¿Será que Trump sea quien suspenda la reforma judicial?

Las elecciones extraordinarias para elegir ministros, magistrados y jueces, planeadas para el 1 junio de 2025, están a la vuelta de la esquina. En cuatro meses se renovarán la mitad de los cargos jurisdiccionales federales (881 entre ministros, magistrados y jueces de distrito) y un importante número de jueces estatales en al menos 19 entidades federativas.

Ese proceso electoral se ha caracterizado por la poca dedicación y el escaso tiempo para expedir la regulación e implementación necesarias. Hemos sido testigos de la aprobación de normatividad sin discusiones de fondo, ausencia de rutas de ejecución claras, carencia de contrapesos en la toma de decisiones en la conducción de este proceso y, sobre todo, la improvisación constante. Todo con tal de ejecutar la elección extraordinaria en los tiempos marcados por el Gobierno anterior.

Por si fuera poco, desde hace un par de semanas, a partir de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, la agenda marcada es muy clara: migración ilegal y fentanilo. El factor común en ambos puntos es el señalamiento de corrupción y colusión de autoridades mexicanas con la delincuencia organizada.

¿Qué factor es esencial para abordar de modo eficiente casos de tráfico de personas, tráfico de drogas y corrupción? Un sistema de justicia robusto que investigue, procese y juzgue de manera transparente. La coyuntura nos obliga a hacer un alto para priorizar problemas y soluciones que necesitamos implementar para fortalecer la justicia en México.

En este sentido, vale la pena valorar los llamamientos que se han hecho desde diferentes espacios sobre los riesgos de elegir a jueces y juezas mediante el voto popular, ya que se incrementa el riesgo de cooptación por la delincuencia organizada. La Relatora para las Naciones Unidas, Margaret Satterhwaite, y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) han alertado sobre este escenario.

La postura de la Presidenta Claudia Sheimbaum frente a las exigencias de Trump ha generado una expectativa sobre el cumplimiento de compromisos. En algún punto, estos acuerdos deberían concretarse en casos llevados ante los tribunales. Es una tarea de enormes proporciones, ya que hasta el momento las respuestas del sistema de justicia no han correspondido al tamaño del problema.

Por ejemplo, tratándose de delitos de tráfico de personas, entre enero y diciembre de 2024, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo se iniciaron 749 carpetas de investigación por delitos establecidos en la Ley de Migración. Esto, asumiendo que por México pasan millones de migrantes ilegales que son presas de redes criminales.

El caso de la investigación y persecución de delitos establecidos en la Ley de Delincuencia Organizada en relación con delitos contra la salud no es muy diferente. En el mismo periodo, y también de acuerdo al SESNSP, sólo se reportan 69 carpetas de investigación de delincuencia organizada ligada a delitos contra la salud.

¿Qué acciones en el terreno de la justicia tenemos que demostrar para comprobar que estamos cumpliendo con el compromiso de combatir estas empresas criminales? Será necesario investigar, perseguir y juzgar de manera pública y transparente a las personas responsables. En esta respuesta, además del trabajo de los jueces, es necesario replantear el papel de policías y fiscales.

Por ello es pertinente impulsar el cumplimiento de la reciente reforma constitucional al Artículo 21. Esta modificación permite a las policías investigar y al SESNSP coordinar acciones en todo el país. Así se abre la posibilidad para que las policías puedan interactuar con las fiscalías de manera más activa en la investigación de delitos. Esta es una pieza clave: la colaboración de policías y fiscalías. Pero este esfuerzo resultará insuficiente si no contamos con jueces que tengan las capacidades, habilidades y cualidades profesionales y éticas.

¿Cómo enfrentar este reto con jueces federales y estatales que posiblemente no tengan experiencia, o que de plano hayan sido colocados por actores con intereses afines a la delincuencia organizada?

En este momento parece oportuno valorar nuestras prioridades y demostrar que estamos trabajando para construir un sistema de justicia más fuerte. La elección de jueces por voto popular no parece ofrecernos una solución en este sentido. Así como en este gobierno la estrategia de seguridad impulsa una agenda de investigaciones criminales profesionales, también el contexto actual podría ofrecernos una oportunidad para discutir y debatir a profundidad las estrategias para contar con un mejor poder judicial.

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La autora es Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

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