Sin una justicia imparcial no hay inversión que resista

Septiembre nos dejó dos hitos en la vida pública de México. Arrancó formalmente el proceso electoral ordinario 2026-2027 y se cumplió el primer año de operaciones de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tienen en común? Que ambos dependen de lo mismo: la certidumbre jurídica y política. Y esa certidumbre, como bien lo ha planteado Carlos Villaseñor Franco, vicepresidente de Finanzas de Coparmex Nacional, ya no es un asunto de abogados. Es un asunto de economía, de empleo y de supervivencia empresarial.

Los termómetros hablan. La más reciente encuesta del Banco de México entre economistas del sector privado coloca la falta de Estado de derecho como la segunda mayor preocupación en materia de gobernanza, sólo por debajo de la inseguridad pública. Dicho de otro modo: antes que la inflación, antes que el tipo de cambio, los especialistas temen que las reglas no se respeten.

A esa señal se suma una fotografía de casi todo el País. A inicios de este mes, Coparmex presentó la primera entrega del Monitor Judicial Data Coparmex, con la participación de casi 4 mil empresas representadas en 71 Centros Empresariales.

Los dos resultados centrales merecen leerse detenidamente. Siete de cada 10 empresas consideran que los ajustes al Poder Judicial han impactado negativamente sus decisiones de inversión o expansión. Y ocho de cada 10 modificaron, o están evaluando modificar, su estrategia de protección jurídica. Piense en esa proporción: de cada 10 empresarios que podrían abrir una planta, contratar a 100 personas o ampliar una bodega, siete lo piensan dos veces. Y no por falta de ganas, sino por falta de garantías.

Conviene recordar lo que debería hacer un Poder Judicial. Su razón de ser es dar certeza: que un contrato se cumpla, que un acto de autoridad pueda revisarse, que el pequeño tenga la misma voz que el poderoso. Si el árbitro deja de inspirar confianza, ningún jugador quiere arriesgarse en la cancha. Es preocupante, como señala Villaseñor, que el poder que por mandato debe generar certidumbre comience a producir el efecto contrario, y que lo haga no solo frente a quienes invierten, sino frente a las miles de personas que a diario enfrentan actos de autoridad.

El segundo hallazgo tiene una dimensión que pocas veces se discute: la estructura empresarial del País. En México, más del 90 por ciento de las empresas son micro y pequeñas. Y son precisamente ellas las menos preparadas para blindarse. Las medidas que las empresas consideran, es decir, contratos, mecanismos de arbitraje, seguros y estrategias de litigio, representan un reto operativo y financiero para más del 90 por ciento de ellas. ¿Cuánto cuesta un arbitraje para la tortillería, el taller mecánico o la papelería de la esquina? ¿Quién contrata un despacho especializado cuando apenas alcanza para la nómina?

Esa desventaja se suma a otras cargas. Las micro y pequeñas empresas ya lidian con inseguridad, corrupción y barreras regulatorias, y más del 50 por ciento de las empresas consultadas en Data Coparmex reportó algún tipo de complicación en estos rubros. Son justamente los problemas que un Poder Judicial independiente y autónomo debería ayudar a corregir. Hoy, esa condición parece lejana.

Si proteger jurídicamente a una empresa se vuelve un lujo, el resultado puede ser un mayor cierre de negocios, además del que ya vivimos desde hace prácticamente dos años. Y en Sinaloa sabemos lo que eso significa. Conocemos las cortinas bajadas, los empleos perdidos y la inversión que se piensa dos veces antes de llegar. Agregar incertidumbre jurídica a una crisis de seguridad y de economía es echar leña a una hoguera que ya consume demasiado.

Ante este panorama, Coparmex impulsará una agenda técnica de seguimiento al Poder Judicial que garantice independencia judicial, profesionalización e imparcialidad.

Sin justicia imparcial no hay reglas claras. Sin reglas claras no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Y sin empleo, ningún discurso alcanza. Las empresas no solo necesitan condiciones para invertir, sino también necesitan condiciones para sobrevivir y seguir generando trabajo.

México puede tener los mejores planes, los mejores puertos y la mejor ubicación del planeta. Pero ninguna inversión echa raíces en un suelo donde la justicia es incierta.