Investigador en Mexicanos Primero Sinaloa
@Mexicanos1oSin
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Este año 2020 es una gran oportunidad para lograr el sistema educativo equitativo e incluyente al que todas las niñas, niños y jóvenes tienen derecho. Las reformas constitucionales de 2019 han sentado las bases para que desde lo local, se legisle para tener la mejor ley de educación posible en una entidad federativa, la cual sea un referente nacional y establezca las bases de un cambio profundo y democrático que beneficie a esta y las próximas generaciones.
Para lograr lo anterior, deben dejarse de lado los intereses políticos, electorales, laborales y de cualquier índole para centrarnos en lo verdaderamente importante. En ese sentido podemos guiarnos con las siguientes preguntas: ¿qué quieren y necesitan los niños y jóvenes? ¿cómo garantizamos que permanezcan en la escuela, aprendan y participen? ¿de qué forma les brindamos certidumbre de que sus derechos y los de sus maestros serán garantizados?
En las próximas semanas se realizarán foros regionales y locales en los cuales será posible escuchar las distintas voces de los actores educativos y sociales para armonizar las leyes educativas estatales. En estas líneas desarrollaré algunos temas que, desde Mexicanos Primero Sinaloa, consideramos que deben ser discutidos y atendidos en este proceso de homologación.
Es momento de que la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa priorice el interés superior de la niñez y juventud para que esta sea equitativa, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia y con perspectiva de derechos humanos. Para esto, es fundamental generar las condiciones de atención a la primera infancia, garantizando que las y los niños puedan asistir a la escuela desde el primer grado de preescolar donde actualmente únicamente 5 de cada 100 alumnos tienen esa oportunidad. Asimismo, más allá del cambio normativo serán necesarios recursos suficientes que permitan que esta medida se vuelva realidad y no se quede únicamente en el papel.
Abordar el tema de la infraestructura y equipamiento escolar será un gran reto, debido a que se requieren adecuados ambientes de aprendizaje para garantizar el derecho a la educación. No obstante, el programa “La Escuela es Nuestra” que atenderá esta necesidad delega abruptamente la responsabilidad a las familias en los denominados Comités Escolares de Administración Participativa cuando esta debe recaer en el Estado. En ese sentido debemos preguntarnos ¿qué pasará si un aula o una escuela se derrumba? ¿en quién recaerá la responsabilidad? la legislación estatal debe mitigar los riesgos asegurándose que cada obra realizada en las escuelas cumpla con los requisitos y validaciones pertinentes que garanticen la seguridad física de toda la comunidad escolar.
Desde hace años, otra deuda histórica ha sido la transparencia y acceso a la información, ya que sin ésta es complejo que la sociedad participe en los procesos democráticos de decisión que impactan en el aprendizaje de los alumnos. Aunque desde 2013 han existido algunos avances, los sistemas de información han sido insuficientes y dirigidos principalmente para uso de los funcionarios públicos. Esto ha propiciado que hasta el momento se carezca de un registro público de la nómina educativa estatal y de las condiciones escolares en Sinaloa.
Otro aspecto que no puede faltar en el nuevo marco normativo sinaloense es el reconocimiento de los derechos profesionales docentes, para ello se requiere certeza jurídica sobre los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento, así como los cambios de adscripción para garantizar que se cuenta con los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para impulsar el aprendizaje de los alumnos. Asimismo, es una gran oportunidad para anticipar y resolver ambigüedades normativas como la contradicción entre igualdad de condiciones establecida en la constitución y la preferencia a los normalistas establecida en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Estos son solo algunos de los elementos que deben considerarse, más no los únicos. El marco normativo es el primer paso, por tal motivo, no podemos dejar pasar la oportunidad de que Sinaloa se convierta en un referente educativo nacional cuyo motor de transformación social sean las y los niños.
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