La crisis desatada tras la solicitud de detención con fines de extradición en México presentada al Gobierno mexicano por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del Gobernador Rubén Rocha Moya está lejos de ser un episodio diplomático o un hecho mediático; es una crisis que, además de cimbrar los términos de la relación México-Estados Unidos, trastoca las reglas básicas de nuestra convivencia interna.
Y la respuesta ofrecida hasta ahora por el Gobierno mexicano no parece dimensionar el alcance de la crisis.
Veamos. El Departamento de Justicia, atendiendo la decisión de un jurado, hace una solicitud de detención en el marco del convenio de extradición signado por ambos países, y aquí se reacciona como si estuviéramos frente a un proceso penal (“que se presenten pruebas”). De eso no se tratan los procesos de extradición, pero pareciera que el mundo ideal para la Presidenta es que Estados Unidos presente las pruebas y que nuestra fiscalía y nuestros flamantes jueces sean quienes determinen la culpabilidad de los acusados. De nuevo: así no funciona la extradición. La justicia en México no goza hoy del mayor de los prestigios.
En cualquier caso, con el precedente de cómo se actuó con el General Salvador Cienfuegos, no parece que se sacie el apetito de nuestros vecinos.
De hecho, han advertido que esto es solo el principio.
Sabemos que vienen más acusaciones y señalamientos y, en vez de buscar un entendimiento más estructural, la Presidenta pretende ganar tiempo, seguir explotando el discurso de la soberanía nacional y culpar a los medios y a la derecha internacional. Con ello se atiende a los suyos, pero no se resuelve el problema.
Se desaprovechó una oportunidad con la reforma electoral en México: mientras que muchas voces alertaron que uno de los riesgos más ominosos para nuestro entramado electoral era el avance sistemático que ha tenido la delincuencia organizada en los comicios, desde la perspectiva oficial simplemente se prefirió ver hacia otro lado e ignorar esa realidad. Riesgo que, por cierto, no ha sido señalado sólo por la Oposición nacional, sino que ha merecido la atención de no pocas organizaciones internacionales.
Esa discrepancia en un diagnóstico mínimo de los riesgos potencia la distancia y, mientras más se agrave nuestra relación bilateral, más se agudizan las asimetrías.
Finalmente, patear las soluciones hacia adelante lo único que hará es incrementar el escrutinio internacional sobre México.
Los avances en el combate a la delincuencia organizada, la corrupción, la procuración de justicia o la democracia sólo existen en Palacio Nacional y en Palenque; en el resto del País y del mundo lo que se observan son retrocesos.
Por cierto, tampoco se percibe una expansión de la soberanía.
Vienen tiempos difíciles.
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El autor es consultor internacional en materia electoral.
