Seguridad pública a pesar de los ‘punteros’
El General que debió reflexionar lo que dijo

A ningún funcionario del Sistema Estatal de Seguridad Pública debiera permitírsele, así se trate de un lapsus de sinceridad certificado por la realidad, que irradie derrotismo hacia la población en permanente situación de alerta por la amenaza latente que deriva de la delincuencia organizada, tal como lo hizo el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Leoncio Pedro García Alatorre, al reconocer la semana pasada que los vigilantes del narcotráfico conocidos como “punteros” obstaculizan mejores resultados en materia de alta incidencia de robos de carros en Sinaloa.

Los militares en mandos de seguridad pública caen en la propensión de explicar la violencia en lugar de combatirla. Con cierta razón a su favor, porque en la práctica la misión del Ejército consiste en organizar la embestida contra las grandes organizaciones criminales, pero aquí se trata del despojo de vehículos como delito del fuero común que en la enorme constelación delincuencial son ilícitos menores, casi normalizados.

Por ello el planteamiento de García Alatorre, en cuya veracidad nadie duda, está bien para las reuniones a puerta cerrada de la coordinación militarizada y policiaca que analiza el fenómeno criminal y despliega operativos en puntos neurálgicos, sin embargo, dicho a botepronto para que todos los ciudadanos lo sepan equivale a darles medallas de reconocimiento a los “punteros” por superar la logística de la fuerza pública en las acciones contra la delincuencia.

Hablando con la misma claridad que obsequia el Subsecretario, quien en la jerarquía de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado es el brazo derecho del titular de la dependencia, Gerardo Mérida Sánchez, sí es factible que la Guardia Nacional, Ejército y la Policía Estatal Preventiva saquen adelante operativos a pesar de la omnipresencia de “halcones” del narco en las ciudades sinaloenses. Así se trate de compañía parasitaria que marcha enfrente o al lado de los convoyes anti delito, la ventaja logística de la coordinación policial y militar puede prevalecer.

Por ejemplo, la acción militar-policiaca logró sofocar en la noche del jueves 15 de febrero un hecho de violencia en el sector La Lima de Culiacán que amenazaba con extenderse hacia otros puntos y revivió el temor de que el fuego cruzado entre dos grupos delictivos configurara otro Jueves Negro. La reacción rápida y de precisión quirúrgica de la fuerza púbica encapsuló el brote de inseguridad y aparte pudo liberar a una persona que había sido privada de la libertad y recuperó cinco vehículos automotores con reportes de robo.

En torno a ese operativo fueron movilizados “halcones” que hacen la función de alertar a criminales de la proximidad de grupos tácticos del Gobierno y trazarles a los hampones posibles rutas de huida. Tal despliegue de chavos informantes que a bordo de motocicletas hasta se mezclan con policías y soldados que realizan labores contra la delincuencia, no logró frustrar la respuesta eficaz de las fuerzas del orden que en menos de dos horas tomaron el control de la situación.

Los “punteros” se mimetizan con el paisaje urbano y el mismo entorno hace la función de enmascararlos con fines de protección. Se trata de jóvenes desempleados que a cambio de un pago no mayor a 5 mil pesos mensuales se agregan al engranaje menor del narco y que la misma comunidad adopta como sistema encubierto de seguridad pública por la tranquilidad colateral a la que el Gobierno no le da. Los vigilantes del crimen organizado cuidan los territorios y los vecinos se benefician indirectamente de que sean ahuyentados delincuentes consuetudinarios que acechan a personas y casas.

Pero normalizarlos como “acompañantes” de operativos coordinados entre militares y policías, y decir que su presencia en las calles supera los resultados que deben rendir los elementos de seguridad pública, trae un dejo de rendición y mucho la pretensión de regularizarlos como mal irremediable al que los sinaloenses debemos adaptarnos. El General retirado sabe bien que está condenada al fracaso cualquier estrategia contra la delincuencia que de antemano sea del conocimiento de los facinerosos, aunque la delación no en todos los casos provenga de los “punteros” sino de informantes infiltrados en las fuerzas del orden.

Además, en los casos de robo de vehículos con ostentación de armas de fuego las autoridades no cuentan con el beneficio del pretexto y el hecho de atribuirle al “halconeo” la baja eficiencia de las acciones de combate es interpretado como subterfugio para explicar ineptitudes. La Policía Investigadora y el trabajo de inteligencia de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional deben rendir buenos resultados con o sin la injerencia de los centinelas del crimen que, en efecto, pululan como hormigas sobre la miel.

En permanente estado de zozobra, a la ciudadanía le urgen elementos de juicio que alimenten la certidumbre de que la ley domina en el panorama de delincuencia común que a sus anchas roba, asalta, veja, agrede e intimida. Ningún guiño de sometimiento de la fuerza pública al hampa vale cuando la gente voltea a los lados buscando asideros en lugar de escudriñar en el pesimismo para hallar otras alternativas.

En eso de los punteros,

A veces la sociedad,

Por darle seguridad,

Agradece sus esmeros.

El Rector destituido Jesús Madueña Molina, y el que está relevándolo en el cargo más del tiempo del que por Ley corresponde, Robespierre Lizárraga Otero, festejan como victoria el hecho de que la movilización que le restó reflectores al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Sinaloa del fin de semana haya originado que la Secretaría de Gobernación federal les ofreciera instalar una mesa de trabajo que tal vez les evite librar la justicia en Sinaloa por presuntos delitos cometidos contra la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es algo así como como meter la cabeza en las fauces del león creyendo que lo han domesticado a base de latigazos.