¿Será 2026 el año en que la edad deje de ser una desventaja?

Durante años, el envejecimiento fue tratado como un dato demográfico incómodo, un problema fiscal a futuro o una cuestión médica que debía administrarse en silencio. En 2026, ninguno de esos enfoques es suficiente. La longevidad dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un campo de disputa económica, política, cultural y tecnológica. No se trata sólo de cuántos años vivimos, sino de cómo se distribuyen los derechos, los recursos, la visibilidad y el poder en sociedades que envejecen de forma acelerada. En ese terreno, las mujeres de la mediana edad, o midlife, se encuentran en el centro de la tensión, aunque rara vez en el centro del debate.

El primer frente de esta disputa es cultural. Narrar la edad no es un ejercicio neutral. La forma en que hablamos del envejecimiento organiza políticas públicas, define prioridades presupuestales, orienta mercados laborales, modela el diseño de tecnologías y define narrativas de comunicación. El edadismo no opera únicamente como prejuicio individual o comentario desafortunado, funciona como una gramática social que clasifica cuerpos, capacidades y trayectorias. En esa narrativa, la edad aparece asociada a dependencia, improductividad o carga, mientras se idealiza una juventud permanente como sinónimo de valor social. Para las mujeres, esta lógica actúa antes y con mayor severidad. La invisibilización no comienza a los cincuenta, sesenta o setenta, sino mucho antes, cuando el mercado laboral empieza a cerrarse, cuando la experiencia deja de leerse como capital y cuando el cuidado se vuelve mandato.

En 2026, el edadismo ya no se expresa sólo en estereotipos culturales. Continúa presente en el diseño institucional. Vive en los criterios de contratación, en los filtros de empleabilidad, en los sistemas de pensiones, en el acceso a crédito, en plataformas digitales obligatorias que asumen competencias tecnológicas homogéneas. El problema, porque SÍ es un problema, no es únicamente simbólico, es estructural. El edadismo se ha convertido en una infraestructura silenciosa. Así como el cuidado ha sido históricamente invisible porque sostiene la vida sin reconocerse como trabajo, el edadismo sostiene sistemas de exclusión sin nombrarse como tal. Las mujeres mayores enfrentan una triple carga: desigualdad acumulada a lo largo de la vida, mayor responsabilidad de cuidados y menor reconocimiento institucional de su autonomía.

La tecnología se ha convertido en otro frente decisivo de esta disputa. La inteligencia artificial, la digitalización de servicios y la automatización de decisiones prometen eficiencia y modernización, pero también introducen nuevos filtros de acceso. En 2026, la tecnología no sólo medirá la vida cotidiana, definirá quién puede trabajar, quién puede acceder a servicios, quién queda fuera de la conversación pública. El riesgo no está en la tecnología en sí, sino en su diseño. Cuando los sistemas digitales se construyen sin considerar trayectorias diversas de edad, género y contexto, la brecha digital se transforma en brecha de ciudadanía, brecha de derechos, brecha de accesibilidad. Las mujeres silver, con menor acceso histórico a formación tecnológica y menor participación en el diseño de estas herramientas, corren el riesgo de quedar doblemente excluidas, tanto del mercado como de la toma de decisiones.

Este escenario obliga a repensar la longevidad como un asunto político en sentido pleno. Vivir más años no garantiza vivir mejor. La pregunta central para 2026 no es cuántas personas alcanzarán edades avanzadas, sino bajo qué condiciones lo harán. La longevidad puede convertirse en una ampliación de derechos o en una extensión de la desigualdad. Puede ser una oportunidad para redistribuir cuidados, trabajo y tiempo o puede consolidar un modelo donde las mujeres viven más años en precariedad, sobrecarga y soledad. La diferencia no la marca la demografía, sino las decisiones culturales, políticas, económicas, laborales, legales, institucionales y comunicaciones.

Narrar la edad de otra manera no implica romantizar el envejecimiento ni negar sus desafíos. Implica reconocerlo y reconocer los efectos políticos que acarrea hoy en la sociedad. Reconocer que la vejez no es una categoría homogénea, que las trayectorias importan y que las desigualdades no desaparecen con los años, sino que se acumulan. Implica también cuestionar leyes, instituciones y tecnologías diseñadas para un mundo que ya no existe, mientras se proclama un futuro que no incluye a todas las personas por igual.

Envejecer no es una amenaza. La verdadera amenaza es un mundo que sigue diseñándose como si todas las personas fueran jóvenes, permanentemente productivas y fácilmente descartables. En 2026, la longevidad ya no puede pensarse como un destino biológico ni como una moda económica, sino como una decisión política que define quién tiene derechos y quién queda fuera. Si las reglas no cambian, el resultado será previsible: más años de vida, pero no necesariamente más dignidad, especialmente para las mujeres.

La longevidad ya está aquí, lo que sigue en disputa es si llegará acompañada de derechos o de nuevas formas de exclusión.