Sin avances

De indispensable lectura es el estudio elaborado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (Universidad de Guadalajara) diseñado y dirigido por el doctor Mauricio Merino, pionero en los estudios sobre corrupción en México.

En su Informe País (2020), Sobre el Combate a la Corrupción en México, el lector encontrará no solo cómo anda la corrupción en México sino el estado que guardan los instrumentos jurídicos y administrativos diseñados para combatirla.

Sería de gran provecho que la administración actual y la Oposición aglutinada en Va por México tomaran en cuenta el diagnóstico y propuestas sobre combate a la corrupción que ahí se encuentran. Ya son demasiados años de puro bla, bla, bla y que la realidad no cambie. Que la corrupción siga entre nosotros en los mismos niveles de siempre y sin consecuencia alguna.

El Informe plantea una novedosa e interesante lectura sobre cómo entender la corrupción. En lugar de la tradicional definición de la corrupción como “el abuso del poder público para el beneficio privado” se propone entenderla como “la consecuencia inevitable de la captura del espacio público: la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas por grupos políticos o económicos, que desvían al Estado de sus propósitos fundamentales. Una captura que pervierte la naturaleza de los asuntos públicos en busca de una mayor acumulación de poder o dinero, o de ambos”.

Esta captura del Estado puede provenir, y de hecho proviene, de todos los sectores de la sociedad: desde los partidos y los servidores públicos, hasta los funcionarios de elección popular pasando por el crimen organizado o los que detentan poder económico.

De esta definición, tan sencilla como útil, se desprende qué hacer para combatir la corrupción “desde sus causas y no sólo cuando sus efectos ya se han consumado”. Tiene todo el sentido. No podemos confundir el combate a la corrupción “con el castigo a individuos corruptos, sin tomar en cuenta las prácticas, los espacios y las oportunidades que tuvieron para incrementar su poder político o su riqueza”. La sanción administrativa o penal debe operar, pero si el combate a la corrupción se redujera a ella, inhabilitaríamos a cientos de servidores públicos, impondríamos castigos a miles de políticos o empresarios, desbordaríamos la capacidad de las cárceles, pero la corrupción seguiría siendo un fenómeno extendido, tolerado y peor aún propiciado.

Por eso, por no atender las causas de la corrupción sino más bien optar por su exhibición pública -que desde luego es necesaria- y, en el mejor de los casos, por el castigo infrecuente, selectivo y con propósitos siempre políticos, México ha fracasado en el combate a la corrupción sexenio tras sexenio.

Como bien dice el estudio, las causas principales de la corrupción siguen vigentes precisamente porque “no se ha logrado mitigar las muy diversas manifestaciones de la captura de los puestos y los presupuestos públicos” y, tampoco, se ha garantizado “la máxima publicidad de las decisiones tomadas por los sujetos obligados”. Lo que es más, ambas expresiones se han agudizado a pesar de haber instalado un andamiaje legal diseñado para mitigarlas. Como casi siempre en México, podemos ser campeones en el diseño legal e incluso en la construcción de instituciones para hacerlo valer pero, para desgracia de todos, la ley se ignora y las instituciones se capturan haciéndolas inoperantes. Hay pocas excepciones a esta regla como el Instituto Nacional Electoral que con profesionalismo probado, valentía y determinación ha resistido el proceso de destrucción institucional vigente.

Dadas estas condiciones ¿qué es lo que nos propone el Informe País (2020), Sobre el Combate a la Corrupción en México? y que, repito, debería tomar en cuenta la administración actual así como la Oposición que quiere volver al Gobierno.

Primero, erradicar la discrecionalidad política en la designación de los puestos públicos, esto es, dejar de utilizar al sector público nacional y local como botín.

Segundo, impedir la arbitrariedad en la asignación y el uso del gasto público incluyendo el abuso en la adjudicación directa de contratos para la adquisición de bienes y servicios públicos que sigue aumentando en el País.

Tercero, erradicar la opacidad en la información pública que es cada vez más frecuente.

Cuarto, sancionar a quienes cometen faltas o delitos de corrupción sin recurrir a la persistente y sistemática politización de la justicia.

Y, quinto, garantizar que ninguna de esas prácticas desnaturalice y corrompa a la administración pública del País.

Suena sencillo. Lo es, “si se deja atrás la simulación en el cumplimiento de algunas de las normas vigentes para erradicar la captura de los puestos, los presupuestos y la información pública”.