Sin novedad: mataron a otro periodista. Y esta vez atacaron también a la familia

Volvió a escucharse desde Palacio Nacional la frase grabada en las cruces de las tumbas de todas las víctimas, esa de “estos crímenes no quedarán impunes”, como reacción del Gobierno federal por el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, consumado el lunes 27 de junio al salir de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Es el mismo y único balbuceo que emite la autoridad nacional, a diferencia de la delincuencia cuyo rugido de las armas alcanza también ahora a las familias de los comunicadores.

La bestial consecuencia de la ráfaga estremeció al sector prensa nacional e internacional en sentido opuesto a la tibia actitud gubernamental que le apuesta a normalizar esta manifestación de violencia. Fue ataque directo sin que queden dudas del móvil que redunda con pulso quirúrgico en el objetivo de la delincuencia organizada, y la narcopolítica como brazo ejecutor, de silenciar la denuncia formulada por los pocos que aún se atreven a exponerla.

Después de las balas y la sangre, el reporte oficial fue muy parecido a “sin novedad”. Ligero en sus juicios, indiferente en lo que significa para la sociedad el hecho de perder la voz a través de cada periodista muerto, al Presidente Andrés Manuel López Obrador se le percibió igual de inmovilizado en medio del fuego cruzado que convierte en víctimas potenciales a ciudadanos y familias de paz. Uno más, sin comentarios agregados al bramido tácito de las armas de los sicarios.

“No debemos permitir más ataques a periodistas ni activistas”, repitió el Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; “no hay impunidad, cero impunidad, trátese de quien se trate”, redundó López Obrador, al mismo tiempo que aumentaron las marchas y consignas de “todos somos Antonio”, “no al silencio”, “somos prensa, no disparen” que son frases que recalcan la desprotección, incertidumbre y claudicación. Unidos en ese punto ciego, el de la rendición del gobierno y el agotamiento de los informadores, ya ni importa saber lo que sigue porque lo cardinal está en desentrañar el quién sigue.

Pero esta vez se metieron con la familia del periodista sin más código que el de la cobardía. Borraron la línea entre los que somos conscientes que en cada noticia nos jugamos la vida y los que debieran saber que nuestros seres queridos son completamente ajenos con el desempeño de nuestro oficio. Además de acudir al extremo de invadir el sagrado espacio de lo familiar, el que nada tiene que ver con la función del reportero, los gatilleros saltaron el muro de contención de lo inaudito para plantarse desafiantes en el solar baldío de la barbarie. Y no quedan en este País zonas seguras para la gente de bien; todas están ocupadas por los hampones.

En el ínter los periodistas estábamos distraídos en narrar otros miedos que no fueran los nuestros. La dantesca acción de pistoleros que asesinaron a dos sacerdotes jesuitas y una mujer guía de turistas en un templo de Cerocahui, Chihuahua; la asfixia de 27 mexicanos en la caja de un tráiler en Texas, Estados Unidos; las desapariciones forzadas, feminicidios, enfrentamientos como fotografía diaria del drama sinaloense, y sobre la duda que asalta a cada sobreviviente de si mañana amanecemos a salvo o agregados a las víctimas del crimen.

Cómo duele atestiguar que frente a la exhibición de crueldad extendida hacia la hija de Antonio de la Cruz que resultó herida, a periodistas y medios se nos estén acabando hasta las fuerzas para protestar por las muertes, una tras otra, de las y los colegas que resultan abatidos mientras realizan el trabajo de informar. Y que nada queda por decir más allá del miedo que se esparce en las redacciones y la impunidad que se les garantiza a los criminales.

Ya van 60 periodistas asesinados en los cinco años recientes, 12 en 2022 y 37 desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo de Presidente, de acuerdo al registro de la organización internacional Artículo 19 que defiende la libertad de expresión. Por sexenios son reportados 22 con Vicente Fox Quesada, 48 con Felipe Calderón Hinojosa y 47 con Enrique Peña Nieto, estadística que clasifica a México como el País más peligroso para hacer periodismo.

¿Cuántos más para que el Gobierno de México se decida a blindar las garantías que establece la Constitución para el despliegue de la libertad de expresión y derecho a la información? No preguntemos ya por tales condiciones idóneas porque ello también podría molestar a los delincuentes que nos quieren amordazados, que tienen al Estado arrodillado y que sólo reconocen la ley de ellos, la de nadie más, dictada con sus rifles y plomos.

El periodismo recibe el luto, la envenenada esquela de poder público, y los asesinos de periodistas toman la inmutable oferta de abrazos, no balazos. Para nosotros el amedrentamiento que hace mella en la profundidad de las noticias y en la posibilidad de las audiencias de estar bien informadas; para el gobierno la conveniencia de que entre menos reporteros y medios más se fortalece el monólogo presidencial que le ordena a las masas no aceptar otra verdad más que la suya.

Uno más, Antonio de la Cruz,

Que se va con la certidumbre,

De que gobierno y avestruz,

Comparten similar costumbre.

La justicia para Luis Enrique Ramírez, el periodista asesinado en Culiacán el 5 de mayo, podría comenzar a concretarse hoy al presentarse en los tribunales, amparada, la mujer que supuestamente conoce y encubre la identidad de quienes lo privaron de la vida. Si la Fiscalía General del Estado y el Juez de la causa encuentran el hilo que los lleve a desenredar la madeja corregirán el enorme enredo en que el Gobierno federal convirtió el caso al filtrar versiones irresponsables y falsas que pudieron haber ayudado a poner sobre aviso a los que cometieron el crimen para que huyeran.