Sembrando el cambio ¿en el papel? El reto de materializar el trabajo justo en el campo

En enero de 2025 se realizaron reformas significativas al capítulo de Personas Trabajadoras del Campo de la Ley Federal de Trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas para este sector. Se trató de un logro histórico con potencial de beneficiar a un sector históricamente precarizado, en particular a las trabajadoras agrícolas.

No obstante, a casi dos años del acierto legislativo, vale la pena preguntarnos: ¿cómo se han materializado estas disposiciones en acciones concretas que se traduzcan en mejores condiciones de vida para la trabajadoras? ¿Qué ha cambiado? ¿Las trabajadoras viven mejor?

Pese a que la ley ahora reconoce a las trabajadoras agrícolas como pilares de la economía y la seguridad alimentaria de México, su vida cotidiana sigue marcada por la precariedad y la violación sistemática de sus derechos humanos laborales.

Por eso, la legislación por sí sola no basta y es fundamental poner el foco en ellas, las mujeres que, a pesar de su contribución significativa al sector agrícola, siguen enfrentando barreras estructurales que vulneran su bienestar.

Uno de los problemas más apremiantes es la deficiencia grave en la contratación. La LFT establece la obligación de contar con contratos escritos (Artículo 282). Sin embargo, en la práctica, la ausencia de contratos laborales escritos es la norma, no la excepción. Cerca del 90 por ciento de las trabajadoras no tiene un contrato formal y depende de acuerdos verbales que solo garantizan el pago y la jornada, pero violan sistemáticamente derechos básicos como la seguridad social, las vacaciones o el aguinaldo.

Esta informalidad es la puerta de entrada a la desprotección total. Aunque la seguridad social es un derecho (Art. 279 LFT), el 86.6 por ciento de las trabajadoras agrícolas carece de ella. Las empresas, en lugar de afiliarlas formalmente, optan por una práctica ambigua que raya en la ilegal, otorgar “pases” u “órdenes” (que solo deberían otorgarse de manera extraordinaria) para la atención médica eventual en el IMSS. Esta práctica crea una falsa sensación de aseguramiento y, en los hechos, funciona como una simulación e incluso como una forma de corrupción, ya que no genera derechos para otros seguros del IMSS ni las cotizaciones esenciales para una pensión a largo plazo. Es decir, trabajan toda una vida sin red de protección.

Para las mujeres, la lucha además es doble. Por un lado, enfrentan una discriminación constante que se refleja en la distribución diferenciada de tareas. A ellas se les asignan tareas “feminizadas” y con menor remuneración, bajo el argumento de su “delicadeza”. Esto se traduce directamente en sus bolsillos: en promedio, el pago del jornal para hombres es de 228 pesos, mientras que el de las mujeres es de 201 pesos (esto puede variar dependiendo de la región y tipo de producto).

A esto se suma que la violencia de género y el acoso laboral y sexual son problemáticas recurrentes y generalizadas en sus lugares de trabajo. Por miedo a represalias (que van desde la asignación de tareas más pesadas hasta despidos injustificados), muchas trabajadoras optan por no denunciar.

Por si fuera poco, la sobrecarga de trabajos de cuidados no remunerados profundiza su vulnerabilidad. La falta de servicios de guardería adecuados es alarmante. El servicio de Guarderías de Campo del IMSS, que debería ser un apoyo vital, se redujo en un 50 por ciento entre 2012 y 2024. Los horarios disponibles (de apertura a las 7 u 8 de la mañana) no se adaptan a las jornadas agrícolas que inician a las 5. Esta falta de infraestructura obliga a muchas mujeres a dejar sus trabajos o a cargar con una doble jornada extenuante, perpetuando ciclos de pobreza.

Pero si ya existe una ley que protege sus derechos, ¿por qué persisten estas violaciones sistemáticas? Parte de la respuesta está en la vigilancia insuficiente de las condiciones laborales. El cumplimiento efectivo es débil debido a la ambigüedad de la ley respecto a las responsabilidades federales y locales en la materia, lo que ocasiones descoordinación entre autoridades y, en última instancia, un vacío en la vigilancia de estas obligaciones.

A esto se suma la reducción constante de recursos destinados a la vigilancia laboral. El presupuesto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT) se ha reducido significativamente, cayendo un 54.3 por ciento en términos reales entre 2015 y 2024. Con solo 660 inspectores federales para más de 456,000 centros de trabajo a nivel nacional, es prácticamente imposible garantizar revisiones periódicas. Las inspecciones son escasas y las sanciones resultan ínfimas frente a la magnitud del incumplimiento.

De hecho, la baja cultura de denuncia, causada por el desconocimiento y la desconfianza en las autoridades, agrava el círculo vicioso: las violaciones se normalizan, permanecen invisibles y rara vez llegan a una instancia que las corrija.

La agenda para un trabajo justo está trazada, pero requiere acción contundente y coordinada de las dependencias federales y locales. No basta con que la ley exista en el papel: es urgente fortalecer la inspección con perspectiva de género, asegurar la afiliación real al IMSS, erradicar la práctica simulada de los “pases” de salud y ampliar y adaptar los servicios de guardería a los ciclos agrícolas y a las jornadas de trabajo reales.

Nuestras trabajadoras agrícolas, con su valentía y compromiso, merecen el fruto de su trabajo condiciones de trabajo justo, no la precariedad. Sembrar el cambio no es solo una opción, es una responsabilidad estructural para honrar las manos que alimentan a México.

* Néstor Genis (@GenisNestor) es coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).