Sistema Nacional de Atención a Víctimas:
de la esperanza a la decepción

Hace 10 años, en mayo de 2015, se llevó a cabo la Primera Sesión del Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV). Fue también la última sesión. Desde entonces a la fecha, la instancia nacional responsable de instrumentar una política de Estado para las víctimas no ha vuelto a sesionar; más bien, ha transitado de la esperanza a la decepción.

La aprobación de la Ley General de Víctimas (LGV) en 2013, tras la irrupción en el espacio público del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, había levantado expectativas. “Construir una ley general de víctimas era construir esperanza”, decía la madre de un joven desaparecido a un reconocido investigador, por aquellos años.

Poco queda en el presente de esa esperanza. A una década, el Sistema languidece. Lo aceptan el propio funcionariado que lo integra. En una reunión de comisiones de víctimas, una funcionaria federal afirmó con resignación que lo que quedaba era construir un “mini-sistema de atención a víctimas”. Pero ni eso se ha construido.

Los sexenios han transcurrido sin que se adopte una Política de Estado para garantizar los derechos de las miles de víctimas. Ocurrió por igual en el sexenio panista de Felipe Calderón Hinojosa, en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto y en el sexenio morenista de Andrés Manuel López Obrador. Y en lo que va de esta administración, que por el mismo partido guinda encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, no se avizora el cambio de timón que se requiere.

La disminución en años recientes del número de asesores jurídicos victimales públicos es uno de los signos que acreditan este abandono.

Para dar cuenta de lo que ha sido esta década, desde el Centro Prodh publicamos recientemente el Informe “De la esperanza a la decepción: 10 años del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”.

El balance es un análisis sobre el estado que guarda el Sistema a partir de un recuento histórico, la memoria, la revisión de la experiencia de víctimas y la documentación a partir de solicitudes de transparencia.

Así, el reporte destaca algunos factores que muestran el fracaso de las instituciones creadas para proteger los derechos de las víctimas: el mal diseño institucional, el desdén presidencial, el abandono presupuestal y la negligencia de los gobiernos federal y estatales.

El balance refleja que las instituciones creadas para proteger los derechos de las víctimas han sido incapaces de garantizar la atención digna. También señala que las entidades federativas mantienen un retraso en el cumplimiento de sus obligaciones y han negado su apoyo a las comisiones de las entidades. Asimismo, se da cuenta de la falta de liderazgo para impulsar a esta incipiente institucionalidad por parte de quienes han encabezado el Ejecutivo federal.

Otra de las obstrucciones para el correcto funcionamiento del SNAV que se documenta es el injustificado golpe presupuestal que le supuso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la pérdida del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y, con ello, el mínimo presupuestal anual que por ley se debía otorgar para el SNAV, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estimó inconstitucional.

Al final del informe también se presenta una propuesta de medidas concretas, que podrían retomarse para revertir esta senda decepcionante: retomar desde la Presidencia de la República el liderazgo en el SNAV; abrir un ciclo de deliberación pública genuina para analizar estos diez años; regresar a la garantía de mínimo presupuestal anual que establecía anteriormente la LGV; revisar el funcionamiento de la Asesoría Jurídica victimal; asegurar que exista vinculación entre el SNAV y los sectores educación y salud e infancias; garantizar que el funcionariado que integra las instituciones de atención victimal cumpla con un perfil mínimo de idoneidad; diseñar programas administrativos de reparación con baremos objetivos; garantizar la transparencia proactiva ante la inminente desaparición del INAI; avanzar en la homologación de mínimos respecto de la estructura, funcionamiento y presupuesto de las comisiones, y potenciar las acciones encaminadas a preservar la memoria de la violencia exacerbada que ha vivido el país.

Pese a los sinsabores de esta década, mal haríamos en normalizar el deterioro institucional del SNAV y dejar de monitorear el funcionamiento de las comisiones de víctimas. Aunque todo indica que hoy priva el desinterés, no tenemos por qué asumir que el estado actual de las cosas es irremediable.

El balance completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://centroprodh.org.mx/de-la-esperanza-a-la-decepcion-una-decada-del-sistema-nacional-de-atencion-a-victimas/