Ser o no ser: el dilema de la elección del Poder Judicial
El día de las elecciones extraordinarias para definir la composición del Poder Judicial se acerca peligrosamente y, con ello, una dicotomía se presenta ante quienes buscan formarse una opinión informada sobre este entuerto. Este domingo 1 de junio se elegirán 881 cargos judiciales:
- 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal constitucional (boleta morada).
- 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que resuelve controversias electorales y declara la validez de la elección presidencial (boleta azul).
- 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, encargadas de resolver conflictos sobre procesos electorales locales y estatales (boleta salmón).
- 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, responsables de investigar y sancionar prácticas anticonstitucionales cometidas por jueces, magistrados y ministros en primera y segunda instancia (boleta verde menta).
- 464 magistraturas de circuito, que revisan inconformidades contra decisiones de juzgados de distrito y crean precedentes (boleta rosa).
- 386 juezas y jueces de distrito, encargados de resolver conflictos con acciones de las autoridades. En el ámbito federal, resuelven en materia civil, penal y administrativa, y de proteger derechos humanos mediante el juicio de amparo (boleta amarilla).
Se lee difícil porque lo es. El Poder Judicial es uno de los poderes menos comprendidos por la ciudadanía. Esto se debe en parte a que no solía ser electo por voto popular, a la complejidad técnica que implica y a que suele pasar desapercibido hasta que lo necesitamos. Además, su estructura es complicada por naturaleza.
El tiempo récord en que se presentó, “discutió”, aprobó y ejecutó la reforma al Poder Judicial es digno de atención. Su renovación se llevará a cabo en dos elecciones: la extraordinaria del próximo domingo y otra en 2027. Si bien la desconexión entre el Poder Judicial y la ciudadanía no es su único problema, sí es un factor que ha favorecido la opacidad, la falta de rendición de cuentas y otros vicios que se usaron para justificar esta reforma. Si el interés de sus promoventes hubiera sido genuinamente acercar la justicia a la gente, bien podría haberse esperado unos años para implementar un plan de familiarización ciudadana sobre la estructura del Poder Judicial y el papel de cada órgano a elegir. Algo similar a lo que se ha planteado con la reforma de las 40 horas laborales, que dio cinco años de transición para que las empresas se adaptaran.
Pero volviendo a la jornada electoral: cada persona que decida participar recibirá seis boletas de diferentes colores, y cada una representará hasta 10 votos. Nada será sencillo: ni para los funcionarios de casilla ni para las autoridades electorales ni para el electorado. El Instituto Nacional Electoral ha habilitado en su página una simulación para que la gente practique su voto y no se enfrente a la confusión de boletas que distan mucho de las que usamos para elegir al Ejecutivo o al Legislativo. Algunos candidatos ya están aprovechando esta situación y reparten “acordeones” o guías de votación con el fin de influir en los resultados.
Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en marzo que México se convirtió en el país más democrático del mundo al someter sus tres poderes al voto popular, lo cierto es que sin una ciudadanía informada y participativa no hay democracia. Un pueblo que vota sin entender por qué o por quién lo hace, simplemente porque llevó su acordeón, no está ejerciendo su derecho de forma plena. Eso no es democracia, es demagogia.
La jornada del domingo representará, invariablemente, la legitimación de una reforma que generó gran polémica al final del sexenio, al percibirse como una estocada que debilita al Poder Judicial mediante su politización. Esta reforma reemplaza el sistema de méritos conocido como “Carrera Judicial” (que, dicho sea de paso, tampoco funcionaba del todo bien). Esta situación ha llevado a que muchas voces críticas promuevan el abstencionismo. Y se entiende: abstenerse puede ser una forma de protesta válida, ampliamente discutida en la ciencia política. Pero entre el abstencionismo y la apatía hay una línea muy delgada que, en la práctica, termina por beneficiar a quienes tienen la maquinaria y la base movilizada.
La Oposición que llama al abstencionismo también está en deuda con sus simpatizantes. Ha sido incapaz de frenar esta y otras reformas. Y no hay que olvidar que ganará quien tenga más votos, sean 10 o 10 mil. Hay candidatos con historiales cuestionables: algunos con presuntos vínculos con el crimen organizado, otros agresores, otros ligados a cultos religiosos que han sido señalados por facilitar delitos. Y tienen bases organizadas que ya están listas con su acordeón de votación en mano.
Por eso la pregunta sigue en el aire: ¿ser o no ser? Si voto, ¿legitimo algo en lo que no creo? Si no voto, ¿permito que otros decidan por mí, incluso si eso tiene consecuencias irreversibles? Tal vez ya estamos en ese punto sin haber pisado las urnas.
La decisión está en nuestras manos. Literalmente.
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La autora es Nancy Angélica Canjura Luna (@canjural), politóloga con maestría en Asuntos Públicos, especialista en Seguridad e investigadora de Causa en Común.
