Sacudida al sistema anticorrupción
El CPC: tras el error, la rectificación
A la crisis interna que vivió en días recientes el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa se le atenuó el viernes con el pronunciamiento de este órgano autónomo asumiendo la autocrítica sobre fallas de comunicación que pusieron en entredicho la rendición de cuentas, obligación intrínseca de una de las instancias garantes de la transparencia. El ejercicio del mea culpa y la voluntad de corrección facilitarán la labor de reconexión con segmentos de la sociedad civil que optaron por la separación estratégica que no es irreconciliable.
La sacudida al CPC, asumiendo que sus integrantes no incurrieron en mala fe y que por lo tanto se les debe ratificar la confianza ciudadana, contribuye a crecer la visión respecto al compromiso de combate a la corrupción, acceso a la información y buenos estándares cívicos de vigilancia a la acción de Gobierno. Es de humanos equivocarse y es de civilizados reconstruir los puentes en medio de ríos de intolerancia que pretenden arrasar con los baluartes de legalidad y honestidad.
Todo comenzó en abril cuando el Comité concursó por recursos solidarios de la Alianza Surge, del Fondo para la Acción de los Movimientos, y contrató a la organización no gubernamental Ethos Innovación en Políticas Públicas para realizar el proyecto de “análisis integral de riesgos de corrupción y faltas administrativas en la crisis de personas desaparecidas en Sinaloa”, sin atender dos cuestiones álgidas: informarle a las sociedad civil que acompaña al CPC y plantar la duda de si una institución que recibe presupuesto público puede postularse para lograr dinero de ONG’s.
De tal desapego de la transparencia derivó que integrantes de la a Red Ciudadana Anticorrupción, entre estos Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, el colectivo Tacuichamona MX y el capítulo local de Coparmex, determinaran deslindarse del proceder del CPC, por no hacerles de su conocimiento el objetivo planteado y los financiamientos logrados. “Reconocemos que hubo fallas de comunicación pues no se informó a tiempo que el proyecto implicaría fondos, lo cual derivó en la inconformidad de algunas organizaciones”, aceptan.
Es importante valorar que después de este episodio de desinformación que pudo haber fracturado a la sociedad civil adherida a la lucha anticorrupción existió el ánimo rectificador al ofrecer el CPC “una reflexión profunda sobre las áreas de mejora que debemos atender. Una de las primeras acciones será implementar una jornada de capacitación interna en comunicación asertiva, resolución de conflictos y gestión de proyectos, para lo cual solicitaremos el apoyo de organismos especializados en el tema”.
Sin que opere aquí la sentencia de que palo dado ni Dios lo quita, la burbuja de disenso podría ser útil para abrir la correspondiente etapa de deliberación colectiva que determine qué modelo de CPC, fortalecido y con una lupa social más potente encima, necesita Sinaloa en la aspiración de tener un mejor sistema anticorrupción en caso de que el irascible mazo federal que demolió la transparencia en el País, actúe aquí de manera más fundamentada en derruir lo que no sirve y fundar sobre los escombros la vitrina translúcida para la cosa pública. En efecto, como lo plantea el posicionamiento del 8 de agosto, “el diálogo debe ser el camino para la solución de desacuerdos de forma pacífica y constructiva entre quienes abanderamos las mismas causas”.
Si las rencillas logran superarse, como todo indica que así sucederá, permanecerá intacta la unidad del movimiento ciudadano anticorrupción. Sólo a través de la compacta intervención cívica será posible sortear cualquier golpe que venga contra la estructura que combate el uso indebido de recursos públicos y el desempeño irregular de la función pública, delitos que están de fiesta al creer que en Sinaloa el SEMAS y CPC correrán la misma suerte que el SNA y el INAI en lo nacional.
Que domine pues el ánimo de restitución de confianzas y del abanderamiento colectivo de acciones contra la corrupción. El CPC acepta que se equivocó y promete eliminar prácticas opacas, acto de humildad y ecuanimidad que haría posible que los vientos huracanados transmuten al aire sereno en favor de la transparencia.
No vayan a creer los opacos,
Que debido a esta digresión,
El Comité de Participación,
Le dejará pasar sus atracos.
Muy a la manera de la jerga rural que no tiene empacho en mostrar cómo masca la iguana, el Gobernador Rubén Rocha Moya defendió la transparencia de los procesos de licitación de obra pública y equipamiento en beneficio de la sociedad, como son la compra de vehículos para patrullas, edificación de viviendas del bienestar y construcción de una pista de hielo. Emplazó a periodistas y medios a verificar directamente los correspondientes expedientes. “Me pueden mochar la lengua si no lo estamos haciendo”, les dijo al negar que haya adjudicaciones a modo o incumplimientos de las leyes en la materia.
