En la anquilosada concepción estatista-centralista del Presidente López Obrador (2018-2024), que también sostiene la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030), el Gobierno es sinónimo de Estado y no hay lugar para la sociedad civil, a la que asumen como un “invento” neoliberal.
El teórico marxista Antonio Gramsci (Italia, 1891-1937), fundador del Partido Comunista de Italia (PCI) en 1921, sostenía que el Estado se integraba con dos actores: el Gobierno y la sociedad civil. Y decía que todo lo que no era gobierno era sociedad civil y todo lo que no era sociedad civil era gobierno.
En la década de 1990, desde el mundo de la academia, sobre todo de Europa y Estados Unidos, y de organismos internacionales como la ONU, el BM y el FMI, la sociedad civil de Gramsci se dividió en dos: organizaciones de la sociedad civil que lucran (empresas o mercado) y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.
Surge entonces la idea o concepción de que el Estado se integra a partir de tres actores: gobierno, mercado y sociedad civil. Así, un Estado es fuerte sólo si los tres actores que lo integran lo son. Cada uno tiene funciones que le son propias en la tarea de construir el Estado-nación, que no pueden realizar los otros. Los tres se necesitan.
En ese tiempo surge también el concepto de gobernanza, que sustituye y supera al de gobernabilidad, y que se entiende como la acción concertada de los tres actores que integran el Estado para, juntos, construir la comunidad y el bien común.
López Obrador se quedó en las anquilosadas ideas del Estado de la década de 1970 y, al parecer, en los 14 años que tardó en sacar su título en la FCPyS de la UNAM, no asistió a ningún seminario de Gramsci. Su concepción de Estado la aprendió en el PRI, donde militó 14 años. Se quedó con ella y nunca la renovó.
La Presidenta Sheinbaum, que no estudió ciencias sociales, derivó sus ideas y concepciones políticas de su participación en el movimiento estudiantil de 1986-1987 en la UNAM, pero sobre todo de sus 20 años de militancia en el PRD y, desde 2014, en Morena, el partido fundado por López Obrador, que sostiene como una de sus posiciones centrales el estatismo-centralista.
En esa visión, donde el Gobierno es el Estado, las organizaciones de la sociedad civil no deben existir porque son producto del neoliberalismo y no de la concepción marxista gramsciana, y por eso deben ser aniquiladas. Lo que no aceptan es que sean autónomas e independientes y no se subordinen al Estado-gobierno. Se les ve como una amenaza y no como socias en la construcción del Estado-nación.
La cruzada de López Obrador, que continúa con la Presidenta Sheinbaum, su discípula y seguidora, en contra de las organizaciones de la sociedad civil pretende acabar con ellas. No quieren la presencia de organizaciones sociales que realicen tareas en beneficio de la comunidad; para ellos eso es monopolio exclusivo del Estado-gobierno.
Pero, sobre todo, no quieren que existan instancias libres y autónomas que actúen como contrapeso a la acción del Gobierno a través de su pensamiento crítico, su capacidad de dar a conocer sus posiciones sobre la realidad -en particular sobre las causas en las que trabajan- y de convocar a sectores de la sociedad.
La acción del SAT de retirar a 100 organizaciones de la sociedad civil su carácter de donatarias se inscribe en esta guerra por aniquilarlas. En el futuro vamos a ver nuevas acciones del Gobierno encaminadas a desaparecerlas. A las organizaciones de la sociedad civil les toca resistir la embestida y no doblarse. No es fácil: están en una situación de desventaja, pero tienen que hacerlo, en la conciencia de que se enfrentan a un gobierno estatista-centralista de corte conservador.