Sin confirmar asistencia: México en la Cumbre de las Américas
El mes pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no asistirá a la X Cumbre de las Américas, inicialmente planeada a efectuarse en diciembre del presente año en la República Dominicana. La Cumbre pasada, en el 2022, fue la primera vez que un Presidente de México se ausentaba de la Cumbre, y en esta ocasión, la Presidenta explicó que no atendería porque se excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la convocatoria.
Fundada en el año 1994, la Cumbre de las Américas es una reunión de alto nivel con titulares de Estado del Continente Americano y tiene como objetivo generar diálogos sobre cooperación internacional y compromisos de planes de acción para enfrentar los retos compartidos que atraviesa la región.
La realización del evento ha tenido sus pormenores en el pasado y esta ocasión no es la excepción, con tensiones diplomáticas que han llevado a aplazar la fecha del evento sin determinar una nueva fecha para su realización.
No obstante, es relevante señalar que la temática de esta décima Cumbre cae como anillo al dedo para el contexto mexicano: “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”. De acuerdo con el Grupo de Revisión de la Implementación de las Cumbres (GRIC), se incluirá abordar la situación actual de inseguridad de la región, entre otros temas, ya que América Latina y el Caribe representan el 30 por ciento global de la tasa de homicidios violentos en contextos en los que no existen ni conflictos interestatales ni guerras civiles, esto a pesar de solo tener el 8 por ciento de la población mundial.
En camino a la preparación de la X Cumbre, 26 organizaciones de la sociedad civil y de la academia produjeron un documento de aportación conjunta, con recomendaciones sobre la seguridad ciudadana desde el ámbito de las tecnologías digitales, abordando el potencial y los retos de su desarrollo y uso en las políticas y acciones estatales. Este esfuerzo surge al reconocer que las políticas sobre seguridad incluyen intrínsecamente el ámbito digital y la intersección entre la tecnología y los derechos humanos y, por lo tanto, deben generarse desde una perspectiva garantista y progresiva.
Las organizaciones proponen, primero, la necesidad de que los gobiernos impulsen políticas que garanticen una Internet de banda ancha segura y asequible para todas las personas. Esto incluye la diversificación del acceso a través de esfuerzos impulsados localmente, formas innovadoras de financiar la conectividad y promover la interoperabilidad para evitar la dependencia de proveedores privados, haciendo la conectividad más resiliente y accesible.
En términos de lo anterior, el objetivo último es que las personas no sólo tengan acceso a una conectividad significativa, sino que exista un paso más hacia adelante, en el cual comprendan sus derechos tanto en línea como fuera de línea relacionado a las tecnologías, y tomen decisiones informadas para protegerse a sí mismas y a sus comunidades.
De forma enfática, las organizaciones también señalaron cómo, durante la última década, los Estados de la región han incrementado sus capacidades de vigilancia para supuestamente promover la seguridad de la población, lo que se ha expresado en la adopción creciente de tecnologías y prácticas cada vez más intrusivas que, a menudo, implican abusos y violaciones de derechos humanos. La falta de salvaguardas y de controles democráticos sobre estas medidas suponen un riesgo para el pleno goce de los derechos fundamentales. Particularmente, del derecho a la privacidad, que se considera un habilitador del ejercicio de otros derechos y guarda un nexo estrecho con la libertad de expresión, que sólo puede ejercerse plenamente cuando existe una “esfera privada, libre de la injerencia arbitraria del Estado”. (1)
En el documento, las organizaciones apuntan a observar los estándares y principios regionales e internacionales de derechos humanos, donde se identifican aquellos criterios necesarios y no negociables para considerar que una práctica de vigilancia es legal y legítima en una sociedad democrática.
Por último, las organizaciones abordan el hecho de que los Estados de América Latina han acelerado significativamente la digitalización de la gestión pública. Este proceso ha sido impulsado principalmente por una apuesta por incrementar la eficiencia y modernizar los trámites y servicios públicos, así como aumentar su transparencia. Sin embargo, investigaciones recientes han identificado que sistemas total o parcialmente automatizados y tecnologías basadas en inteligencia artificial han sido implementados en sectores clave de la administración pública sin diagnósticos adecuados que las avalen ni mecanismos de evaluación periódicos. En estos casos, es necesario reforzar los compromisos de legalidad, necesidad y proporcionalidad previstos en los estándares internacionales de derechos humanos y reforzados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Dado lo anterior, la necesidad de construir una política pública de seguridad ciudadana, basada en los derechos humanos, sigue siendo una urgencia relevante en todos los países de la región. Se requiere de espacios de cooperación internacional donde los Estados se comprometan a colaborar e intercambiar mejores prácticas y lecciones aprendidas. Para el proceso de construcción de estos planes de acción, ¿cómo podrá intervenir México desde una silla vacía en la Cumbre?
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La autora es Nayelli Torres Salas, investigadora del área de Ecosistema Informativo y Tecnología de ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica.
1. Inter-American Commission on Human Rights. Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression. Freedom of expression and the Internet. Diciembre de 2013, para. 130.
