¿Sinaloa pacífico? Aún falta mucho
Días de paz contra meses de guerra

Resulta imprudente echar campanas a vuelo en el tema de la seguridad pública, pero igual sería injusto dejar de reconocer que la acción valiente de la fuerza pública federal y estatal ha logrado recuperar poco a poco las condiciones de tranquilidad que existían antes de que el 9 de septiembre de 2024 iniciara la guerra interna en el Cártel de Sinaloa. Con cautela, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, debe irse midiendo la contención de la violencia sin incurrir en adjetivos que dificulten los cálculos de lo hecho y lo que viene.

A mucha gente le molesta que el Gobierno del Estado, tal como lo hizo ayer su Vocería, resaltara las 60 horas que corrieron en Culiacán sin reportes de comisión de homicidios dolosos, y que enseguida de ponderar tal logro fuera rota esa racha al registrarse un asesinato en la capital del estado. Además, se daba a conocer la muerte del empresario Armando Rafael Guerrero Ramírez, a casi mes y medio de que su desaparición ocurrió el reciente 20 de diciembre en el poblado de El Limón de los Ramos.

La barbarie que como nunca en la historia hiere a la tierra de los once ríos sigue aquí, a veces activa y en ocasiones agazapada. No obstante que en el balance de la guerra, ¿o la posguerra?, se nota mayor efectividad de las Bases de Operaciones Interinstitucionales que conjuntan las tareas anticrimen que realizan elementos del Ejército, Marina Armada, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva, se necesitará de mayores y duraderas evidencias y ni aun así alguien podrá adjudicarse victorias.

Suceda lo que suceda, los laureles deben guardarse para mejor ocasión porque no se verán bien en la sien de nadie. Tienen razón, pero la cautela es lo que resalta tanto en el Gobernador Rubén Rocha Moya que con mesura externa que “para nosotros es que la operación funciona, no queremos decir que está resuelto el asunto. No queremos echar campanas al vuelo. El operativo está funcionando y todos los días lo examinamos”, como en la declaración del Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, al reconocer que “la situación de violencia e inseguridad no se puede declarar superada, por supuesto nos motiva el hecho de que tengamos un registro de cero homicidios dolosos, sin embargo, esto no significa que ya la situación esté superada. Esa es una buena noticia, sin duda alguna”.

Y sí. Al Gobernador y su Gabinete les corresponde emitir el mensaje de que el Estado toma paulatinamente el control de la situación, mientras que a los gobernados les compete no caer en excesos de confianza que los lleven a tomar decisiones a la ligera. Es responsabilidad del Mandatario estatal sustentar la certidumbre con más evidencias; es vital para los ciudadanos pasar por la prueba de los hechos los mensajes de pacificación que emiten funcionarios e instituciones, y realizar la evaluación con base a todo: lo que perdimos como conglomerado humano por la narcoguerra que vimos venir y esperamos resignadamente a que llegara, las culpas que le tocan a las autoridades por acción u omisión, y los valiosos sacrificios de soldados y policías que arriesgan las vidas propias para cuidar las nuestras.

Duelen tanto las pérdidas de vidas humanas inocentes, el deterioro de las libertades y derechos, el impacto en las actividades económicas y en empleos legítimos, que la osadía de estructurar un ambiente de seguridad pública corre el riesgo de que la gente lo interprete como ofensa. Y esto es natural tanto de parte del Gobierno urgido en reinstalar la narrativa del Sinaloa seguro, como en los ciudadanos que traducen ese discurso en la barbaridad de rascar sobre heridas sangrantes.

Claro que en la peligrosa y enredosa circunstancia de cinco meses y tres días de intensa beligerancia en la casa de la principal organización mexicana del narcotráfico el recuento de los daños predominará a largo plazo en la memoria colectiva, a pesar de que las consecuencias de la anulación de los jefes emblemáticos del CS habían sido previstas, pero nunca en la dimensión que ahora adquieren.

Tal proyección del Cártel funcionando sin los mandos de Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García quedó rebasada por la realidad y ello operará también para que los lentos avances en recuperación de paz y legalidad sean considerados insuficientes por la población. O, a la inversa, podría ocurrir que a una sociedad desesperada por retomar los quehaceres normales fundados en el Estado de derecho, la revitalice la esperanza de lo poco o mucho que se avance en materia de protección ciudadana.

Cuando asoma la esperanza,

También debemos tener cuidado,

Porque nadie adquiere confianza,

Si ve que la paz se ha quebrado.

No es nada nuevo en el estilo del profe Óscar Loza, pero en cuanto asumió la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos implantó la costumbre de ir él a donde están las víctimas de la violencia, en lugar de reeditar la práctica donde la CEDH esperaba pacientemente a que los agraviados fueran hacia el órgano del ombudsman. El lunes empezó a reunirse con colectivos afectados en sus garantías constitucionales y ayer acudió a Jesús María, la comunidad cuyos moradores pagan duras consecuencias por el solo hecho de habitar esa franja infausta del Municipio de Culiacán.