La administración de la institución rosalina, por su irresponsabilidad en el manejo administrativo, ha hecho aflorar una crisis financiera, que quiere resolver de mala manera. En lugar del lógico recorte de privilegios y altos salarios del propio Rector y su círculo (lo que la gente llama la “casta dorada”) y meterle tijera a la excesiva plantilla de empleados de confianza, busca a toda costa reducir el salario de los trabajadores jubilados y en activo.
Esto, lo sabe todo mundo, es una franca violación al contrato colectivo de trabajo vigente y un atropello a los derechos laborales. A su funesto plan le puso el Rector una palabra rimbombante, “reingeniería”, pero se trata de una mera treta para hacer pagar a justos por pecadores.
La crisis financiera de la Universidad es consecuencia de la irresponsabilidad -por decir lo menos- con la que se han manejado los recursos que, mediante subsidios, otorgan puntualmente tanto el Gobierno federal como el Gobierno del Estado. La crisis que atraviesan las finanzas universitarias obedece a un manejo discrecional de los recursos, con una irresponsabilidad supina.
Como si eso fuera poco, trata la administración de la UAS de trasladar sus culpas a jubilados y activos, aplicando un descuento ilegal a su sueldo por medio de un fidecomiso, medida que ya se realizó en el próximo pasado y resultó un rotundo fracaso, al grado de tener que desaparecerlo por falta de transparencia en su manejo administrativo. Es decir, esa película los universitarios ya la conocen ampliamente, por eso con mucha razón dicen que no nos vengan con el mismo cuento.
Lo primero que los trabajadores administrativos y académicos exigen es una auditoría verdadera, que esclarezca el manejo de las finanzas en la institución, cuentas claras y amistades largas. Ese paso es fundamental para ubicar las distorsiones y dispendios que han llevado a la Universidad a esta casi permanente crisis financiera. Sin un buen diagnóstico, será muy difícil sanear las finanzas y, sobre todo, convencer a la sociedad sinaloense de que la Universidad ya no se manejará con opacidad y falta de transparencia. Auditoría, allí está el meollo, para desatar el nudo gordiano del actual diferendo universitario.
Es una realidad que la administración actual no cuenta con la solvencia moral y la confianza de la comunidad de trabajadores universitarios. Hay muchos factores difíciles de superar, mientras no se establezca con claridad dónde está el origen de la recurrente crisis en las finanzas de esa institución.
De acuerdo con lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años en la Universidad rosalina, se han conocido una serie de hechos que no abonan en nada a la pulcritud en el manejo de las finanzas de esa institución de educación superior; eso ha propiciado que la sociedad sinaloense tenga muchas dudas respecto a que, con medidas cosméticas, se puedan encauzar por buen camino los problemas de tipo financiero en la más importante casa de estudios de los sinaloenses.
Aparte de los problemas estrictamente financieros, también existe un ambiente bastante viciado y que se expresa en la falta de libertad en la comunidad universitaria. En ese sentido, se ha retrocedido en el derecho de los estudiantes para elegir libremente a sus representantes en el Consejo Universitario y en los consejos técnicos de las escuelas; es increíble que no se permite a los estudiantes el libre ejercicio del voto y que, mediante burdas maniobras, se les hayan puesto trabas para su registro. Los estudiantes, con toda justicia, exigen democracia y han protestado en numerosos planteles. De no creerse lo que se ha retrocedido en ese sentido en la UAS, los directivos de la Universidad regresan a la Universidad en el tiempo, a los años 70, de plano al autoritarismo.
Y es que los estudiantes tienen todo el derecho de expresarse en una universidad pública. Porque, además, también la administración les ha cargado la mano, tanto a los estudiantes como a los padres de familia, aumentando las cuotas de inscripción. La educación superior es un derecho consagrado y garantizado en la Constitución y, de ninguna manera, por malos o facciosos manejos, debe convertirse en un privilegio para pocos.
Lo que viene pasando al interior de la Universidad no se concibe, puesto que es una institución de educación superior pública, donde no se debe de aumentar a los estudiantes el costo de la inscripción y otras cuotas que vienen aplicando por diversos conceptos. Los estudiantes pagan en la UAS por todos los servicios, como si se tratara de una universidad privada de corte neoliberal.
