Para nuestros lectores frecuentes, no será nueva la expresión de que la desaparición de las escuelas de tiempo completo constituye un despojo al derecho de niñas, niños y familias. Esto mismo se viene señalando desde hace años atrás, cuando antes de la eliminación de su clave presupuestal, el programa se asfixiaba con sendos recortes presupuestales. Por supuesto, también se dijo cuando el Gobierno federal desapareció el programa del presupuesto, al exigir a autoridades en el Congreso echar pie atrás con dicha decisión. Y se sostuvo una vez más ante la justicia en el juicio de amparo promovido por nuestro brazo jurídico, Aprender Primero.
Por lo mismo, hay que mirar con aprobación los fallos judiciales, los gestos y declaraciones, además de las gestiones que respalden la importancia que tiene restituir este programa para las familias en Sinaloa. Son todas señales que confirman lo que se sabía hace tiempo: la eliminación de las escuelas de tiempo completo fue un error de gran costo social y educativo. Se trata de uno de los pocos programas de política educativa de probado impacto en el aprendizaje de los estudiantes y en el bienestar de las familias. Aunque discutamos hoy su restitución, el daño de su desaparición afecta precisamente en un momento de profunda crisis educativa.
Este episodio confirma que cuando se trata de garantizar derechos sociales y educativos, la ocurrencia y la improvisación son malos aliados. Cuando el programa Escuelas de Tiempo Completo fue eliminado no se le reemplazó con nada. Lo que terminó ocurriendo fue que un programa diseñado para un objetivo distinto, como lo es La Escuela es Nuestra, tuvo que terminar haciéndose cargo de mantener vivo un hilito de financiamiento para evitar un despojo total. Hasta el momento, ambos programas son como agua y aceite. A meses de cerrar el año, y a pesar de haber anunciado 100 millones de financiamiento estatal, el programa La Escuela es Nuestra aún no tiene un padrón de beneficiarios. La consecuencia de esto es clara: en Sinaloa no hubo escuela de tiempo completo en el 2022.
La reserva al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada a finales de la semana pasada en la Ciudad de México para continuar el financiamiento de la jornada extendida y la alimentación en las escuelas, permite mirar al 2023 con optimismo. Pero carga consigo una falla estructural grave: sigue manteniendo amarrado el financiamiento de las escuelas de tiempo completo al programa La Escuela es Nuestra. Hay que sostenerlo con claridad: la mejor forma de restituir a cabalidad un programa de escuelas con horario extendido, que ofrezcan alimentación y una mejor educación, es darle una clave presupuestal propia que permita una gestión más eficiente de los recursos y simplifique la tarea (compleja para las capacidades existentes) de dar reglas de operación funcionales y factibles de implementar.
De lo contrario, se seguirá profundizando una política educativa hecha con base en anuncios que luego no logran ser traducidos en una mejor calidad de vida. A este respecto, la deuda es importante. Cabe recordar que hace un par de semanas, el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló una serie de enormes fracasos en la conducción del sistema educativo nacional por parte de la SEP.
Sobre el regreso a clases, en una de cada dos escuelas no se cuenta con información sobre si los estudiantes volvieron o no. Y en las que sí volvieron, la mitad reportó no tener las condiciones ideales para hacerlo. No volvieron todos y se dejó a muchos atrás de estar en la escuela. Y también, se dieron a conocer resultados que ni la SEP ni MEJOREDU se animaron a publicar, que muestran una clara disminución en los niveles de aprendizaje a medida que los estudiantes cursan grados más altos en la educación básica. Esto, junto a otros problemas grandes como las falencias de infraestructura en las escuelas, configura un escenario preocupante.
Las varitas mágicas y el voluntarismo no funcionan para construir justicia educativa. El diagnóstico, la apertura democrática a la colaboración entre múltiples actores para diseñar estrategias de acción colectiva, sí. En el proceso de reconocer y salir de la enorme catástrofe educativa que Mexicanos Primero Sinaloa ha venido anunciando desde febrero de 2021 no sobra nadie. Ni siquiera organismos que típicamente no vincularíamos con la realidad educativa, como la ASE Sinaloa, que según el artículo 4, fracción II de la ley que lo rige, se encuentra completamente habilitado para realizar una auditoría de desempeño a la SEPyC y establecer las consecuencias sociales de los resultados de su gestión.
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