Sin perspectiva de género, la reforma de plataformas digitales está incompleta

La reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales ha marcado un hito indiscutible en la historia laboral de México. Tras años de operar en un vacío legal, el Estado mexicano dio un paso progresista para reconocer lo que era evidente, pero ignorado: detrás de cada clic, de cada entrega de comida y de cada viaje, existen personas trabajadoras de carne y hueso a las que se les deben garantizar sus derechos laborales.

La implementación del programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha comenzado a arrojar sus primeros frutos, y son dignos de reconocimiento. El hecho de que, en el último mes de la prueba, más de 206,512 personas lograran superar el umbral de ingresos necesario para acceder a la seguridad social es una noticia que debemos celebrar. Significa que para más de doscientas mil familias, la incertidumbre ante un accidente de quien lleva el sustento a casa o el miedo frente a una emergencia médica comienza a disiparse. Este avance confirma una tesis fundamental: la formalización del sector no es una utopía, sino una posibilidad administrativa y política real.

Sin embargo, en política pública, el éxito general a veces funciona como una cortina que oculta las grietas particulares. Si bien los números globales son alentadores, un análisis más profundo, realizado con las “gafas violetas”, nos revela que el diseño actual de la reforma, aunque bienintencionado, corre el riesgo de dejar atrás a una parte vital del gremio: las mujeres.

Este es un sector altamente masculinizado, donde las mujeres representan apenas el 10 por ciento de la fuerza laboral. Precisamente por ser minoría numérica, existe el riesgo latente de que sus problemáticas específicas sean invisibilizadas bajo la premisa de la “neutralidad” de la ley. El informe “Conectadas al cambio: por un trabajo justo para las mujeres en plataformas digitales”, presentado recientemente por el consorcio UNIDAS, pone el dedo en la llaga sobre cómo las reglas del juego actuales, paradójicamente, podrían estar profundizando las brechas de desigualdad que prometieron cerrar.

Hemos identificado cuatro barreras críticas que requieren atención prioritaria para calibrar el rumbo de la reforma. La primera y más técnica es el acceso a la seguridad social. Para acceder a ella, las personas trabajadoras deben generar un ingreso base equivalente al salario mínimo. No obstante, el obstáculo reside en el llamado “factor de exclusión”: un porcentaje que se descuenta al total de ingresos generados para calcular el ingreso neto. En términos llanos, si una conductora tiene un ingreso bruto equivalente al salario mínimo (9,558 pesos en un mes), al aplicarse un factor de exclusión del 48 por ciento (para quienes usan automóvil), solo se toman en cuenta 4,970 pesos. Esto la obliga a generar más de 18,000 pesos brutos mensuales solo para acceder a la seguridad social.

Bajo estas reglas, cruzar la meta es una carrera de obstáculos mucho más difícil para las mujeres. Ellas suelen trabajar jornadas fragmentadas no por falta de voluntad, sino por la carga de cuidados: son quienes desconectan la aplicación para recoger a sus infantes, cuidar a personas enfermas o gestionar el hogar. Esta realidad se confirma con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social: existe una subrepresentación de mujeres en el acceso a la seguridad social, alcanzando sólo al 5 por ciento de las beneficiarias, la mitad de lo que se esperaría por su participación en el sector. Al exigir el mismo umbral a quienes no tienen el mismo tiempo disponible, la política pública penaliza, indirectamente, los cuidados.

El segundo punto ciego es la maternidad. La normativa actual establece que la inactividad por 30 días puede interpretarse como terminación de la relación laboral. ¿Qué sucede con una trabajadora en las últimas semanas de embarazo o en pleno puerperio? Bajo la regla actual, su necesidad fisiológica de reposo se traduce en un despido automático y la pérdida de derechos justo cuando más los necesita. Además, la reintegración laboral es compleja pues tampoco contarán con el acceso a guarderías. A esto se suma que los horarios no son compatibles con las dinámicas de las plataformas, que a menudo incluyen turnos nocturnos o fines de semana.

La tercera barrera tiene que ver con una realidad alarmante: la violencia. Siete de cada diez trabajadoras reportan haber sufrido acoso o violencia durante sus servicios. Las formas más frecuentes son acoso verbal (77.4 por ciento), insinuaciones sexuales (62.3 por ciento), contacto físico no deseado (47.2 por ciento) e insultos por razón de género (54.7 por ciento).Aunque la reforma obliga a las empresas a tener protocolos, en la práctica, los contratos y políticas actuales no explicitan acciones contundentes de prevención, atención y sanción.

Finalmente, se encuentra la opacidad algorítmica. A pesar de la publicación de sus políticas, los algoritmos siguen siendo cajas negras que penalizan a quien rechaza un viaje, incluso si es por seguridad. Si una conductora rechaza un servicio en una zona de alto riesgo, el algoritmo la castiga con menos asignaciones, afectando su ingreso y alejándola de la seguridad social. Se les obliga a elegir, literalmente, entre su integridad física y su protección social.

Estos hallazgos no se presentan como una descalificación a la reforma, sino como un esfuerzo constructivo para identificar áreas de oportunidad. Existen propuestas factibles y accionables que es necesario seguir discutiendo para mejorarlas e incorporarlas a una nueva versión de la reforma.

Establecer un “factor de exclusión” diferenciado para mujeres, basado en la brecha de ingresos real, como una medida afirmativa para “emparejar el piso” de acceso a la seguridad social.

Armonizar los criterios del IMSS, la LFT y los contratos de las plataformas para garantizar que la licencia de maternidad se reconozca como un periodo de incapacidad protegido, asegurando la continuidad de la atención médica y las prestaciones.

Diseñar, implementar y monitorear protocolos obligatorios contra la violencia y el acoso a partir de la realidad de las trabajadoras, integrando las mejores prácticas de autocuidado que ellas ya han validado y que las plataformas deben institucionalizar y mejorar.

Garantizar la transparencia y revisión humana en la gestión algorítmica y revisar el sesgo de género para no penalizar el rechazo de viajes por seguridad.

La tecnología avanza rápido, pero los derechos laborales deben avanzar a la par. Tenemos la oportunidad histórica de lograr que la flexibilidad laboral no sea sinónimo de precariedad para las mujeres. La mesa está puesta y necesitamos sentarnos para continuar este diálogo y construir acciones concretas para garantizar el trabajo justo para las trabajadoras de plataformas digitales.

El autor. Néstor Genis (@GenisNestor) es coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovación).