T-MEC 2026: ¿Norteamérica se integra o se fractura?
En 2026, México, Estados Unidos y Canadá enfrentarán la primera revisión profunda del T-MEC, el acuerdo que mueve 1.5 billones de dólares al año y sostiene casi un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Aunque el mecanismo está previsto desde la firma del Tratado, su importancia hoy es mayor: la región compite directamente con China y la Unión Europea por inversiones, tecnología y control de cadenas de suministro. La pregunta que flotará en la mesa es si los tres países quieren consolidarse como bloque o si cederán espacio a sus presiones políticas internas que amenazan con frenar la integración.
En México, el Gobierno convocó a mesas de trabajo con actores clave de 30 sectores productivos y abrió un micrositio y un correo electrónico para recibir escritos con la promesa de publicar en enero de 2026 un documento sintético. En contraste, la consulta pública que realizó el gobierno de Estados Unidos (EE.UU) sobre el T-MEC está abierta y desde ahora pueden consultarse libremente las 1,515 misivas recibidas. Una mirada a las principales cartas registradas en este expediente muestra que la industria en su conjunto —de energía a automotriz, pasando por agricultura, manufacturas y economía digital— considera indispensable extender el Tratado por otros 16 años.
Ese consenso, sin embargo, convive con preocupaciones muy específicas que, de no atenderse, pueden volver el Tratado una promesa incumplida. La más recurrente es el incumplimiento por parte del Gobierno mexicano. Señalan medidas unilaterales, demoras regulatorias, proteccionismo disfrazado, reglas de origen incumplidas, tribunales parciales, paneles ignorados, falta de armonía y transparencia en trámites, y tensiones en el sector energético por falta de competencia efectiva.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que representa alrededor del 80 por ciento del PIB mexicano, presenta datos que ilustran por qué el T-MEC es tan estratégico. México compra más productos estadounidenses que China, Japón, Alemania y Reino Unido juntos. Esa demanda sostiene cerca de dos millones de empleos en Estados Unidos. Además, 59 por ciento de lo que México exporta al mercado estadounidense son bienes intermedios; es decir, insumos que serán utilizados por la industria de ese país.
En el caso de las manufacturas, las exportaciones mexicanas tienen el mayor contenido estadounidense de cualquier socio comercial: cuando un auto se ensambla en México y cruza la frontera, en promedio una quinta parte de su valor ya proviene de piezas hechas en plantas de Ohio, Michigan o Texas. Todos estos datos desmontan el mito del “déficit dañino”: el comercio intrarregional no es competencia, es coproducción.
El Baker Institute, uno de los centros de análisis más influyentes en temas de economía, energía y geopolítica, refuerza este diagnóstico y lo lleva más lejos: sostiene que sin una región integrada, Estados Unidos no podrá competir con China. El gigante asiático controla buena parte del mercado de minerales críticos, baterías, paneles solares, motores eléctricos y componentes esenciales para la manufactura avanzada.
Por eso propone que la revisión de 2026 incluya un capítulo especial para minerales estratégicos. Éste debe incluir la armonización de reglas para evitar el ingreso de insumos triangulados desde Asia, además de mejorar la trazabilidad del contenido regional. Para mantener la competitividad y la integración de las cadenas de valor, plantea gradualidad en la imposición de aranceles para insumos cuya producción se esperaría se desarrolle dentro de la región —como ciertas piezas automotrices, semiconductores o componentes de material médico o farmacéutico— para sustituir el suministro proveniente de China.
Pese a esta visión de largo plazo, la práctica cotidiana revela fricciones que complican la integración. El sector automotriz, por ejemplo, está altamente integrado y, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), es responsable por sí sólo de 3.5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos en México. Esta industria señala como una preocupación la imposición de aranceles bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de los Estados Unidos. Se trata de una disposición legal que otorga al Presidente de ese país la autoridad para aplicar aranceles o cuotas a las importaciones, si el secretario de Comercio determina que éstas representan una amenaza para la seguridad nacional. Esta medida debería excluir a México, según los acuerdos firmados en 2020 con la firma del T-MEC. El incumplimiento de dicho acuerdo y la imposición de “aranceles sorpresa”, a juicio de la AMIA, afectan directamente a un ecosistema productivo en el que cada componente cruza la frontera varias veces antes de convertirse en un vehículo terminado.
Por su parte, no obstante que el sector energético está a favor de una integración del bloque como precursor de la competitividad, reconoce tensiones profundas. El American Petroleum Institute (API) describe un entorno de incertidumbre marcado por permisos demorados, prioridad en los mercados energéticos a las empresas públicas del Estado mexicano, cambios regulatorios constantes y un régimen fiscal que desincentiva la inversión directa extranjera. Alerta que estas políticas generan asimetrías que contradicen capítulos fundamentales del tratado.
Asimismo, la Business Rountable identificó barreras no arancelarias que dificultan la competencia en los mercados energéticos, particularmente por las ventajas que gozan la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), en violación del principio de trato equitativo del T-MEC. La API considera urgente incorporar mecanismos innovadores para la solución de controversias, como uno de respuesta rápida para casos de distorsiones graves ocasionadas por prácticas anticompetitivas ejercidas por empresas estatales, y revisar mecanismos que han permitido al gobierno mexicano retrasar o postergar la resolución de conflictos.
Lo anterior revela una preocupación común en todas las presentaciones: la certidumbre regulatoria en México se percibe como un riesgo creciente. Tal es el caso de los mercados digitales en sus dimensiones física y virtual. La petición de la industria es la apuesta por una modernización profunda del sector.
La American Chamber of Commerce of Mexico señala que la falta de criterios uniformes en aduanas mexicanas provoca costos innecesarios y retrasos que vuelven menos competitivas a las cadenas de valor por retrasos en las importaciones de insumos necesarios para articular y operar centros de datos y redes de telecomunicaciones. Reclaman una transformación hacia una “frontera inteligente” con inspecciones conjuntas y un sistema trilateral de ventanilla única realmente interoperable, que elimine redundancias y dé trazabilidad a cada carga.
La Data Center Coalition, por su parte, advierte que el crecimiento de la inteligencia artificial y la computación en la nube exige reglas claras para el flujo de datos y la no localización obligatoria de servidores. Por su parte, la Cybersecurity Coalition se concentra en aspectos técnicos de la seguridad digital como la falta de mecanismos comunes para divulgar vulnerabilidades y proteger derechos digitales, la fragmentación de etiquetas y certificaciones de ciberseguridad entre países y el riesgo de que se debilite la encriptación de datos mediante la imposición de “puertas traseras” que permiten a las fuerzas policiacas accesos ocultos a la información, posibles abusos, y el riesgo de que intrusos descubran esas vías para realizar labores de espionaje.
Todas estas propuestas buscan reforzar la cooperación técnica, asegurar la interoperabilidad de plataformas con una adecuada gestión de riesgos. Sin estos principios, las asociaciones expertas afirman que la región perdería el liderazgo digital que hoy la distingue.
La disyuntiva: proteccionismo o integración
En este panorama, México enfrenta un escrutinio adicional: su reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos generan inquietud sobre la confianza en los procesos internos, aún cuando se hayan restituido como órganos desconcentrados de la Administración pública federal. El T-MEC obliga a los inversionistas a agotar primero las instancias nacionales antes de acudir a arbitraje internacional. Por lo que, ante la pérdida de instituciones independientes del Ejecutivo federal, la percepción de riesgo regulatorio se advierte en aumento, factor que se volverá central en la negociación.
Todos estos elementos muestran que la revisión del T-MEC será un ejercicio técnico y una negociación geopolítica. Los socios deberán decidir si apuestan por un proyecto de integración capaz de competir con China o si privilegian decisiones unilaterales que pueden fragmentar el bloque por el incremento de la inseguridad jurídica que generan las políticas proteccionistas, la falta de competencia económica, la sobrerregulación y la erosión de la construcción institucional que ha tomado por lo menos tres décadas.
Desde México Evalúa hemos insistido en que ningún tratado opera en automático: necesita instituciones sólidas, reguladores profesionales, mecanismos de vigilancia y una cultura de cumplimiento. La evidencia enviada por los sectores productivos confirma que ese es el camino. Los tres socios comerciales no sólo necesitan renovarse: necesitan comprometerse seriamente a cumplir lo que firman de cara a una visión de bloque hacia el futuro. De eso dependerá que Norteamérica siga siendo uno de los motores económicos del mundo.
La autora, Ana Lilia Moreno, (@analiliamoreno) es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica en México Evalúa.
