de la escuela que es aprender.

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El autor es director de Investigación en Mexicanos Primero Sinaloa.