¿Te acuerdas cuando en tu niñez te sorprendían haciendo una travesura y nomás no encontrabas la manera de explicarla? ¿Te ha pasado que te piden justificar algo que hiciste y sabes que se te acabaron las razones? ¿Alguna vez has acordado las reglas para algo y de pronto has decidido actuar al margen de ellas? ¿O simplemente has decidido hacer algo porque sí y nomás porque sí? Bueno, todo esto se parece mucho a lo que los gobiernos muchas veces hacen cobijados en eso que llaman la seguridad nacional.
El traslado de 29 personas presas en México por delitos asociados al narcotráfico ha sido justificado en México y en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. En su columna del sábado pasado en Reforma, Peniley Ramírez relata que en 2023 «llegó al Gabinete una nueva consideración jurídica: si se argumenta que un criminal amenaza la seguridad nacional de México, se le puede “trasladar” a EU, al margen de su proceso de extradición», con base en los artículos 89 de la Constitución y 5° de la Ley de Seguridad Nacional.
Cuenta ella que en ese año se propuso al Gabinete de Seguridad de López Obrador y no prosperó, y ahora, gracias a la decisión última de la Presidenta Sheinbaum, se aceptó el argumento y se procedió al traslado. Pues justamente estamos en una de esas situaciones en las que se terminaron las razones y se decidió hacer algo porque sí. En este caso se acabaron las razones jurídicas para usar el recurso político que se resume en una frase: razón de Estado.
Escribe Peniley que «la Oposición no parece dispuesta a reclamar una violación jurídica, si la hubiera». Tal vez tiene razón; yo agrego que en la seguridad nacional opera un acuerdo no escrito en el que mejor no preguntas y mejor no dices; esto es, no cuestionas y tampoco informas. Estamos ante un concepto de carácter autorreferencial, es decir, se justifica en sí mismo.
Probé en varios chats de WhatsApp usando una analogía de un viejo refrán que usaban nuestras abuelitas: «todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar»; escribí “todo cabe en la seguridad nacional sabiéndolo acomodar” y, exactamente como lo esperaba, vinieron las insinuaciones o las abiertas críticas calificando mi cuestionamiento como una postura a favor de los delincuentes.
No falla, es perfecta la consistencia del apoyo político y social acrítico, por mucho mayoritario, si de seguridad nacional se trata. Es algo así como la casa de al lado a donde el poder público y las élites privadas trenzadas con él llevan lo que no cabe en la casa donde está ese acuerdo formal que normalmente llamamos Derecho. Y no es que la seguridad nacional no esté en el Derecho mexicano, claro que está en nuestro sistema jurídico, pero en la práctica nadie, absolutamente nadie rinde cuentas si las decisiones se amparan en ella.
Por el contrario, si alguna decisión no pasa o puede no pasar por el filtro del control constitucional y de legalidad, entonces se aplica la conocida reserva por motivos de seguridad nacional. Asómense a ver lo que hace la Comisión Bicameral en la materia del Congreso de la Unión y qué creen, pues es como un cuarto oscuro de la otra casa; intenten conseguir información sobre qué sucede ahí y me cuentan.
A la periodista Ana Paula Ordorica se lo expliqué apenas en su Podcast Broojula como una terrible paradoja: por nuestra seguridad, no podemos ejercer el derecho a saber lo que se hace precisamente por nuestra seguridad. ¿Esto quiere decir que siempre debemos saber todo? Es obvio que no, pero entonces para eso son los controles y contrapesos supuestamente de alta especialización, por ejemplo, del Congreso; pero regresamos a lo mismo: no podemos confirmar siquiera que funcionan.
Nada más impopular que cuestionar la seguridad nacional, especialmente cuando la narrativa hegemónica ha logrado inocular una asociación mecánica entre la justicia y el poder judicial con la corrupción. No puedo decir que la seguridad nacional opera siempre como una herramienta de opacidad para aplicar la razón de Estado, pero sí puedo afirmar que he sido testigo directo de que así se le entiende regularmente en las culturas institucionales de manera transversal a las tres ramas en las que se divide el poder del Estado.
Supongo que en alguna parte sí habrá debates jurídicos sólidos sobre el traslado de estas personas. Pero a la vez tengo claro que la combinación entre la disfuncionalidad histórica del acceso a la justicia y el desprestigio de las democracias constitucionales de derechos es y será palanca fundamental para justificar hoy lo injustificable apenas ayer.
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@ErnestoLPV
Animal Político / @Pajaropolitico
