Sin crecimiento no hay finanzas sanas: la ecuación que México evita resolver

El debilitamiento reciente del peso mexicano no debería sorprender a nadie que haya seguido con atención la dinámica de nuestra moneda en los últimos meses. Benito Solís, presidente del Comité de Propuesta Económica de Coparmex nacional, lo ha señalado con consistencia: el aparente fortalecimiento del peso no respondía a fundamentos económicos sólidos dentro de México, sino a flujos de divisas que se mueven en mercados muy lejos de nuestras fronteras. Y cuando esos flujos cambian de dirección, la moneda los sigue.

El mecanismo es el que ya hemos descrito en ocasiones anteriores: el carry-trade. Inversionistas que piden prestado en países con tasas bajas y colocan esos recursos en países con tasas más altas, embolsándose la diferencia. México había sido un destino atractivo para esa operación mientras el diferencial de tasas entre el Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos era suficientemente amplio. Pero la Fed acaba de subir su tasa de referencia en 25 puntos base, mientras Banxico mantuvo la suya. El resultado es previsible: se redujo el diferencial, cayó el atractivo del carry-trade, y el peso se debilitó. Más aún, la señal que envió la Fed es que está dispuesta a seguir una política agresiva de reducción de inflación, lo que hace probable que los incrementos continúen. Si el escenario de la autoridad monetaria mexicana no es igualmente claro, la operación financiera pierde rentabilidad desde ambos lados. El peso que se deprecia reduce todavía más los rendimientos de quien apostó a la deuda mexicana.

Esto en sí no es una crisis. Pero sí es una advertencia sobre la fragilidad de una estabilidad construida sobre flujos financieros externos más que sobre crecimiento productivo interno.

Y en ese punto es donde el panorama se complica seriamente. La semana pasada, Moody’s celebró un seminario en la Ciudad de México en el que expuso sus procesos de análisis y las perspectivas para la calificación soberana del País. El mensaje fue que hay oportunidades para mejorarla, pero los riesgos de que baje son igualmente reales. Y perder el grado de inversión no es un tecnicismo financiero: es una catástrofe con consecuencias directas sobre la vida de los mexicanos más vulnerables. En otros países que han perdido ese nivel de calificación soberana, el efecto ha sido una fuerte caída en la cotización de la moneda y un importante incremento en la inflación, que golpea con mayor dureza a quienes tienen ingresos fijos y a los sectores de la población más necesitados.

¿Qué factores señaló Moody’s como riesgos para la calificación mexicana? Tres que se repiten en el diagnóstico de cualquier analista serio: el déficit fiscal, el “hoyo negro” de las finanzas públicas que representa Pemex, y el bajo crecimiento económico. A eso se suma algo que a veces se omite en el debate público pero que Solís destaca: para las calificadoras no sólo importa el monto de la deuda. Importa también la credibilidad de las políticas y objetivos de las autoridades, la existencia de un Poder Judicial independiente y el nivel de inversión privada. En otras palabras: la percepción de que el país tiene reglas estables y que quienes toman decisiones económicas actúan con coherencia y transparencia.

El presupuesto recientemente presentado estima un déficit elevado para 2027 y contempla mecanismos para elevar la recaudación apoyándose principalmente en los grandes causantes. Suena razonable en el corto plazo. Pero como señala Solís, esa estrategia reducirá la inversión privada y el resultado será el mismo ciclo de siempre: crecimiento insuficiente, base fiscal estrecha y presiones crecientes sobre las finanzas públicas. El problema estructural no se resuelve apretando más a quienes ya contribuyen: se resuelve agrandando la economía que genera esa contribución.

¿Y cómo se logra eso? Solís identifica tres medidas que otros países han implementado con éxito para reducir desequilibrios fiscales mientras preservan el crecimiento.

La primera es la eliminación drástica de la corrupción, acompañada de consecuencias reales y visibles. No es solo un imperativo ético, sino es una condición fiscal. Cuando la ciudadanía percibe que hay corrupción generalizada, considera injusto el pago de impuestos. Y esa percepción, tan humana como comprensible, reduce la recaudación. La confianza en las instituciones es un activo económico concreto.

La segunda es la creación de comisiones de gasto y financiamiento que evalúen las inversiones públicas con criterios técnicos, integradas por funcionarios, académicos reconocidos y representantes del sector privado. Chile siguió ese esquema durante décadas y fue uno de los factores detrás de su notable avance económico. Y no se trata de privatizar las decisiones públicas, sino de someterlas a una evaluación rigurosa y plural que reduzca el uso político de los recursos.

La tercera es la reducción de impuestos a las empresas y personas que aumenten sus inversiones en el país. No como regalo, sino como incentivo verificable con resultados medibles: más inversión, más empleo formal, más base tributaria, más recaudación futura. Es la lógica opuesta a la del alza de tasas: en lugar de cobrarle más a quien ya está, atraer a más actores hacia la economía formal y productiva.

La prioridad, debe ser el crecimiento económico. No como un objetivo vago o decorativo, sino como la palanca que mueve todos los demás indicadores. Muchos de los problemas que hoy aquejan a las finanzas públicas mexicanas se aliviarían significativamente con una economía que creciera a tasas suficientes: mayor recaudación natural, más empleo formal, menos demanda de programas asistenciales, menor presión sobre el gasto corriente.

El problema es que esa no parece ser la estrategia actual. Y mientras no lo sea, seguiremos teniendo el mismo debate, con diferentes números pero el mismo diagnóstico, dentro de 12 meses.