Sinaloenses combatiendo la corrupción
Someter al monstruo de mil tentáculos

OBSERVATORIO
    La Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa puede escalar a modelo ejemplar de Contraloría Social que ponga en el mapa nacional al CPC y SEMAS debido a logros de vanguardia como el que está probando al involucrar a la población, en lo individual o lo aglutinado, en mecanismos de control del cáncer social que carcome dinero, tiempo y esfuerzos mediante el gran poder corrosivo de gobiernos o políticos que se estancaron en los tiempos del soborno, peculado, cohecho u otras formas de impudicias.

    Uno de los frutos más maduros desde que en Sinaloa se implementó el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción es quizás la red de ciudadanos, organizaciones e instituciones que fue instalada el miércoles para multiplicar los esfuerzos de la sociedad civil en prevenir, detectar y denunciar al flagelo que al tocar cualquier actividad humana, la pudre. La intervención social que se creía aletargada en materia de vigilar el manejo de recursos públicos y los procesos administrativos, está de vuelta avivada y actuante; agárrense aquellos que le apostaron a que un pueblo eternamente adormecido les permitiría por siempre la rapiña interminable.

    Con esta acción relevante concretada por el Comité de Participación Ciudadana en favor de la transparencia se activaron varios sectores y actores que le aligeran la carga a sinaloenses que, en lo particular y lo general a través de organizaciones no gubernamentales, activistas, periodistas y medios de comunicación, por años se echaron a cuestas la difícil tarea de obligar a gobernantes a que todo lo que hagan lo pongan en la vitrina translúcida de la rendición de cuentas.

    Durante décadas la soledad que caracteriza a la lucha cívica operó como señal inequívoca de que en el esquema de prioridades comunitarias el combate a la corrupción poco activaba la movilización ciudadana. Hoy, para sorpresa y beneficio generalizado, más gente se adhiere a la faena de exigirles cuentas claras a instituciones y a quienes las dirigen, sacando de lo iluso y situando en lo posible la proposición ética que dice que la indecencia de la cosa pública vive hasta que la decencia consensuada lo permite.

    La Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa puede escalar a modelo ejemplar de Contraloría Social que ponga en el mapa nacional al CPC y SEMAS debido a logros de vanguardia como el que está probando al involucrar a la población, en lo individual o lo aglutinado, en mecanismos de control del cáncer social que carcome dinero, tiempo y esfuerzos mediante el gran poder corrosivo de gobiernos o políticos que se estancaron en los tiempos del soborno, peculado, cohecho u otras formas de impudicias.

    La convocatoria lanzada en diciembre de 2023 fue recibida con cierto escepticismo porque las experiencias anteriores daban evidencias de sociedad hibernando mientras los delitos contra el patrimonio público trajeron señales de continuar en estado hiperdinámico, desfalcando erarios. Y no. Es reconfortante la respuesta de parte de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que más allá de la vigilancia al manejo de recursos públicos, van por la incidencia contra otros nodos de corrupción en áreas como cuidado al medio ambiente, impartición de justicia, instituciones de seguridad pública, entes gubernamentales de transparencia y partidas presupuestales opacas en lo que corresponde la atención a grupos en situación de peligro como lo es el movimiento de madres que buscan a sus hijos víctimas de la desaparición forzada.

    La gente da la impresión de que estaba esperando a ser involucrada en la vigilancia de las manos que operan presupuestos y trámites gubernamentales para decidirse a ponerles la vista encima a cuestiones que también significan sentinas sin fondo que absorben recursos públicos, por ejemplo tráfico de influencias o pagos de moches en los permisos de uso de suelo, exenciones de impuestos para la apertura de empresas, trámites de tránsito y vialidad, otorgamiento de licencias para venta de bebidas de contenido alcohólico, asignación de fiats a notarios, prestación del servicio de seguridad privada, resoluciones favorables de instancias judiciales y la compra de posibilidades de acceso a la educación o plazas laborales en las universidades públicas.

    ¿Por qué tanta diversidad en la Red Ciudadana Anticorrupción?, preguntó Raquel Zapien, integrante del CPC . “Porque la corrupción tiene muchos rostros y muchas manifestaciones, está presente en todos lados”, respondió ella misma. En efecto, el monstruo es de múltiples colas, tentáculos, garras y avideces y por lo tanto se necesita más sociedad en la permanente encomienda de detectarlo e inmovilizarlos antes de que cause daños.

    Por eso vale aquí el reconocimiento a los integrantes del CPC Raquel Zapien Osuna, Lucía Mimiaga León, Rosa Elvira Jacobo Lara, Emmanuel Espinoza Salcido y Fernando Ruiz Rangel, quien preside el Comité. La dificultad de lograr la participación ciudadana le da mayor mérito a la configuración de este gran microscopio social que, según lo establece el artículo 15 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, será la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con los objetivos del SEMAS.

    Para algunos podría significar precipitación el hecho de celebrar la creación de la Red Ciudadana Anticorrupción, pero antes deberían conocer el dato de que el CPC de Sinaloa es de los pocos integrados de manera completa en el País, sobre todo al contar ahora con esta pieza de implicación cívica. Llegará el momento de evaluar a la RCA por los resultados que ofrezca, pero eso será otra historia, ojalá igual de gratificante.

    Reverso

    Nótese en la disposición,

    A ser parte de esta Red,

    Que Sinaloa tiene sed,

    De acabar con la corrupción.

    ¿Justicia en pausa?

    En la judicialización de presuntos delitos de corrupción posiblemente cometidos por Jesús Madueña Molina, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa vinculado a proceso, y coacusados que integraban el Comité de Adquisiciones de la UAS, la opinión pública tomó como señal de tregua vigente mientras corre el actual proceso electoral, la solicitud que hizo la Fiscalía General del Estado y que el Juez autorizó, para que el Ministerio Público cuente con dos meses más para terminar la investigación complementaria relacionada con la supuesta compra irregular de 67 millones de pesos en carnes que hizo la Universidad durante la pandemia de coronavirus.

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    sicairos6204@gmail.com

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