En las colonias marginadas de Sinaloa, cientos de jóvenes ven literalmente limitado su futuro. No es metáfora, problemas visuales no atendidos los pueden condenar al fracaso escolar y, posteriormente, los acercan a contextos de violencia o actividades ilícitas. Aunque a menudo se abordan por separado, la salud visual y la seguridad pública están más relacionadas de lo que parece. En el fondo, la educación funciona como puente o como barrera entre ambas realidades.
La violencia y las actividades delictivas son fenómenos multifactoriales que no deben entenderse como consecuencia directa de una sola causa. Sin embargo, vale la pena analizar cómo ciertas condiciones, como la salud visual, pueden influir en las decisiones de muchos jóvenes. En Sinaloa, más allá del narcotráfico, la participación juvenil en estos contextos también responde a la falta de oportunidades reales. Si a ello se suma una deficiencia visual no atendida, las posibilidades de desarrollo se reducen aún más.
En estudios realizados en sistemas penitenciarios se ha encontrado que las personas privadas de la libertad presentan una prevalencia considerablemente mayor de discapacidades visuales respecto a la población general. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 30 por ciento de las personas privadas de libertad declaran algún tipo de discapacidad, siendo la visual una de las más frecuentes. Esta tendencia sugiere una posible relación entre ciertas condiciones no atendidas y trayectorias de vida vulnerables.
En nuestra región, los datos tampoco son alentadores. En la Universidad Autónoma de Sinaloa hemos llevado a cabo estudios científicos con estudiantes desde el nivel básico hasta el medio superior, que muestran una prevalencia elevada de miopía y otras deficiencias visuales. En particular, se ha identificado que uno de cada tres jóvenes en Sinaloa presenta algún grado de miopía, y muchos de ellos no lo sabían antes de participar en nuestras campañas diagnósticas.
Nuestros ojos son responsables de captar alrededor del 80 por ciento de la información que recibimos del entorno. Cuando esta capacidad se ve comprometida, también lo hace el desempeño escolar, social y personal. Un estudiante que no ve bien es más propenso a perder el interés en clases, a tener bajo rendimiento y a enfrentar rechazo o exclusión. Esto, con el tiempo, puede aumentar su vulnerabilidad y su exposición a entornos de riesgo.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿qué tanto inciden los problemas visuales no detectados en las trayectorias de abandono escolar y, eventualmente, en la participación de jóvenes en actividades delictivas? ¿Qué se está haciendo para atender esta situación desde una perspectiva integral?
Algunas asociaciones civiles, como el Club de Leones, han comenzado a trabajar en este campo. En Sinaloa y Baja California Sur, los Clubes de Leones han impulsado dos líneas de acción complementarias. Por un lado, campañas de salud visual comunitaria, que incluyen diagnósticos, entrega de lentes gratuitos y seguimiento básico. Por otro, el uso de los datos científicos para respaldar propuestas legislativas que visibilicen la salud visual como un componente prioritario en la agenda educativa estatal.
Con base en estos esfuerzos, el Club de Leones está promoviendo una reforma a la Ley de Educación del Estado de Sinaloa, a fin de que la salud visual sea reconocida como un tema de atención obligatoria en el sistema educativo.
La Ley de Educación ha permitido importantes avances en materia de inclusión, como la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares. Sin embargo, es fundamental garantizar también las condiciones mínimas dentro del aula para que los estudiantes puedan aprovechar los aprendizajes. La visión, como ya se dijo, juega un papel determinante.
Además de la propuesta legislativa, es importante avanzar en estrategias preventivas que incluyan talleres de sensibilización para madres, padres y docentes; protocolos escolares para la detección temprana de problemas visuales; y la colaboración activa con profesionales de la salud visual en cada municipio.
La articulación entre la academia, que genera evidencia científica sobre la magnitud del problema, las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan directamente con las comunidades, y las instituciones públicas del Estado, encargadas de diseñar y aplicar políticas educativas, es esencial para dar respuesta a este fenómeno. Este tipo de colaboración es posible, necesaria y, sobre todo, urgente.
Frente a los desafíos sociales que enfrenta nuestra entidad, la salud visual puede parecer un tema menor. Pero no lo es. En Sinaloa, avanzar hacia una sociedad más justa y segura podría comenzar por algo tan sencillo como garantizar que todos nuestros jóvenes puedan ver bien el pizarrón.