Sistema tributario internacional: la batalla por una fiscalidad más justa

Durante dos semanas, delegaciones de casi todos los países del mundo se están reuniendo en el Salón de Conferencias 2 de la ONU en Nueva York para discutir sobre el sistema tributario internacional. En esta quinta ronda de negociaciones, las posiciones se han polarizado entre quienes buscan una transformación más profunda de las reglas tributarias internacionales -con el Grupo Africano como uno de sus principales impulsores- y países de mayores ingresos que buscan preservar buena parte de la arquitectura existente.

Y es que, hasta ahora, quienes ponen las reglas fiscales son básicamente los países ricos, algo que, además, le conviene sobremanera a las empresas multinacionales. Según cálculos de la Tax Justice Network, organización internacional que busca reformular los sistemas impositivos para que beneficien a todas las personas, el mundo pierde 500 mil millones de dólares al año con el sistema impositivo actual con reglas que permiten que las multinacionales declaren parte de sus utilidades en jurisdicciones distintas de aquellas donde realizan buena parte de su actividad económica.

Estos 500 mil millones, que son 8.75 billones de pesos (8.75 millones de millones o 8 billones 750 mil millones de pesos), equivalen a todos los ingresos presupuestarios federales de nuestro País. La pérdida para México de acuerdo con el cálculo de Tax Justice Network es de 10 mil millones de dólares al año, lo que equivale a 175 mil millones de pesos, equivalentes a lo que se está gastando el IMSS Bienestar en 2026.

Pero, además, la Convención Tributaria no sólo busca un sistema más justo para cobrarles impuestos a las multinacionales. Lo que los países están negociando es también cobrarles impuestos a los ultrarricos y una manera más ágil y transparente de compartir información impositiva para reducir drásticamente los paraísos fiscales. Se busca también fortalecer la cooperación para reducir los flujos financieros ilícitos y las posibilidades de que las empresas trasladen artificialmente sus utilidades hacia jurisdicciones de baja tributación para reducir su carga fiscal.

Aunque todo esto suena sumamente prometedor, las negociaciones no avanzan al ritmo que quisiera el grupo de organizaciones de la sociedad civil que acompaña el proceso. Y es que también hay argumentos poderosos del otro lado. México, por ejemplo, ha defendido que la cooperación tributaria debe incorporar una perspectiva de derechos humanos, pero también ha señalado que un nuevo esquema tributario podría tener consecuencias económicas para nuestras relaciones comerciales con otros países, por lo que ha expresado la necesidad de mantener la coherencia entre la nueva Convención y los instrumentos internacionales existentes, para evitar una mayor fragmentación del sistema tributario.

La posición de México puede explicarse como una respuesta a la postura asumida por la administración de Estados Unidos de América, que en sus primeros días firmó un decreto presidencial para abandonar cualquier tipo de negociación tributaria internacional y amagó con tomar medidas unilaterales en caso de que otros países aplicaran más impuestos a las multinacionales estadounidenses. Aunque la presión no es para nada sencilla, México puede aún recalibrar su posición diplomática para fortalecer su soberanía fiscal, y fungir como un puente entre el sur y el norte global.

Las negociaciones continuarán por lo menos durante dos rondas más (la siguiente será a finales de este año en Nairobi, Kenia), la sensación que queda después de escuchar a los países es que no querrán perder posiciones porque están cómodos con seguir haciendo los negocios como siempre. Sin embargo, no solo es una cuestión de justicia económica y fiscal: hay, por ejemplo, argumentos para la seguridad mundial porque los paraísos fiscales y la opacidad financiera también facilitan la corrupción, el lavado de dinero y el ocultamiento de riqueza (y no es casualidad que en Estados Unidos cada vez se cobren menos impuestos a los más ricos).

Una de las consignas más poderosas de la Independencia estadounidense fue la de “no taxation without representation” (no hay tributación sin representación). Las y los colonos estadounidenses consideraban injusto que los impuestos de las 13 colonias se decidieran en un Parlamento donde no tenían representación. Hoy, el neocolonialismo impone una realidad un poco distinta pero igual de injusta: muchos países que no forman parte de la OCDE han tenido históricamente una capacidad menor para definir las reglas tributarias internacionales que después deben implementar.

Es hora de un sistema fiscal mundial más justo. Es hora de que las decisiones que atañen a todos los países se tomen donde están representados todos los países. Es hora de que la ONU vuelva a ser el lugar donde nos podemos poner de acuerdo para construir un mundo más justo.

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El autor es Diego de la Mora Maurer, director ejecutivo de Fundar México.