Infortunadamente las familias culiacanenses hemos ido normalizando cada vez más los delitos que suceden en la ciudad. Cada vez que una familia sale de casa, lo hace con una pregunta en la cabeza: ¿Cuál será la ruta más segura? ¿Regresaremos con bien? Esa inquietud no es nada exagerada tomando en cuenta que Sinaloa despidió 2025 con la cifra más alta de delitos desde que la Fiscalía General del Estado lleva este registro, al acumular 39 mil 008. Esta manera de pensar es el reflejo de una realidad alarmante que vive Sinaloa y particularmente Culiacán desde hace más de 16 meses y que el sector empresarial —con preocupación profunda— ha venido denunciando de manera firme.
De acuerdo a datos oficiales y cifras periodísticas recientes, en 2025 se contabilizaron más de 6,200 vehículos robados en todo el estado, un incremento significativo respecto a años anteriores. Más aún: entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 se reportaron más de 8,000 autos robados en la entidad, lo que equivaldría a casi 20 vehículos al día. En enero de 2026, esa tendencia se profundizó, alcanzando un promedio de 23.1 robos diarios —el nivel más alto de los últimos 16 meses— una estadística que no solo alarma a la sociedad, sino que exige acción inmediata.
Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa señaló este miércoles que este fenómeno delictivo trasciende lo meramente material: ya que provoca un trauma psicológico que dura más que una balacera, afectando la estabilidad emocional y la rutina de toda la familia y el entorno social cercano de la víctima.
Las consecuencias de esta inseguridad no se limitan al miedo en los hogares. El impacto económico es profundo. El robo de vehículos genera costos adicionales en seguros, logística y seguridad privada. Encarece la operación de las empresas, reduce la competitividad y deteriora la percepción de certidumbre para invertir y crecer. ¿Cómo podemos hablar de atraer inversiones o mantener empleos formales si cada traslado, cada entrega y cada operación con un vehículo implica un riesgo constante?
Coparmex Sinaloa lo ha señalado con claridad: no podemos permitir que delitos que parecen cotidianos terminen por erosionar el ya golpeado ánimo social y económico. El llamado de Coparmex no es fatalista, sino estratégico. Es una exigencia —con datos y evidencias— dirigida a los tres órdenes de gobierno para que redoblen esfuerzos, recursos y estrategias para contener y revertir esta ola de robos que impacta gravemente a empresas, familias y la economía local.
Y la preocupación no es nueva ni aislada. Coparmex Sinaloa ha advertido en múltiples ocasiones sobre la normalización de la violencia y sus efectos devastadores. Ella ha señalado que si no hay un verdadero Estado de derecho, nadie, en su sano juicio, apostaría por vivir ni emprender en un lugar donde no hay libertad ni certidumbre. Esta sentencia resume una verdad: el desarrollo económico y social se construye sobre la seguridad.
Esta inseguridad crónica frena decisiones empresariales, desalienta el ánimo, la movilidad cotidiana y el tejido social. Las familias evitan salir, los jóvenes cambian sus rutas y se limita la vida comunitaria. La inseguridad termina por infiltrarse en lo que antes era rutina, quitándonos espacios de convivencia y oportunidades de desarrollo.
¿Qué se requiere entonces? Se necesitan acciones coordinadas, eficaces y sostenibles: operativos focalizados en zonas de alta incidencia, mecanismos de respuesta inmediata, fortalecimiento de policías locales y una mejor distribución de recursos en las estrategias de seguridad pública. También es indispensable innovar con iniciativas como botones de pánico en zonas comerciales, habitacionales, y una coordinación real entre autoridades estatales, municipales y federales que dé resultados palpables.
No podemos resignarnos a que cifras como “20 autos robados al día” formen parte de nuestro paisaje cotidiano. Cada vehículo es —o fue— una herramienta de trabajo, un medio de transporte familiar, un motor de economía local. Y cada uno de esos datos implica historias humanas detrás: padres que llevan a sus hijos, comerciantes que entregan mercancía, trabajadores que buscan ganarse la vida dignamente.
La seguridad es una prioridad colectiva. Y es, sin duda, la base sobre la que se construye el desarrollo económico, y la confianza. Sinaloa merece más que estadísticas de delincuencia: merece paz, certidumbre y oportunidades. Es momento de que gobiernos, sociedad civil y sector productivo impulsemos soluciones que restablezcan el Estado de derecho y devuelvan la tranquilidad que las y los sinaloenses merecen, empezando por lo que sí está a nuestro alcance.